Sombras políticas en la Justicia

La politización de la Justicia supone una acusación cada vez más recurrente. Más de 1.500 jueces españoles criticaron a comienzos de año la influencia de los grandes partidos en las decisiones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un manifiesto en el que plasmaban por vez primera lo que hasta entonces era un secreto a voces. Ayer fueron políticos vascos quienes reconocieron la estrecha relación entre ambos poderes, pese a su teórica independencia, y la criticaron ante un auditorio universitario. Claro que los ponentes pertenecían a formaciones minoritarias y se confesaron ajenos a tal manipulación. Representantes del PNV, el PSE y el PP declinaron la invitación a participar.

EB apuesta por la elección directa de la cúpula judicial por los ciudadanos

En una mesa redonda sobre la visión política del sistema judicial español celebrada en el campus de Leioa de la UPV, organizada por la Fundación Leizaola, representantes de Aralar, EA y EB no dudaron en recalcar que la influencia de los partidos sobre las decisiones del Poder Judicial es "total y absoluta", aunque la achacaron a otras formaciones. El vicecoordinador general de Aralar, Jon Abril, se mostró contundente al recordar que las dos grandes asociaciones judiciales, APM y JpD, ya se definen como conservadora y progresista, respectivamente, por lo que cuestionó si se trata de "corrientes jurídicas o más bien políticas".

El secretario de Política Institucional de EA, Santiago Merino, fue más allá al cuestionar incluso la independencia de los órganos judiciales en sus resoluciones. Citó como ejemplos los procesos abiertos contra Segi o Egunkaria y afirmó que cuando los asuntos "tocan temas vinculados al terrorismo se llega a situaciones insoportables". Quien más benévolo se mostró fue el responsable de Política Social de EB, Vicente Silva, que desligó la influencia política sobre la cúpula judicial del buen funcionamiento al que acostumbra, a su juicio, un sistema de Justicia capaz de adoptar decisiones a las que "no llegarían" los otros dos poderes.

Unos y otros abogaron, no obstante, por una gestión propia de la Justicia que permita mejorar su funcionamiento en Euskadi. Abril y Merino la enfocaron en una clave nacionalista, como un paso más en la ampliación del autogobierno, aunque no aclararon si ello evitaría la politización de las designaciones y las sentencias. Silva, por su parte, la justificó en términos de eficacia. "Nosotros somos partidarios de la descentralización en todos los ámbitos", argumentó.

Los tres representantes se mostraron partidarios también de un nuevo sistema de elección de los miembros del Poder Judicial que evite el bloqueo al que se ha visto sometido en varias de sus designaciones. Citaron como ejemplo el nombramiento del presidente del Tribunal Superior vasco, que se mantuvo paralizado durante más de un año ante el desacuerdo entre las distintas corrientes judiciales. Tras dos procesos baldíos, solo pudo desbloquearse con la elección de Juan Luis Ibarra, un magistrado independiente que había sido descartado previamente en la primera convocatoria.

El representante de EB fue el único que concretó al abogar por una elección directa por parte de los ciudadanos de los máximos representantes de la judicatura a nivel autonómico y territorial. "Sería como en la política, a través de campañas electorales con las que se darían a conocer los respectivos programas entre la población", detalló Silva.