Sanidad destituye a un alto cargo por fichar a un acusado del 'caso De Miguel'
Fernando Toña sigue trabajando como técnico en la consejería tras su cese
Sanidad destituyó en mayo pasado a Fernando Toña, entonces director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales de la consejería, principalmente por fichar a Alfonso Arriola, imputado en el caso De Miguel, como técnico de la consejería. El departamento no explicó entonces los motivos reales del cese de Toña, que ha podido confirmar este periódico.
Arriola figura entre la docena de imputados en el supuesto desvío de fondos públicos a sociedades privadas y el cobro de comisiones en el Parque Tecnológico de Miñano, del que fue director entre 2006 y 2009. El acusado, cualificado militante peneuvista, fue obligado tras su detención a dejar su puesto como asesor de un consejero de este partido en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Tras ello, fue rescatado como técnico en Sanidad de la mano del entonces director de Régimen Jurídico, Fernando Toña. En la actualidad, Arriola se halla de baja laboral de esa plaza, según confirmaron ayer a EL PAÍS fuentes gubernamentales.
El Gobierno no aclaró en mayo las razones del cese del director
Toña realizó este movimiento, junto con otros fichajes similares, sin que los máximos responsables de Sanidad tuvieran conocimiento de ello. Ello motivó que el consejero, Rafael Bengoa, aceptase su dimisión ante la pérdida gradual de confianza en el director. Fuentes de la propia consejería ponen en duda que se siguieran los procedimientos reglamentarios para que Arriola ocupase ese puesto.
El cese de Toña se hizo público en la relación de acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado 11 de mayo, aunque entonces no se especificaron las razones del mismo. Fuentes del departamento aseguran que el fichaje de Arriola no es la única razón por la que Toña fue destituido, aunque reconocen el peso relevante que tuvo en la decisón.
El ex alto cargo fue responsable de la Dirección de Función Pública durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, bajo las órdenes de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia. Desde junio de 2009 y hasta casi un año después, Toña ocupó el puesto de director de Régimen Jurídico, un cargo de libre designación del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, quien ha mantenido en puestos de relevancia a personas nombradas durante los gobiernos del PNV.
Este cambio en la cúpula directiva de Sanidad no ha evitado que Toña siga en la consejería. Otras fuentes consultadas confirman que el ex director ha regresado a su puesto de funcionario en el departamento, como jefe de servicios jurídicos en la misma dirección de la que hasta mayo fue responsable.
Arriola, por su parte, forma parte del grupo de personas vinculadas al PNV que está siendo investigado por el juez Roberto Ramos desde marzo en el marco del caso De Miguel. Entre ellos se encuentran el propio Alfredo de Miguel, ex diputado foral alavés, y Aitor Tellería, también investigado en una causa paralela por supuesto espionaje a personalidades políticas.
El 17 de marzo, Arriola fue detenido y puesto en libertad provisional. La investigación judicial ha descubierto que en Miñano se produjeron compraventas de parcelas supuestamente ilegales y cobros de comisiones que aparentemente no se ajustaban a la legalidad vigente. Sobre los imputados pesan acusaciones de tráfico de influencias, cohecho, espionaje y blanqueo de dinero.
Tras el parón de las vacaciones de verano, el juez proseguirá los interrogatorios en septiembre próximo para esclarecer los hechos.
Cinco meses de baja después del escándalo
Alfonso Arriola, uno de los principales imputados en el caso De Miguel , no acude a su puesto de trabajo como técnico en el Departamento de Sanidad desde que hace cinco meses se acogiese a una baja laboral por enfermedad, después de su detención el pasado 17 de marzo por la Ertzaintza.
A pesar de su incapacidad temporal para acudir a su puesto de trabajo, Arriola se presentó el pasado 30 de julio, junto con otro de los principales acusados, el ex diputado foral alavés de Administración Local, Alfredo de Miguel, en una asamblea de la Caja Vital como compromisario por el PNV. Ambos imputados pudieron ser fotografiados muy sonrientes en el acto público.
La Subdirección de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Álava trató ayer el caso de las bajas de Arriola y De Miguel. En la cita se analizó la posibilidad de someter a ambos implicados en el caso de desvío de fondos y cobros de comisiones a un nuevo examen médico para verificar que sus condiciones físicas les incapacitan realmente para trabajar.
Diversos responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social se negaron ayer a confirmar, preguntados por EL PAÍS, si se realizarán nuevos chequeos a los dos imputados argumentando que se trata de una cuestión de índole personal.
De Miguel, quien también se halla de baja laboral, trató de regresar a un organismo dependiente de Sprilur días después de que fuese obligado a dimitir de sus cargos en la Diputación de Álava y la Vital. La sociedad dependiente de Industria no le admitió al hallarse su puesto cubierto por otra persona. Por ello, recibió una indemnización de 22.000 euros. Sin embargo, el ex diputado fue readmitido en IKT, en un puesto en el que no trabajaba desde 2001. Un día después, De Miguel cogió la baja que sigue mantniendo.
Aitor Tellería, tercer imputado y quien también está siendo investigado por el supuesto espionaje a políticos alaveses, también se acogió a una baja cuando fue acusado en marzo. Una semana después de ser arrestado y puesto en libertad, la Spri le comunicó su destitución como director del Centro de Empresas e Innovación Alavés.
Los protagonistas
- Fernando Toña, director de Función Pública durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe, ha sido durante cerca de un año director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales en el Departamento de Sanidad tras la llegada de los socialistas al Ejecutivo. Entre sus cometidos ha estado la secretaría de la comisión que prepara el Código de Buen Gobierno de la consejería que dirige Rafael Bengoa.
- Alfonso Arriola, fue desde el cambio de gobierno el año pasado y hasta su detención por la Ertzaintza en marzo asesor de uno de los consejeros del PNV en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El ahora imputado en el caso De Miguel dirigió el Parque Tecnológico de Miñano entre 2006 y 2009. El juez instructor de ese caso investiga el cobro en esa época de comisiones y la compraventa supuestamente ilegal de parcelas. Anteriormente, Arriola formó parte de la plantilla de responsables intermedios en el Gobierno durante los Ejecutivos de José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe. Entre 1997 y 1999 fue director de Pesca con el primero y después ejerció como jefe de la oficina de Industria en Vizcaya
