Vitoria dará de baja a 6.500 personas que están empadronadas de forma irregular
Maroto asume que no todos los casos suponen un fraude y anuncia más medidas
Antes de terminar el plazo que se dio para revisar los empadronamientos fraudulentos en Vitoria, su alcalde, Javier Maroto, ha encontrado a 6.538 personas que están inscritas de forma irregular como ocupantes de una vivienda de la capital vasca. El regidor vitoriano anunció ayer, durante la habitual rueda de prensa de los viernes, que hay expedientes de baja sin tramitar desde el año 2009 y que serán resueltos de forma "inmediata".
"No puede ser que haya personas cobrando ayudas sociales sólo porque el Ayuntamiento no haya tramitado su baja", abundó, aunque reconoció que entre los 6.538 expedientes hay quien no recibe este apoyo. Fue el propio Maroto quien anunció en julio que impulsaría una campaña hasta finales de septiembre para revisar en todos los domicilios vitorianos si quienes viven en ellos son efectivamente quienes figuran en los padrones.
El alcalde animó entonces a los ciudadanos que detectaran incorrecciones a que acudieran a las oficinas del Ayuntamiento a denunciarlo para dar de baja, de forma inmediata, a esas personas. Sin embargo, se ha encontrado con varios miles de expedientes de baja no tramitados porque el Ayuntamiento, con el anterior regidor, el socialista Patxi Lazcoz, "no ha estado ágil". En esta situación, explicó que no se puede pedir a los ciudadanos que denuncien "si no solucionamos las [denuncias] que ya están".
La medida no tiene como objetivo principal recoger de manera más fiel la realidad vitoriana, sino poner coto al fraude social. Todo porque el empadronamiento -y la antigüedad de este- es un requisito indispensable para acceder a las ayudas sociales. En la actualidad es obligatorio llevar empadronado seis meses para solicitar Ayudas de Emergencia Social (AES) y un año para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el complemento de vivienda. "Algunas de estas personas empadronadas en domicillios que no les corresponden y que tal vez ni siquiera están en la ciudad acumulan antigüedad y pueden optar a ayudas sociales a las que no tienen derecho", abundó ante los medios de comunicación ayer.
La de revisar el empadronamiento es la primera medida anunciada por el regidor para atajar el fraude social, un aspecto "prioritario" para el equipo de gobierno. Esta lucha fue una de las banderas del PP durante las elecciones municipales del 22 de mayo, un discurso que se reforzó con la exigencia de los parlamentarios de este partido en la Cámara de incrementar el tiempo de empadronamiento para recibir ayudas. Maroto anunció ayer que, además de esta campaña, anunciará "en breve" medidas para conseguir un sistema de censo "más exigente".
Por otro lado, el alcalde confirmó su intención de congelar los impuestos locales en 2012, como adelantó a EL PAÍS en agosto.
Expediente sancionador por el Ramadán
El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, anunció además en su comparecencia de ayer que abrirá un expediente sancionador contra la sociedad musulmana Suna por haber triplicado el aforo permitido durante su celebración, el pasado martes, del fin del Ramadán en el centro cívico de Aldabe.
Maroto, quien calificó este hecho como "una infracción muy importante de la normativa municipal", precisó que la reunión organizada por Suna, entidad que representa a las mezquitas alavesas, congregó a más de 1.500 personas, cuando el aforo permitido en dicho centro cívico se limita a 400.
Maroto recordó que cuando se supera el aforo de un local y sucede algún tipo de incidente "es el Ayuntamiento quien tiene las responsabilidades, también las económicas, que se pagan con el erario de todos los vitorianos". "Las normas municipales están hechas para que se cumplan por todos, por los de aquí y por los de fuera. No vale saltarse las normas a la torera", zanjó el regidor.
