NUEVO DECRETO DE DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO

Los directores consideran que van a recuperar su autoridad perdida

Más del 15% de los alumnos de Primaria y el 10% de ESO sufre acoso escolar

Bilbao - 12 dic 2008 - 00:00CET

Atajar el maltrato escolar, resolver la falta de disciplina y mejorar la convivencia en las aulas. Tales son los objetivos del nuevo decreto de derechos y deberes del alumnado, que el Gobierno aprobó la semana pasada y que ayer presentó en Bilbao el consejero de Educación, Tontxu Campos, a 600 directores y docentes de cerca de 500 centros públicos y concertados. El decreto, que sustituirá al que se halla en vigor desde 1994, ha sido muy bien acogido por los directores, quienes consideran que se pone en valor su función y van a poder recuperar su autoridad perdida para atajar la conflictividad en las aulas. La consejería tiene previsto lanzar una campaña publicitaria para presentarlo al conjunto de la sociedad y también buzoneará su contenido en todos los hogares para concienciar a las familias de la relevancia del papel que tienen.

Los alumnos podrán ser expulsados sin consultar al Consejo Escolar del centro

Aunque el enfoque del texto pasa por ayudar a construir la convivencia en los centros por medio de medidas educativas y se rehúye hablar de castigos, en su seno late una clara vocación de fomentar la disciplina para luchar contra el acoso escolar y las agresiones a profesores. La principal virtud de las nuevas medidas disciplinarias es que se podrán aplicar de manera más rápida y efectiva que las actuales, muy garantistas con los derechos de los estudiantes.

El director es el eje sobre el que gira el protagonismo. Una de las novedades reside en su capacidad sancionadora. Una vez que los centros incorporen el decreto a sus reglamentos de funcionamiento interno -disponen de un plazo de seis meses desde la aprobación del texto-, el director podrá expulsar directamente a un alumno si considera que ha cometido una falta de la suficiente gravedad, como agredir a un docente o acosar a un compañero. Es decir, una secuencia de acción-reacción. En la actualidad, eso no existe. Para poder expulsar a ese alumno, antes se deben reunir todos los miembros del Consejo Escolar del centro -el máximo órgano de decisión, que agrupa a padres, profesores y alumnos-, estudiar el caso, los informes y la propuesta del director. La decisión definitiva se podía diferir en el tiempo durante varios meses. Y, mientras tanto, el alumno conflictivo seguía en el aula. El consejero puntualizó ayer que en los últimos meses los centros ya aplicaban la filosofía del actual decreto en los casos graves. "Cuando se detectaba un caso de acoso se cambiaba al maltratador de clase o de centro, y lo mismo si había agredido a un docente", dijo.

El nuevo decreto en el que, entre otras cosas, se catalogan las faltas del alumnado según su gravedad y se detallan las sanciones que conllevan era una reclamación a voces de los docentes. La aplicación de la actual normativa no sirve para atajar los conflictos, zanja Javier Nogales, representante de CC OO, sindicato mayoritario entre los docentes de la red pública. "En la escuela, lo primero es la educación. Lo punitivo es secundario, pero las normas son para cumplirlas y el castigo también tiene un valor pedagógico, sobre todo si es inmediato. Las aulas no pueden ser un espacio de impunidad", dice. Desde la Asociación de Padres de la Escuela Pública de Guipúzcoa, su coordinador, Imanol Zubizarreta, apunta la satisfacción de los padres con el nuevo decreto: "Los docentes y el director recuperan la autoridad y eso es bueno. Los alumnos tienen que tener claro que sus actuaciones van a tener consecuencias".

Según los últimos datos sobre acoso escolar correspondientes a este año, el 15,5% de los alumnos de Primaria (17,7% en 2005) y el 10,6% de Secundaria (11,9% en 2005) asegura que ha sufrido algún tipo de maltrato por parte de compañeros.

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Tres inspectores de Educación presentaron ayer la guía.SANTOS CIRILO

LAS OPINIONES DE LOS RESPONSABLES DE LOS COLEGIOS

"Se clarifica la forma de actuar"

Aintzane Monteverde, directora del colegio concertado Escolapios de Bilbao resalta que el nuevo decreto ayudará a la dirección y al profesorado a terminar con la incertidumbre a la hora de aplicar la disciplina. "El sentido común existe en los colegios y eso significa que, en mayor o menor medida, la inmediatez a la hora de las sanciones se aplica". En caso contrario, "ni el chaval se acuerda, ni la familia le da valor y el profesorado piensa que queda deslegitimado". Monteverde añade: "El no saber si puedes hacer algo te hace no actuar. El decreto clarifica la situación sobre la disciplina. Cuando quieres a los chavales las medidas educativas salen".

"Con el diálogo se gana la autoridad"

Jesús Rubianes, responsable de Disciplina y Convivencia del colegio concertado Askartza-Claret, de Leioa, aplaude la iniciativa. "El decreto es una muestra de que Educación se moja en la defensa de la convivencia". Destaca el hecho de que se acorten los plazos para aplicar sanciones y atajar las conductas reincidentes. "Si lo utilizamos bien, el decreto va a funcionar". Para Rubianes, la autoridad se encuentra cuestionada socialmente, pero tanto la de los profesores como de los padres. "No se trata de mano dura. La autoridad hay que ganársela con el diálogo y a base de convencimiento, pero si no hay autoridad familiar, la del colegio cae en saco roto".

"Los padres deben cambiar"

Rafael Masa, miembro de la comisión de Disciplina y Convivencia del colegio Askartza-Claret, de Leioa, y primer Defensor del Menor, cargo al que renunció a los cuatro meses por falta de medios, destaca la idea de que "los que tienen que cambiar son los padres y las madres" para volver a poner en valor la autoridad. "Los problemas no los tenemos con los alumnos, que saben medir dónde está el adulto y quién es el que manda", dice. Aplicar un castigo en consenso con la familia puede resultar algo muy interesante, apunta, pero añade que "se corre un riesgo porque se puede volver en tu contra. Es necesario que la familia esté muy concienciada".

"Necesitamos tener respaldo"

Para Alberto Pérez, director de la ikastola Toki Eder, de Irún, "la autoridad se gana con el día a día". Se muestra satisfecho con la capacidad que el nuevo decreto concede a los directores, pero apunta que "alrededor de eso hay muchas más cosas". "Un director tendrá autoridad y podrá ejercerla cuando quien está alrededor, como familias, departamento, sociedad, le respalden". En su centro, el decreto "no va a aportar mucho porque llevamos mucho tiempo trabajando así". Lo importante es que los equipos directivos estén implicados y para eso es preciso incentivarles. "Este es el único país donde no hay candidaturas para la dirección. Por algo será".

"Educar bien es la mejor medida"

Xabier Mendiguren, coordinador de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Secundaria-BIHE, resalta el camino que el decreto abre desde el punto de vista educativo. "Antes de intentar corregir lo que son los comportamientos inadecuados, está la parte educativa. Educar bien es la mejor medida. Para eso están los planes de convivencia". Conseguir el autocontrol de los alumnos es su objetivo. "Los estudiantes deben darse cuenta de los beneficios que eso tiene para la sociedad y sus compañeros. Se trata de que adquieran habilidades sociales para comunicarse. Del resultado de eso, mejorará mucho el clima escolar en los centros".

El decreto

- Conductas inadecuadas. La impuntualidad, faltas de asistencia o deteriorar el material del centro conllevarán la petición de disculpas y la realización de alguna tarea que ayude a comprender a los infractores lo erróneo de su conducta.

- Conductas contrarias a la convivencia. La desobediencia a los profesores, sustraer exámenes, alterar boletines de notas, grabar a compañeros o profesores con móviles pueden castigarse con el cambio de clase, realización de trabajos educativos, suspensión de la asistencia a clase o actividades extraescolares o apercibimiento en presencia de sus padres.

- Conductas graves para la convivencia. La insubordinación, el acoso escolar, la agresión al profesorado, los insultos racistas, grabar a los compañeros o profesores con telefónos móviles u otro tipo de dispositivos contra su voluntad serán castigadas con el traslado a otro centro. Si el infractor no lo acepta, se le expulsará.