La 'comisión Zambrana' apunta al PNV alavés como centro de la trama
"Se traficó con información e influencias", según las conclusiones provisionales
"Gran parte de las personas intervinientes tienen, como único nexo común, la pertenencia al Partido Nacionalista Vasco y, en algunos casos, a sus órganos de dirección en el territorio alavés. Todo ello puede suponer que se ha traficado con información e influencias de personas que en esta, y en anteriores legislaturas, han formado parte del gobierno de instituciones públicas locales, forales y autonómicas y de empresas públicas dependientes de éstas". Así de tajante se muestra el dictamen provisional de la Comisión de Juntas Generales alavesas que investigó lo ocurrido en la fallida macrorecalificación de Zambrana, elaborado por su presidente, Javier Ruiz de Arbulo (PP).
El texto, al que ha tenido acceso este diario, recopila la secuencia de lo ocurrido en la operación que la justicia investiga por si hubo pago de comisiones ilegales en el marco de la supuesta trama corrupta que lleva el nombre del ex diputado foral Alfredo de Miguel. Queda por ver cuál será el apoyo que recibirá por parte de los demás partidos un texto que apunta a los peneuvistas alaveses como epicentro de la trama. Tienen hasta el miércoles para presentar alegaciones.
Queda por ver cuál será la postura de los partidos en la fase de alegaciones
"A esta conclusión se llega por el análisis conjunto de situaciones que, individualizadas, pudieran parecer meras casualidades; pero que al sumar personas, instituciones, empresas y actuaciones supuestamente antijurídicas hacen suponer la existencia de una trama o unos intereses superiores a los meramente económicos propios de una simple operación urbanística", concluye el fallo provisional. "Los medios de la comisión no permiten averiguar el destino final del dinero mencionado, pero sí permiten afirmar que los socios de la empresa inversora -Riera Urbanizer- han perdido millones de euros cuyo destino se desconoce", añade.
El dictamen recuerda que la modificación de las Normas Subsidiarias propuesta en Zambrana era "contraria a los instrumentos de ordenación del territorio vigente". Recalca que no existe ningún informe suscrito por un técnico cualificado que avale el comportamiento del entonces director de Equilibrio Territorial, Iñaki Nafarrate, y la responsable de Administración Local, Izaskun Martínez de Lahidalga en la comisión del ordenación del territorio del País Vasco de febrero de 2009, que tumbaron los informes medioambientales que impedían habilitar la operación urbanística.
"Forzaron por primera vez en la historia una votación a mano alzada", resalta el texto. Todos los miembros del PNV en la comisión de ordenación votaron en el mismo sentido. El dictamen señala también que "pueden derivarse consecuencias patrimoniales para la Diputación de Álava" en función de como discurran las cosas en los tribunales. También añade que De Miguel, figura presente a lo largo de toda la operación, tenía que inhibirse cuando era diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial por tener "vinculaciones personales, familiares y económicas con personas y entidades involucradas en el expediente".
El texto considera acreditados diversos pagos o transferencias a modo de préstamo al entorno de De Miguel. "Todas esas transferencias tienen apariencia de legalidad al realizarse entre empresas, si bien ninguna de ellas tiene el personal cualificado para la realización de los trabajos", facturados a precios "muy superiores a los precios de mercado", resalta el dictamen.
Los hechos se remontan a 2004 cuando la entonces alcaldesa del PNV, Justina Angulo quiso impulsar el desarrollo urbanístico de Zambrana. La regidora contactó, "porque tiras del que es tuyo", con De Miguel, que ejercía como responsable de los Industrialdeas de Ayala y Orduña, además de pertenecer al Araba Buru Batzar. Fue De Miguel quien introdujo en el proceso a su amigo Josu Arruti, administrador de Sidepur. Tras dos intentos fallidos, Arruti encuentra un amigo suyo y socio en otros proyectos dispuesto a invertir en los terrenos que supuestamente iban a ser recalificados: Francesc Fernández Joval, que ejerció como responsable de Riera Urbanizer. Ambos pactaron unos honorarios de 3 millones de euros. Sidepur cobró nada más firmarse el contrato 280.000 y, un día después, transfirió la mitad del dinero a Kataia Consulting por supuestas tareas de asesoramiento. Arruti, en su comparecencia, prometió aportarlos los informes realizados pero nunca llegó a hacerlo. El dictamen revela a su vez que la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao trabajaba para una empresa Nai Duenak de la que Arruti es apoderado.
La comisión señala también que debido a que Sidepur tributa en Vizcaya y la Diputación "ha negado la colaboración con la comisión" con "argumentos de dudoso encaje legal", no han podido averiguar el destino de todo el dinero cobrado por Arruti.
