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Vizcaya cree "eficaz" el reparto societario del Guggenheim

Ariztondo defiende la pena pactada con Cearsolo

La diputada vizcaína de Cultura, Josune Ariztondo, ve "poco eficaz" alterar la distribución societaria de la Diputación y Gobierno vasco en las sociedades Tenedora e Inmobiliaria del Museo Guggenheim -ambas se reparten un 50%- para alcanzar "acuerdos sólidos" en su seno. Pese a que afirmó que, en principio, "no tendría inconveniente" en ampliar su participación en ellas, si el Ejecutivo está dispuesto a reducirla, Ariztondo convino finalmente durante su comparecencia en la Comisión de Cultura de las Juntas Generales que el actual reparto "está bien", porque obliga a dar pasos respaldados por la unanimidad.

El debate sobre esta cuestión lo encendió el PP, que reclamó a la diputada un "mayor control" sobre ambas sociedades y, junto al grupo mixto, preguntó a Ariztondo por qué la Diputación se negaba a encargar un nuevo informe externo sobre la sociedad Tenedora, tal y como le reclamó el Gobierno vasco a principios de octubre.

Ariztondo recordó que ambas entidades han sido sometidas a seis informes de fiscalización en los últimos años -dos de ellos elaborados este año- y reiteró que no se había hallado "ni una irregularidad" en su proceder. "Están sujetas a controles públicos más estrictos que otras sociedades de la misma naturaleza", aseguró.

Por otro lado, Ariztondo no dudó en criticar algunas declaraciones hechas por la consejera de Cultura, Blanca Urgell. Destacó entre ellas la que señaló que la caída de audiencia de EITB era "una herencia del equipo anterior". Ahora bien, también le atribuyó una frase que nunca dijo. Fue al referirse a un comentario que en realidad hizo la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, cuando aseguró que se había aprobado una ampliación de capital de tres millones de euros para "tapar el agujero" del museo, cuando sólo se trataba de una aportación ordinaria.

Pese a todo, el foco de atención sobre la comparecencia de Ariztondo estaba, en principio, en su explicación sobre la aceptación por parte de la Fundación Guggenheim y las sociedades Tenedora e Inmobiliaria de las conclusiones del fiscal encargado del caso del desfalco cometido por el ex director financiero del Guggenheim, Roberto Cearsolo, que pactó una condena de tres años y medio de prisión por apropiarse de más de medio millón de euros.

La diputada se limitó a leer el escrito de acusación y a señalar que las penas previstas se sitúan dentro de los parámetros superiores establecidos para este tipo de delitos. El portavoz de EB, José Ferrera, llegó a pedir el cese del director del museo, Juan Ignacio Vidarte.

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