El Tribunal de Derechos Humanos ratifica la ilegalización de Batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ratificó ayer la sentencia que avaló la ilegalización de Batasuna por la justicia española en 2003, cerrando así definitivamente la puerta al regreso de la izquierda abertzale a las instituciones mientras siga vinculada a ETA. El colegio de cinco jueces de la Gran Sala del tribunal rechazó el pasado viernes por unanimidad el recurso de Batasuna contra la sentencia del pasado 30 de junio, que avaló la ilegalización acordada por los tribunales Supremo y Constitucional del Estado español. La Gran Sala se limita a rechazar el recurso sin hacer ningún otro de apreciación. El Tribunal de Estrasburgo comunicó ayer a las partes su decisión, contra la que no cabe ningún tipo de recurso.

La decisión fue celebrada por el Ministerio del Interior, que reiteró que el proceso de ilegalización de Batasuna se realizó estrictamente en el marco de un Estado de derecho avanzado y respetando escrupulosamente los derechos fundamentales.

Los socialistas vascos, a través de su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, consideraron que el fallo "echa por tierra la estrategia de algunos dirigentes del PNV que insisten en la falta de legitimidad del Gobierno vasco amparándose en que la ley de Partidos es una ley antidemocrática". La Cámara de Vitoria aborda hoy este debate. Y el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, destacó que los argumentos utilizados por el tribunal en su sentencia de junio "deberían estudiarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades" de la comunidad autónoma. Las formaciones nacionalistas recibieron con críticas en distinto grado una decisión que EA tildó de "mala noticia para la democracia".

De esta forma, la sentencia de junio del tribunal ya es firme con fecha del pasado 6 de junio. Ese fallo avaló la ley de Partidos y aseguró que las formaciones ilegalizadas, Batasuna, HB y EH incurrieron en comportamientos que concluyeron "en un compromiso con el terror" y contra la coexistencia en un Estado democrático.

La sentencia estableció que la ilegalización de Batasuna correspondía a una "necesidad social imperiosa" y "proporcional al fin buscado". Es decir, su disolución como partido puede ser considerada como una necesidad en una sociedad democrática, sobre todo, para el mantenimiento de la seguridad pública.

A pesar de las críticas nacionalistas a la ley de Partidos, ésta, según Estrasburgo, no está destinada "a prohibir la defensa de ideas o doctrinas que cuestionen el marco constitucional, sino a cuestionar la libertad y el pluralismo con el respeto a los derechos humanos y la protección de la democracia".

Además, el tribunal concluyó que los partidos disueltos "eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA". Su objetivo era "completar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para perturbar el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".