Las centrales pactaron el convenio de los funcionarios a la vez que sus subvenciones
Gobierno y sindicatos cerraron ambos acuerdos el mismo día de noviembre
El Gobierno cerró el pasado noviembre el acuerdo sobre el convenio de sus funcionarios con el apoyo de tres de las cuatro centrales mayoritarias, incluida ELA, el mismo día que desbloqueaba, después de tres años, las subvenciones a los sindicatos correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008. Ejecutivo y centrales coincidieron en apuntar la estabilidad laboral de los funcionarios como argumento principal para el pacto. Ninguna de las dos partes aludió al acuerdo sobre la financiación sindical y la posibilidad de que hubiese servido para facilitar el otro consenso. ELA llevaba nueve años sin aprobar el convenio.
El 18 de noviembre fue la jornada clave. Los sindicatos dieron su visto bueno al convenio de la Función Pública y, al mismo tiempo, se aprobaban las ayudas para la financiación de sus actividades correspondientes al ejercicio de 2008. Una semana después eran sancionadas las todavía pendientes del año anterior. En total, el Ejecutivo destinó a las centrales más de un millón de euros que se distribuyeron centrales en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales. ELA se embolsó un total de 400.000 euros, CC OO 182.000 y UGT 82.000. El reparto benefició igualmente a LAB, que recibió 219.000 euros, pese a que no suscribió el convenio de los funcionarios, y a otros sindicatos profesionales sin representación en la Mesa General de Negociación.
El Ejecutivo accedió a pagar más de un millón de euros en ayudas pendientes
ELA, CC OO y UGT no han criticado el incumplimiento del acuerdo cerrado
La distribución de las subvenciones se aprueba desde 1992 en la misma mesa negociadora que aborda las condiciones laborales de los funcionarios, por lo que a menudo va relacionado el visto bueno en ambas cuestiones. Las subvenciones se destinan a financiar la actividad sindical, el uso de locales o la compra de medios materiales. Además, ayudan a la publicación de los acuerdos y convenios cerrados. Las partidas permanecían sin repartir desde 2006 debido a las discrepancias surgidas en la negociación con la entonces vicelehendakari y consejera de Hacienda y Administración Pública, Idoia Zenarruzabeitia.
El apoyo de ELA al convenio de los funcionarios despertó el asombro entre políticos y sindicalistas, dado el rechazo que el sindicato nacionalista había mostrado en los nueve años precedentes a llegar a un acuerdo similar con los sucesivos gobiernos del PNV. Su propio secretario general, Adolfo Muñoz, justificó el respaldo a la propuesta en que esta tenía "contenido" y rompía con la dinámica anterior de "inestabilidad" y "precariedad". El convenio fue firmado el 18 de noviembre por ELA y por CC OO, mientras que UGT añadió su firma al documento dos días después.
El convenio ratificado apenas recogía un aumento salarial cercano a la congelación. Su principal atractivo para las centrales y los funcionarios se hallaba en la consolidación de 4.600 empleos temporales y el compromiso de no promover nuevas subcontrataciones. Ests promesas fueron precisamente lo que los tres sindicatos firmantes adujeron como principal justificación de su apoyo.
La crisis, sin embargo, no ha tardado en desmoronar las expectativas iniciales. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, presentó hace un mes un plan de estabilidad presupuestaria y racionalización de la plantilla funcionarial que, frente a la anunciada creación de nuevas plazas, establece la eliminación de puestos vacantes de larga duración "presupuestados y sin justificación", la reducción del personal eventual y el establecimiento de una tasa de reposición por jubilaciones como medidas para contener el gasto público corriente. Estos planetamientos chocan de frente con los compromisos adquiridos ante los sindicatos.
Lejos de criticar el incumplimiento de uno de los pilares del convenio, ELA se ha limitado hasta el momento a solicitar una reunión con la consejera de Administración Pública, Idoia Mendia, para conocer las intenciones reales del Gobierno. Esta actitud de la central abertzale contrasta con la beligerancia que ha mostrado hacia el Gabinete de Patxi López en otras cuestiones, como la política económica, el retraso en la transferencia de las políticas de empleo o los acuerdos del Ejecutivo con las centrales de ámbito estatal. La última muestra de estas críticas estuvo en el discurso, muy duro con el Ejecutivo, del secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, en su celebración del 1 de Mayo. CC OO y UGT ni siquiera se han manifestado sobre el incumplimiento del acuerdo.
Las cuentas pendientes de 2009
El acuerdo sobre el convenio que rige las condiciones de trabajo de los casi 70.000 empleados de la Administración vasca llegó junto con el desbloqueo de las ayudas económicas que perciben los sindicatos, al menos en lo que al calendario se refiere. A lo largo del pasado mes de noviembre, el Gobierno socialista fue abonando las cantidades que se encontraban pendientes de los ejercicios de 2007 y 2008, que el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe no había pagado.
La cifra concedida, más de un millón de euros en total, ha supuesto un importante desahogo financiero para las centrales. Las subvenciones que reciben en función de la representación conseguida en las elecciones sindicales supone buena parte de sus presupuestos anuales, que puede llegar a signifiucar hasta una quinta parte del total, en función de los casos.
Hace seis meses quedó, en cambio, pendiente resolver el pago de la financiación correspondiente al pasado ejercicio. La duda que se cierne ahora sobre los sindicatos es la fecha en la que podrán acceder a estas ayudas, una cuestión sobre la que el Ejecutivo tiene potestad y que se decide en la Mesa General de Negociación. En este foro de diálogo única,mente están representadas las cuatro centrales mayoritarias: ELA, CC OO, LAB y UGT. En ocasiones anteriores, además, la concesión de las ayudas se ha vinculado al logro de acuerdos sobre otras materias.
Es en este contexto en el que entra en juego la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a la financiación pendiente para tratar de influir en las negociaciones con las centrales. A corto plazo, sin embargo, no podrá utilizarla como recurso en el debate del futuro convenio de la Función Pública, ya la vigencia del actual texto es de dos años, con lo que no habrá que negociar el nuevo hasta fianles de 2011.
