La credibilidad en la economía
El Fondo Monetario Internacional, en estos días pasados, ha reconocido el trabajo y el esfuerzo del Gobierno del Reino de España y avala el camino emprendido para recuperar la credibilidad. Este y no otro es el objetivo último de las políticas económicas actuales: recuperar la credibilidad.
¿En qué consiste la trascendental credibilidad? Pues, en principio, como concepto subjetivo, es difícil de definir. Podemos acercarnos al concepto por sus manifestaciones externas, es decir, ¿qué ha hecho recuperar la credibilidad? En primer lugar, asistimos la pasada primavera al recorte de ajuste fiscal para luchar contra el déficit y que incluyó las medidas más regresivas y el mayor recorte de derechos de toda la historia de la democracia. La reducción del déficit podía haberse acometido no sólo desde el punto de vista del gasto, sino también desde el ingreso, aplicando una política fiscal más justa y progresiva, pero, aun logrando el objetivo de reducir el déficit, una decisión más cercana y respetuosa con los derechos de los ciudadanos, no genera credibilidad.
Debemos replantearnos el papel de los partidos en la gestión de las medidas económicas
Esta semana se ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales para el año 2011 en el que aún se ajusta más el recorte de derechos y la rebaja en el gasto, que perjudica gravemente la prestación de servicios públicos básicos.
Avanza ya la reforma de las pensiones que hace retroceder un derecho temprano y fundamental conquista del movimiento obrero.
La reforma laboral dirigida al recorte de derechos de los trabajadores, a abaratar el despido y a debilitar al trabajador en cuanto a sujeto contractual de la relación laboral se ha justificado por la necesidad de eliminar rigideces que impiden la creación de empleo. De pasada, diremos que esta última afirmación no se sostiene si acudimos a nuestra reciente historia económica. En los tiempos de bonanza anteriores al crack del 2008 los Gobiernos sacaban pecho diciendo que la mitad de todo el empleo generado en la Unión Europea se creaba en España. Por tanto, los derechos laborales no obstaculizan la creación de empleo.
Parece ser que la credibilidad viene a coincidir con el programa básico del neoliberalismo, la trilogía que en cualquier momento de catástrofe o shock, real o percibido, aparece como mágica e impuesta por los mercados: desregularización, reducción del gasto y privatización de servicios públicos.
Ante esta situación, que viene desde la primavera pasada, la única reacción a la que asistimos es la convocatoria de huelga, ininteligiblemente en dos actos, convocada en junio y septiembre. Convocatoria de huelga que ha dado pie a otra de las actuaciones propias y típicas de los mercados en ocasiones como estas: la agresión a los sindicatos y el intento de deslegitimación de los mismos inflando y exagerando alguna cuestión polémica que pueda plantearse con los piquetes y los liberados.
Con independencia de cifras de seguimiento en una u otra convocatoria, de su relevancia en ámbitos como la industria o el comercio, lo cierto es que la huelga ha fracasado. Ni el presidente del Gobierno, ni el lehendakari ni los diputados generales de los territorios, cada uno en el ámbito de sus competencias han manifestado la más mínima intención de rectificar la tendencia.
Quizá ante esta situación, el diálogo social que ha presidido desde 1977 el proceso de adopción de medidas económicas esté agotado en este sentido. Quizá sea la hora de recuperar espacios para las decisiones políticas en materia económica. Sin negar la legitimación sindical para intervenir e influir en la política económica, debemos replantearnos el papel de los partidos en la gestión de las medidas de naturaleza económica y social. A modo de ejemplo, los Gobiernos territoriales tienen competencias en materia fiscal y de bienestar social más que suficientes para realizar actuaciones de transformación del mercado laboral a través de la implementación de medidas que pongan en valor otros trabajos, tales como el domestico o el voluntario, y que favorezcan una política de empleo que reparta lo que estructuralmente es un bien escaso.
Los Gobiernos territoriales pueden directamente actuar en la reducción del déficit, si esto fuese necesario, a través de una política fiscal que aumente los ingresos y además dote a los servicios públicos de la financiación necesaria para una correcta prestación. Es posible una decisión política que recupere lo público incluyendo en la lista de lo colectivo o común un clima adecuado, la salud, la educación, la energía, parte de la investigación científica y el crédito financiero.
Medidas como las anteriores pueden tener una repercusión inmediata en el ámbito económico, desarrollando un bienestar y reduciendo la brecha social de desigualdad, que son factores que ayudan al crecimiento y desarrollo económico, por no hablar de inversiones públicas productivas. En esta situación la economía es perfectamente capaz de recuperar la credibilidad, quizá otra credibilidad.
Esta perspectiva precisa de dos condiciones. Como condición necesaria, y frente a la alta globalización, se requiere de ámbitos de actuación más humanos, y más cercanos, en territorio o la comunidad autónoma. Condición suficiente, se requiere la acumulación de fuerzas alternativas y de izquierdas que sean capaces de enfrentar y sustituir a quienes han detentado tradicionalmente la hegemonía.
