Sanidad acusa de tener "intereses personales" a los dos médicos que rechazan Osabide

El director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Jon Darpón, acusó ayer de tener "intereses personales" a los dos médicos que han sido inhabilitados por negarse a utilizar el programa Osabide, creado para centralizar las historias clínicas de los pacientes vascos. Darpón se mostró así de contundente durante su intervención en la comisión de Sanidad del Parlamento, que también recibió a los principales implicados en esta historia: los médicos Ángel Ruiz Téllez y Paz Pérez Gortari, suspendidos dos años de empleo y sueldo. Ambos rechazaron tajantemente la acusación.

Tanto Ruiz como Pérez se afanaron en desmontar las imputaciones realizadas por los directivos de Osakidetza y por el propio consejero, Gabriel Inclán, quien en su momento habló de "intereses económicos". Darpón se mostró igual de firme que el consejero, aunque evitó mencionar "intereses económicos". Recordó que los dos médicos pertenecen a la junta directiva de la asociación Instituto @pCOM que, entre otras actividades, ofrece cursos de formación del programa OMI-AP, el que empleaba Osakidetza antes de Osabide, por los que cobran.

El Servicio Vasco de Salud comenzó la implantación de Osabide en 1998, pero fue en abril de 2002 cuando lo instauró en el centro de salud de Sansomendi, en Vitoria, y comenzaron los problemas. Su directora en ese momento, la doctora Pérez Gortari se opuso y fue secundada por Ruiz Téllez.

Motivos de la oposición

Ambos reiteraron ante los parlamentarios los motivos de su oposición: Osakidetza tenía que haber informado previamente a los pacientes y pedirles su consentimiento para trasvasar sus datos de la base de datos del centro de salud a Osabide, que es común para toda Euskadi. En mayo se les abrió expediente, que concluyó este mes con la imposición de la suspensión de empleo y sueldo por dos años.

Pérez enfatizó que sólo han sido intereses "éticos y deontológicos" los que le han llevado a oponerse a la centralización. "Nunca he trabajado para la empresa que comercializa el programa OMI-AP", resaltó en alusión a Stacks, cuyo presidente es la misma persona que actúa de tesorero en Instituto @pCOM, según el director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza. Este extremo fue desmentido por la doctora.

Ruiz Téllez, por su parte, advirtió de que las "calumnias" sobre sus supuestos "intereses personales o económicos" tendrán una "respuesta judicial". Ruiz explicó que cuando se realizó el cambio de sistema y el trasvase de historias de su centro, en abril de 2002, además de perderse información, los apartados más confidenciales de los historiales perdieron esta categoría. Quedaron durante meses a disposición de los médicos y enfermeras de Osakidetza que quisieran entrar en el sistema.

Mientras, Darpón aseguró que Osabide es un sistema "seguro", que preserva la confidencialidad médico-paciente. También indicó que los sistemas sanitarios tienden hacia la centralización. Respecto a la petición del consentimiento, recurrió a la Ley de Protección de Datos para justificar la ausencia de este permiso. "No es necesario pedir el permiso cuando los datos sean necesarios para la prevención, el diagnóstico médico y la asistencia sanitaria", citó.