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Sólo 16 de los 208 jueces vascos pueden presidir un juicio en euskera

El avance de la euskaldunización en la Justicia no se traslada a los magistrados

El 12 de mayo de 1998 el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Javier Delgado aseguró que en el plazo de cinco años dos de cada tres jueces que ejercen en Euskadi hablarían euskera. Delgado se dejó llevar por el optimismo en plena polémica sobre la euskaldunización de la Justicia, cuando la campaña promovida por un grupo de abogados vinculado a la izquierda abertzale para que se celebraran juicios con magistrados vasco parlantes llevó a la judicatura vasca a una profunda crisis.

Agosto de 2008: únicamente 16 jueces de los 208 de la plantilla en Euskadi pueden dirigir una vista en euskera, el 7,6% del total. Nada que ver con las previsiones de Delgado. Y apenas un 20% de los jueces y magistrados sigue algún curso de euskaldunización, según los datos del Departamento de Justicia. Sin embargo, hoy no queda ni rastro de aquella presión del Sindicato de Abogados Euskaldunes, ninguna polémica con los juicios donde se emplean traductores.

La filosofía debe ser la de "favorecer" y no la de "imponer", dice Jaime Tapia

El primer juez que acreditó el perfil exigido por el CGPJ para dirigir un juicio en lengua vasca fue Jaime Tapia, actual magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava. Y la última ha sido una juez, en febrero de este año. Las cifras del Poder Judicial confirman que el avance desde 1998, cuando se pusieron en marcha los cursos de euskera para la judicatura, hasta ahora ha sido escaso. Máxime si se tiene en cuenta que sólo cinco de esos 16 jueces han pasado por los cursos que ofrece el Gobierno vasco. El resto es euskaldunzaharra (su lengua materna es la vasca) y superó el perfil sin recibir clases. Además, la mayoría ejerce en las audiencias provinciales o en juzgados de Bilbao y San Sebastián, donde el desconocimiento del euskera tiene menos trascendencia que en otras demarcaciones. Sólo tres de ellos están en juzgados de localidades como Bergara, Eibar y Durango, donde la población vasco parlante es mayoritaria y, por lo tanto, saber euskera sí puede resultar importante. Mientras, la euskaldunización avanza entre los funcionarios, donde el conocimiento del euskera es obligatorio en determinados puestos. Un 25% de la plantilla administrativa conoce ya la lengua vasca y hay planes para que la hable el 43% en un plazo de diez años.

Los problemas sobre la euskaldunización de la administración de Justicia monopolizaron el año 1998. Argumentando que una vista con intérprete vulnera el principio de la inmediación, algo que el Tribunal Constitucional rechazó, y la obligación de no quebrar el principio de confianza con su cliente, los letrados del Sindicato de Abogados Euskaldunes consiguieron desconcertar a los jueces en un primer momento y, después, paralizar algunos procesos, la mayoría de ellos relacionados con la kale borroka. Y, finalmente, se abrió la crisis en la judicatura, entre quienes apoyaban forzar la extensión del euskera y los que no querían ni oír hablar del tema. Y mucho menos con amenazas como las del sindicato de abogados de "marcar" a los jueces que expedientaran a los letrados que boicotearan los juicios.

Con el paso del tiempo todo se ha ido diluyendo. "Aquel movimiento de los abogados euskaldunes tenía un evidente componente político. La sociedad ha ido bajando en conflictividad y eso también se nota en la judicatura. Ese mundo [en relación a la izquierda abertzale] se ha dado cuenta de que por el camino de la presión no se va a ninguna parte", indica Jaime Tapia, que ha aprendido euskera estudiándolo y considera que el juez que sabe euskera se encuentra en condiciones de ofrecer "más calidad" en el servicio público al que se debe.

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La filosofía debe ser la de "favorecer" y no la de "imponer". Tapia lamenta el "estancamiento" que se ha producido en el conocimiento de euskera por parte de jueces y magistrados. "Con este ritmo y las circunstancias de Euskadi, es prácticamente imposible la normalización lingüística". Las causas son estructurales. Euskadi no es el destino más atractivo para los jueces, incluso para los originarios de la comunidad autónoma, lo que da lugar a una gran movilidad de la plantilla judicial. Además, el conocimiento de una lengua cooficial está poco valorada en la carrera. "No es un acicate ponerse a aprenderla. Estudiando on line un curso de derecho civil que me lleva un año me dan los mismos puntos que por saber euskera: equivalentes a tres años de antigüedad".

Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia en Euskadi, está de acuerdo en que las perspectivas más optimistas de euskaldunizar a los jueces no se han cumplido, porque todo va "muy despacio", pero pide un reconocimiento para los 43 jueces que siguen algún curso de aprendizaje. Además, apunta que a los 16 magistrados que ya han acreditado el conocimiento de euskera se debe añadir otro grupo de diez que también conocen la lengua, aunque "no han hecho los trámites burocráticos" para que se les reconozca.

"Pero se trata de un grupo que, si tiene que emplear el euskera en un juicio, lo puede hacer sin problemas". Él mismo no ha logrado superar el perfil, pero considera que con su nivel de conocimiento puede salir airoso en un juicio que no resulte demasiado complicado. "He celebrado vistas en euskera cuando he tenido ocasión y no se precisaba saber mucho. Me desenvuelvo".

El magistrado Jaime Tapia Parreño, en su despacho en el  Palacio de Justicia de Vitoria.
El magistrado Jaime Tapia Parreño, en su despacho en el Palacio de Justicia de Vitoria.L. RICO

Un horizonte de 10 años

Mientras la euskaldunización plena de jueces y magistrados se antoja imposible, la de los funcionarios va mucho más rápido. En la actualidad, el 25% del personal de la administración de Justicia tiene acreditado el perfil lingüístico y, según el decreto que regula el proceso de normalización (publicado el martes en el Boletín Oficial del País Vasco ), al menos un 42% de la plantilla debe acreditarlo en un plazo de diez años. Quedan exentos los jueces, fiscales y secretarios judiciales, que no tienen ninguna obligación. Este decreto se encuadra dentro de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, que agilizará todos los procedimientos al descargar de trabajo a los magistrados y potenciar la figura del secretario.

El perfil lingüístico requerido a los funcionarios variará dependiendo del trabajo que vayan a desempeñar, dando prioridad a los servicios con mayor relación con el público. Además, debe tenerse en cuenta el índice de vasco parlantes de la localidad en la que esté ubicado el juzgado. Por ejemplo, en Amurrio está fijado en el 34%, en Vitoria en el 28% y en Gernika en el 82%. El conocimiento de euskera de los funcionarios deberá atender esta realidad. Con este decreto se trata de paliar el retraso que acumula la administración de justicia en la normalización lingüística, debido a que hasta 1996 no se hizo efectiva la transferencia de personal.

El Gobierno vasco exige un perfil lingüístico 2 a auxiliares y agentes y un perfil 3 (equivalente al título EGA) a oficiales y médicos forenses. Los mayores de 45 años se encuentran exentos del aprendizaje.

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