Que acuerden ellos
En el primer número de 2007 de la revista de la patronal vasca Confebask aparece una afirmación que considero tremendamente práctica, acertada y realista, y que define y sintetiza lo que pasa en la evolución de la normativa laboral en Euskadi. Como el ámbito laboral es de exclusiva competencia estatal y las constantes adaptaciones normativas de ordenamiento laboral, fruto a su vez de la concertación social, se producen fuera del ámbito de la CAPV, aunque por ser de vigencia general también se aplican aquí, esto "permite a los sindicatos autóctonos un ejercicio simultáneo: exigir la aplicación inmediata de todas las novedades normativas para sus representados y, a la vez, mantener una aptitud hipercrítica al contenido de todas y cada una de las reformas así como a los sujetos empresariales y sindicales que han propiciado en el ámbito estatal".
Me gustaría que a los sindicatos se les midiera por lo que consiguen y no por lo que piden
Como contraste, en fechas recientes compareció en la Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento el consejero Joseba Azkarraga, a solicitud del parlamentario del PSE Jesús Loza, y se despachó con unas afirmaciones, que por ser moderado, las califico de poco rigurosas y escasamente serias. Su atrevimiento fue de oficio al culpar de que no haya dialogo social en Euskadi a la no existencia de un "marco vasco de relaciones laborales". Siempre la culpa la tienen los otros. La unidad y coincidencia sindical y política nacionalista está servida. Los monólogos superpuestos y el diálogo de sordos es sinónimo de inoperancia, incapacidad e ineficacia. No sé cuando llegará el día en que podamos mirarnos a nosotros mismos y hacernos responsables de los que nos pasa aquí y ahora en las relaciones laborales. Ahí están los 72 convenios atascados que afectan a más de 350.000 trabajadores. La cantinela de los ámbitos exclusivos y excluyentes de decisión es más propia del siglo XIX que del XXI. Los ámbitos de decisión son plurales, complementarios y, a poder ser, cooperativos.
Vivimos en la actualidad un proceso de dialogo social en España durante estos tres últimos años que, a pesar de pasar excesivamente desapercibido o incluso ignorado, está produciendo avances sociales que suponen un reforzamiento y extensión de los derechos sociales de los trabajadores (también en el País Vasco), de la autonomía real de los ciudadanos y, sobre todo, un ensanchamiento de nuestro criticado y debilitado Estado de bienestar. El clima político de confrontación y bipolarización en torno a los monotemas de la política antiterrorista y del llamado proceso de paz y las reformas de la articulación territorial del Estado han monopolizado hasta la fecha el debate político. El resto de temas no interesa mediáticamente. Lo mismo se puede decir de la escasez de información sobre los datos del paro, el IPC o las pensiones. Sólo es noticia el conflicto laboral cuando es violento y desproporcionado. En Euskadi, como muchas vez he reiterado, o se ignoran cuando son contenidos positivos o se deslegitiman de oficio. A esto hay que añadir que los procesos de negociación de los contenidos más importantes del diálogo social se han realizado con bastante discreción, para evitar rupturas y ser eficaces.
Se han alcanzado alrededor de 20 acuerdos, que inciden en medidas económicas, sociales y laborales: inmigración, mercado de trabajo, formación permanente, seguridad y salud en el trabajo, políticas activas y servicios públicos de empleo, instituciones laborales, política industrial y medio ambiente, salario mínimo interprofesional, negociación colectiva y mediación y arbitraje, seguridad social y dependencia.
Sin duda alguna la firma del Acuerdo para la Mejora y Crecimiento del Empleo de 9 de mayo de 2006 es el que de modo más importante debiera afectar a las relaciones laborales, en un momento de creación de empleo. Se trataba de impulsar la contratación indefinida inicial y de convertir los contratos temporales en indefinidos, de reducir la temporalidad y de mejorar la transparencia en la subcontratación de obras y servicios entre empresas cuando comparten un mismo centro de trabajo, con el objetivo de que la descentralización productiva no lesione la protección de los derechos de los trabajadores. En lo que va de año, en Euskadi se han realizado un 43% más de contratos indefinidos iniciales. Más de 50.000 trabajadores vascos han transformado su contrato de temporal a indefinido desde junio 2006. No tengo ninguna duda de que el empleo que se crea sigue siendo de una calidad manifiestamente mejorable. La necesaria regularización y mejora en el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, y la participación de los agentes sociales, con la actualización de las cuantías de las sanciones, que no se actualizan desde 1988, es una necesidad urgente ya que, según la Inspección, el 50% de la contratación laboral, se hace en fraude de ley.
La reforma del Fondo de Garantía Salarial ha supuesto la mejora de las prestaciones a 5.478 trabajadores y a 1.572 empresas. En lo que se refiere a los trabajadores, supone que el módulo salarial pasa del duplo al triple del SMI, incluyendo la parte proporcional de pagas extraordinarias y elevando el número de días máximos a abonar de 120 a 150. Más de 180.000 trabajadores autónomos en Euskadi van a sentirse protegidos por el nuevo Estatuto del trabajador autónomo. El objetivo principal de esta ley es establecer la regulación legal de la relación de trabajo para determinados trabajadores por cuenta propia que prestan sus servicios a un sólo cliente o empresario. Entre ellos, los denominados trabajadores autónomos económicamente dependientes tendrán derecho a un régimen contractual, a un sistema de arbitraje para resolver los conflictos antes de acudir a los tribunales, a acuerdos colectivos de interés profesional, a la promoción y defensa de sus intereses a través de los sindicatos y de asociaciones profesionales, a derechos colectivos y un régimen propio de la Seguridad Social. Determinados aspectos de esta regularización también se aplican a los trabajadores por cuenta propia.
La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público afecta a más de 110.000 empleados públicos en Euskadi, Las subidas del salario mínimo, que deben dar cumplimento al compromiso del Gobierno de situarlo en 600 euros a lo largo de la legislatura y aproximarlo en su cuantía a la Carta Social del Consejo de Europa afectan, además de a los trabajadores que nunca han tenido convenio, a más de 30.000 preceptores de renta básica que lo tienen como referencia. Más de 60.000 pensionistas vascos se han beneficiado de las mejoras de los complementos a mínimos de las pensiones y más de 20.000 padres podrán acogerse el permiso de paternidad. La Ley de Dependencia, a pesar del controvertido debate institucional, afectará a más 54.000 personas dependientes, de las cuales más de 9.000 son grandes dependientes. Las mejoras para los prejubilados anteriores a 2002 ha sido una reivindicación moderadamente satisfecha, que afecta de manera importante a los prejubilados vascos. Finalmente, hay un conjunto de medidas que afectan de modo generalizado a miles de trabajadores vascos, como los cambios en la prevención de riesgos laborales, en especial sobre las enfermedades profesionales, de la formación permanente, de las garantías de igualdad entre hombres y mujeres.
Me gustaría que a los sindicatos se les midiera por lo que consiguen y no por lo que piden, para que la estrategia del "que acuerden ellos" no sea gratuita.
Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico y Social (CES) vasco.
