La UE obliga a derogar un decreto por un error del anterior Gobierno
Agricultura obvió el trámite de remitir a Bruselas el texto sobre transgénicos
De la noche a la mañana, Euskadi se ha quedado temporalmente sin normativa que regule el uso de cultivos genéticamente modificados en la agricultura. El Gobierno se ha visto obligado por la Comisión Europea a derogar el decreto que fijaba condiciones muy estrictas para el uso de transgénicos para alimentación humana o animal. Todo porque el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe aprobó, pocos días antes del traspaso de poderes en 2009, el texto normativo sin presentarlo a la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural en Bruselas para que otorgase su preceptivo visto bueno.
La derogación del decreto fue publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado lunes. "Detectado un error en la tramitación de la citada disposición y vista la recomendación emitida por la Comisión Europea se procede a la derogación del decreto 93/2009, de 21 de abril", reza el texto.
La Comisión amenazó con llevar a España al Tribunal de Luxemburgo
Fuentes del actual Departamento de Agricultura explicaron que a mediados de 2009 se recibió una requisitoria de la Comisión Europea que recalcaba que se había obviado el trámite reglamentario, instando a corregir la situación. El Ejecutivo intentó mediar con Bruselas para no tener que echar para atrás todo el texto de sus antecesores. Plantearon entonces arreglar la situación modificando el decreto. Pero a principios de este año, la Comisión insistió en que había que derogar el texto completo y advirtió que, de no hacerse, presentaría una demanda contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, encargado de la aplicación y la interpretación del Derecho comunitario.
Las fuentes del departamento informantes recalcan que en el nuevo decreto, que ahora llevará varios meses elaborar, se mantendrá la filosofía del texto redactado bajo elo mandato del aneterior consejero, Gonzalo Sáenz de Samaniego. El texto fue aprobado el 21 de abril de 2009, ya con el Ejecutivo de Ibarretxe en funciones, y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 8 de mayo, el día antes de que los consejeros de Patxi López tomasen posesión de sus cargos.
Debido a que las comunidades autónomas no tienen potestad para prohibir el uso de cultivos genéticamente modificados, el texto derogado seguía el espíritu de intentar prohibir de hecho el uso de transgénicos para alimentación humana o animal -sí está autorizado el uso industrial, por ejemplo para hacer biocombustible-. Para ello, fijaba una serie de requisitos extremadamente exigentes en materia de controles para evitar la contaminación de cultivos convencionales y ecológicos, estableciendo por ejemplo la obligación de presentar avales de hasta 500 euros por hectárea, ejecutables en caso de ocasionarse un perjuicio ecómico a los agricultores de plantaciones aledañas.
Una veintena de organizaciones, como el sindicato agrario Ehne o Ekologistak Martxan consideraron el texto un retroceso y reclamaron una prohibición total. El Ejecutivo aducía que cualquier iniciativa en este sentido se toparía de inmediato con un recurso del Gobierno central y de la UE.
Salvo modificaciones puntuales, como por ejemplo sobre el etiquetado de productos, la consejeria ahora dirigida por Pilar Unzalu no preve realizar grandes sobre el texto derogado. Pero pasarán varios meses antes de que todos los trámites necesarios -informe de la Comisión Jurídica Asesora, enviar el texto a las organizaciones del sector y a las Diputaciones, entre otros- para que Euskadi vuelva a tener normativa sobre transgénicos.
Calidad antes que cantidad
No constan en Euskadi cultivos transgénicos para la producción de alimentos para seres vivos, según fuentes de Agricultura. Sí se utilizan semillas genéticamente modificadas para investigación, por ejemplo en centros tecnológicos.
La gran ventaja de su uso radica, sobre todo, en el ahorro en costes de producción, mejorando la resistencia a plagas y enfermedades, entre otros. Por su orografía, Euskadi no tiene grandes extensiones cultivables que harían del coste una variable fundamental. En general, solo están a favor del uso de transgénicos quienes tienen un consumo de pienso importante, que necesitan que los precios bajen para mejorar su competitividad. Las explotaciones son más bien pequeñas y el principal factor que tienen para diferenciarse es la calidad. Una treintena de municipios se han registrado como zonas libres de transgénicos, según el sindicato agrario Ehne.
Las denominaciones de origen podrían verse afectadas por la contaminación de cultivos modificados genéticamente, razona el decreto derogado, que añade que la imagen de calidad de los productos agroalimentarios suele ligarse a producciones tradicionales y ecológicas.
Los transgénicos se han enfrentado a una amplia oposición social, sobre todo en Europa, promovida por ecologistas y, en especial, por Greenpeace, que la conviritó en una de sus campañas prioritarias. Muchas voces de la comunidad científica consideran que ese recelo carece de fundamentos.
El texto eliminado
El decreto 93/2009 que regula la coexistencia de cultivos modificados genéticamente con los convencionales y los ecológicos recuerda que el Consejo de Gobierno declaró el 20 de febrero de 2007 Euskadi como "zona libre" de cultivos transgénicos destinados a la alimentación humana o animal. El Parlamento hizo suyo este compromiso en octubre de 2007, argumentando la necesidad de "salvaguardar los cultivos tradicionales y ecológicos".
El texto derogado dejaba en manos de las tres diputaciones el proceso de autorización para cultivar transgénicos. El ente foral debía solicitar un informe previo preceptivo no vinculante a la Dirección de Innovación y Desarrollo tecnológico de Agricultura y consultar sobre la idoneidad del cultivo a varias entidades: consejos de denominaciones de origen, productores locales, sindicatos agrarios y Ayuntamientos, entre otros.
En caso de autorizarse, la Diputación daría aviso a las parcelas colindantes y a los productores con los que podría compartir material. Se establecería un estricto control sobre las semillas.
El productor que no se viera disuadido por todo lo anterior tendría que presentar un aval de 500 euros por hectárea para las 20 primeras y de 300 euros por cada una para las restantes, ejecutable para indemnizar a los agricultores afectados si la Diputación estima que cultivos no transgénicos habían sido contaminados. Debería también conservar durante cinco años las etiquetas de los envases de semillas.
En Europa
España es el país de la UE con mayor superficie de cultivos transgénicos. En julio pasado, la Comisión Europea decidió dejar en manos de los Estados la potestad de prohibir su uso. Hasta ahora, recurrían a una cláusula de salvaguardia que debía ser autorizada por la Comisión. Seis países, entre ellos Francia y Alemania, prohíben una variedad de maíz que en España ocupa unas 80.000 hectáreas. Otros cuatro han vetado una de patata.
