Las ayudas a los municipios para contratar 7.000 parados estarán disponibles este año

El Gobierno aprobará el próximo martes la orden que permitirá poner en marcha el programa para contratar a 7.000 parados a través de los ayuntamientos y las empresas de inserción, según anunció ayer en el Parlamento la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta. Esta gran actuación de choque contra el desempleo, que cuenta con una dotación de 63 millones de euros, se enmarca dentro del plan del Ejecutivo contra la crisis + Euskadi 09 y está avalada por la Mesa de Diálogo Social, donde también están representados la patronal Confebask y los sindicatos UGT y CCOO.

La pretensión es que los consistorios y entidades sin ánimo de lucro puedan acogerse a las ayudas antes de finalizar este año, una vez publicada la orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Los destinatarios de las ayudas serán personas que han perdido su puesto de trabajo y que no ingresan la prestación contributiva de desempleo o que son perceptores de la renta de garantía de ingresos, esto es ciudadanos "en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla", afirmó la consejera. En los primeros nueve meses del año 50.491 personas han cobrado dicha prestación, la antigua renta básica.

Los ayuntamientos no podrán contratar a desempleados a través de este programa para cubrir servicios municipales habituales, sino que deberán emplear los fondos para proyectos nuevos, relacionados con las nuevas tecnologías, las energías renovables, el medio ambiente, el desarrollo de nuevas infraestructuras de banda ancha por fibra óptica, el reciclaje, el mantenimiento de equipamientos educativos, la promoción de la cultura, la educación y la salud; la recuperación artística, o del entorno rural.

El Gobierno apoyará a los municipios con 1.500 euros por contrato y mes, que cubrirán el coste salarial y las cuotas a la Seguridad Social. Serán contratos laborales a tiempo completo y por un periodo máximo de seis meses. El programa tendrá una vigencia de 12 meses. Los destinatarios deberán estar inscritos en el Inem o en el Servicio vasco de Empleo y empadronados en el País Vasco.

Durante la comparecencia, la parlamentaria del PNV Eider Mendoza indicó que "algo estará mal" en la consejería para que haya tenido que cesar a tres de sus cargos en "un plazo tan breve". Zabaleta le replicó que es más preocupante la "expulsión" de Aralar del Gobierno foral de Álava.