Un abogado denuncia "conspiración" para expulsar a un argelino

S. S., un argelino de 33 años, se convirtió en protagonista de lo que su abogado, Javier Galparsoro, considera una "conspiración" de la Policía Municipal de Zalla, la Ertzaintza y la Policía Nacional para expulsarle por encontrarse en situación irregular a pesar de que su orden de expulsión había sido anulada por la justicia.

El pasado 12 de julio, los agentes municipales solicitaron a S. S. que se dirigiese "urgentemente" hasta el Ayuntamiento, provisto de su pasaporte, para resolver "un asunto de empadronamiento", según el letrado. Galparsoro, también presidente de Cear-Euskadi, asegura que fue un pretexto para ponerlo a disposición de la Ertzaintza, que a su vez alertó a la Policía Nacional para hacer efectiva una orden de expulsión dictada en septiembre de 2008 por la Delegación del Gobierno en Cantabria, pero anulada por un juzgado de Bilbao en 2009.

Casi la mitad de los jóvenes de Vizcaya cree que hay muchos extranjeros

Sobre las diez de la mañana, el implicado acudió confiado y acompañado de su mujer, una marroquí en situación regular, al Ayuntamiento de Zalla. Cuando S. S. se personó en la oficina que gestiona el padrón municipal, le aseguraron que ellos no le habían requerido. Un portavoz de la Policía Municipal de Zalla confirmó a grandes rasgos lo ocurrido. "Se le pidió que acudiese al Ayuntamiento para realizar una comprobación de documentos. No le engañamos", explica el portavoz, que añade que la actuación se realizó a petición de la Ertzaintza.

La Policía Municipal y la Ertzaintza afirman que fue la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía quien detuvo a S.S., aunque no aclararon si le retuvieron hasta la llegada de ésta. S. S. fue conducido hasta la Comisaría de la Policía Nacional de Indautxu, para ser expulsado. Sin embargo, fue puesto en libertad pasadas las seis de la tarde sin ningún cargo o procedimiento abierto que justificase su detención, recalca Galparsoro, que ha presentado una querella criminal por "detención ilegal".

El letrado tuvo que mandar la sentencia que anulaba la expulsión para conseguir que su cliente fuese liberado. Según Galparsoro, la Policía Nacional le dijo que el fallo judicial no figuraba en su registro.

[Un 42,3% de los jóvenes vizcaínos afirma abiertamente que hay demasiados inmigrantes, según un estudio de la Diputación de Vizcaya presentado ayer. Además, un 67,5% considera que la entrada de extranjeros "se debe facilitar sólo a los que tengan un contrato de trabajo"].