La adjudicación de una VPO a una parlamentaria revela los defectos del sistema
A la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez le tocó el pasado sábado una vivienda de protección oficial (VPO) en su localidad natal de Amurrio (Álava), en el sorteo de pisos protegidos celebrado ese día. El problema es que ese tipo de viviendas no está previsto para personas como ella, cuyo sueldo anual ronda los 67.000 euros brutos, sino para economías más modestas. Sucede que en el momento en el que Saéz se inscribió para el sorteo, el pasado mes de febrero, el requisito que había que presentar era la declaración de la renta de 2007, año en el que sus ingresos no llegaron a los 35.000 euros y, por lo tanto, se hallaba en los límites permitidos. Todo perfectamente legal.
Sin embargo, el caso de esta política de 29 años, que accedió al sorteo a través de la conocida cooperativa vitoriana Covivi, ha puesto de relieve las disfunciones que existen en el sistema de adjudicación de la vivienda protegida en propiedad. Cualquier persona puede acceder a los sorteos de pisos de VPO, siempre que sus ingresos el año anterior (que figuran en la declaración de la renta) se ajusten a los baremos. ¿Y si su situación económico cambia una vez que ha conseguido la VPO y aumenta su nivel de renta? Pues que el piso sigue siendo suyo, sin que la Administración pueda revisar su situación.
Actuación "correcta"
Es lo que ha ocurrido con Garbiñe Sáez, quien accedió en septiembre de 2007 a la Cámara relevando a Xabier Agirre. Su sueldo de ese año como parlamentaria quedó menguado al trabajar como tal sólo durante cuatro meses. Después continuó durante en 2008, pero esos ingresos corresponden ya a otro año fiscal. Y cuando terminó la legislatura, salió nuevamente elegida en las elecciones autonómicas de marzo. El PNV aseguró ayer en una nota que la parlamentaria actuó en todo momento de manera "correcta", aportando la documentación requerida. Sin embargo, evitó precisar si Sáez renunciará a la vivienda a la vista de su actual situación económica.
La situación es muy diferente cuando se trata del alquiler de los pisos protegidos, a los que también se accede según el nivel de ingresos. Pero en este caso la administración revisa año a año la situación económica de los inquilinos, y si ha mejorado les sube gradualmente el alquiler. Una fórmula más justa y que da la razón a quienes reiteradamente han planteado que todos los pisos protegidos se adudiquen en alquiler y no en propiedad o derecho de superficie, como se hace en estos momentos. Uno de los últimos en pedirlo ha sido el Ararteko, quien incluso aboga por suprimir los sorteos y conceder las viviendas protegidas de acuerdo a un sistema de baremos.
