El fiscal reclama a Vizcaya la base jurídica de los convenios con Habidite
Diputación deberá contestar si Macua le consultó sobre el IVA de las cooperativas
El juez José María Eguía, que sigue la causa abierta contra el grupo Afer, se ha interesado por la esencia de los tres convenios que la empresa Habidite, propiedad de Jabyer Fernández, firmó en diciembre de 2006 con el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao. El incumplimiento de estos acuerdos, cuyas causas siguen aún sin dilucidarse, fundamenta gran parte de la polémica judicial abierta a raíz del impago a la Hacienda foral de este territorio de más 43 millones de euros en concepto de IVA pendiente por la empresa Iurbenor, también propiedad de Fernández, tras la venta de unos terrenos en Lutxana (Barakaldo), en la operación inmobiliaria denominada Puerta de Bilbao.
El fiscal del caso ha reclamado a la Diputación, con fecha 3 de junio, que le remita las razones jurídicas que fundamentan los tres convenios firmados por Bilbao con Fernández, con fecha 15 de diciembre de 2006. Dos de ellos corresponden a Bizkailur, una empresa pública foral, y el tercero a la propia Diputación. Los tres acuerdos fueron dispuestos para la posterior firma por Fernando García Macua, entonces consejero delegado de Habidite, e Iñaki Hidalgo, diputado foral.
La irrupción de los convenios devuelve ahora el 'caso Afer' a sus orígenes
Un informe foral oculta datos de cómo se retrotrajeron las acciones de Habidite
Macua dice que nunca ha actuado personalmente en las coopeativas
En el mismo escrito, el fiscal también solicita de Diputación que la confirme si dispone de la petición cursada por García Macua en la que éste le llegó a consultar acerca de los pagos tributarios correspondientes a Iurbenor en 2008. Este requerimiento judicial es consecuencia directa de un informe presentado en marzo de 2010 por el inspector de la Hacienda vizcaína Javier Alonso y en el que se aludía a esta intervención requerida por Macua.
La respuesta desde Diputación a este segundo requerimiento tiene una indudable importancia ya que todo indica que el juez se ha detenido con especial interés en desentrañar las razones sobre los pagos de IVA en 2008 correspondientes a la operación de Iurbenor con las cuatro cooperativas de la promoción Puerta de Bilbao. El posible impago de 1,8 millones de euros ha sustentado la imputación de Macua como asesor fiscal de la compañía y de Emilio Prieto. Macua ha reconocido que ya está informado de esta diligencia solicitada por el fiscal. Según declaró a este periódico, "nunca he tenido una intervención personal en el tema de las cooperativas".
Con esta primera exigencia a Diputación relativa a los convenios de Habidite, el caso Afer recupera un foco de atención del que carecía y sobre el que los ahora acusados siempre han depositado el origen de sus múltiples reclamaciones tributarias y judiciales. De hecho, Fernández esgrimió los convenios como garantía en su petición de aplazamiento, el pasado 24 de abril de 2009, del pago de los 43 millones de IVA, ofrecimiento que fue denegado por Hacienda un mes y medio después.
Para Habidite, estos acuerdos con Diputación, que suponían el desarrollo tecnológico y la novedosa construcción de pisos por módulos, constituían la base de su futura expansión industrial, a la que, de hecho, acompañaron de una frenética creación de empresas en el sector inmobiliario. A tal punto confiaba su dueño en la eclosión económica del proyecto de Habidite en Vizcaya que ha llegado a cifrar en 300 millones las pérdidas causadas por el bloqueo de los polémicos convenios.
Desde Diputación, conscientes con el paso del tiempo del desgaste político que puede suponer el desenlace judicial de este tema, Bilbao ha llegado a admitir que "hoy habríamos hecho las cosas de otra manera". Ahora mismo, todas las miradas se dirigen a Bruselas, a donde el diputado general envió sólo los dos convenios de Bizkailur con Habidite para que la Comisión Europea autorice las cuantiosas ayudas comprometidas que conllevan. Eso sí, esta consulta a la UE se produjo dos años después de la firma.
La respuesta europea, de hecho, puede ser un arma de doble filo para Vizcaya. Si Bruselas falla que no hay razones jurídicas, Habidite reclamará porque el propio diputado general puso su firma en los convenios, como garantía de cumplimiento de las condiciones fijadas. Y si autoriza las contraprestaciones económicas, la empresa de Fernández reclamará los perjuicios por la demora en la operación.
No se descarta que en su respuesta obligada al fiscal, Diputación alegue que sigue pendiente de la respuesta de la UE. La contestación podría producirse en las próximas fechas según viene ocurriendo en casos similares, aunque no hay un plazo límite. Mientras tanto, Vizcaya también deberá contestar al juzgado sobre si tiene constancia de la consulta de Macua, desvelada en sede judicial.
Y es que la tributación fiscal por la compraventa de parcelas a las cuatro cooperativas de Puerta de Bilbao se ha convertido en otro foco de interés para el juez Eguía hasta el punto que supuso la imputación de Macua y Prieto. Incluso, las declaraciones en el juzgado, el 28 de mayo, de Javier García, director de las gestoras de las sociedades cooperativas del proyecto, no han ayudado a los dos imputados. García aseguró que la decisión de no devengar el IVA se hizo en el despacho de García Macua y que Prieto estuvo presente.
En sede judicial ha trascendido que el hermano del presidente del Athletic asesoraba a las cuatro cooperativas. Este extremo no fue ratificado por Macua, quien admitió, eso sí, de que en su despacho "donde trabajan 16 personas" se han atendido cuestiones relativas a las cooperativas, "pero no por parte personal de mi hermano directamente", aseguró.
Ante su imputación, Macua basa su defensa en que se limitó a elaborar las declaraciones fiscales con los datos aportados por Iurbenor. "Me remitían los datos, les enviaba la declaración y al no recibir indicaciones en contra, se presentaba tal cual", viene insistiendo. Hacienda corrobora la versión de Macua de que "había IVA compensado y no procedía declaración alguna". A su vez, el inspector foral Javier Alonso sostiene que la irregularidad tributaria se produjo en el primer trimestre de 2009, cuando ya Macua había abandonado su función de asesor legal en Afer. Jabyer Fernández, en cambio, se justifica diciendo que el cometido de asesor legal en 2008 era competencia de Macua.
La labor de las dos peritos de Hacienda
Margarita Grade de Capua y Edurne García, dos auxiliares forales que han actuado como peritos por parte de Hacienda sin disponer de esta cualificación para realizar un informe sobre la trazabilidad del dinero de las cuentas de Iurbenor -solicitado por el juez-, podrían ser llamadas a declarar ya que han omitido voluntariamente datos de especial significación para la causa en curso contra la gestión de Jabyer Fernández.
Según denuncian desde el grupo Afer, en el trabajo de ambas peritos se oculta la operación de venta de acciones de Habidite a pesar de que obraban en su poder los documentos acreditativos de las sucesivas transacciones y de que fueron advertidas del perjuicio económico que podrían causar si se mantenían en su error. Como primera reacción, Iurbenor y Habidite interpusieron sendas reclamaciones contra las diligencias de embargo. Luego, lógicamente, las ratificaron una vez que la administración concursal reconoció el pasado 4 de mayo que ya se habían devuelto los 779.000 euros procedentes de la retroacción de una venta de acciones de Habidite. Quedaba demostrado que la empresa firmante de los convenios con Diputación e Iurbenor habían retrotraído la venta de acciones entre mayo y septiembre de 2009, reintegrando todas las cantidades.
Las dos peritos redactaron el informe requerido para estudiar las cuentas de Iurbenor, pero ensancharon el campo de investigación y así escrutaron los movimientos económicos de Habidite y de otras empresas del grupo Afer a pesar de que en marzo de 2009 Habidite procedió a la venta de acciones por valor de 6,2 millones y ha quedado demostrada documentalmente ante el juez de lo mercantil. Este olvido permitió componer un voluminoso cruce de transacciones mercantiles entre empresas en el que figuran proveedores de Habidite y otras sociedades del grupo Afer como receptores, en segunda derivada, de dinero por parte de Iurbenor. Este prolijo intercambio fue detallado el pasado 20 de mayo por un diario vizcaíno. EL PAÍS, que también dispone de este voluminoso informe, no lo publicó tras comprobarse la inexactitud del origen de las cuantiosas operaciones.
El olvido de que se había retrotraído la venta de acciones de Habidite también se detectó en el trabajo realizado en enero de 2010 por los tres administradores concursales. De hecho, Jabyer Fernández, como administrador único de Iurbenor, les remitió los justificantes de las operaciones. No obstante, Maria Jesús Garai Alonso, nombrada por Diputación, Raúl de Buies y Francisco Javier Escobosa no lo recogieron inicialmente en su informe. Finalmente, Iurbenor envió el 17 de febrero las pruebas al juzgado directamente y ya en mayo quedó reconocida la devolución íntegra.
Pero los abogados de Afer se han detenido en la labor de las peritos Grade de Capua y García. El pasado 10 de junio, Iurbenor solicitó a estas dos inspectoras que ratifiquen su condición de peritos, cualificación de la que carecen según admitieron personalmente. Esta circunstancia les eximiría de toda responsabilidad ya que no estarían obligadas a la objetividad exigible a un trabajo pericial.
A su vez, en un seguimiento vigilante de la labor desplegada desde Hacienda sobre las empresas del grupo Afer, Fernández ha decidido presentar una querella, ahora recurrida ante la Audiencia de Vizcaya, contra el jefe de inspección de este organismo foral por irregularidades en la denegación del aplazamiento de los 43 millones de IVA, decisión que abrió la caja de los truenos de este intrincado proceso judicial.
El origen del caso
- Habidite nace para fabricar y comercializar viviendas montadas a base de módulos. Jabyer Fernández es su principal dueño.
- En diciembre de 2006 firma con Diputación tres convenios para instalar en Alonsótegui (Vizcaya) la fábrica que iba a crear 1.100 empleos y habilitar 1.500 viviendas, que pueden suponer entre 250 y 300 millones de euros, además del desarrollo en I+D.
- Con el paso del tiempo, el proyecto sigue sin arrancar. El asentamiento del terreno se realiza de manera irregular a juicio de Habidite, que lo advierte sin éxito a Diputación.
- El incumplimiento abre la guerra entre Fernández y José Luis Bilbao. Vizcaya dice que mantiene el proyecto, pero con otros empresarios. El dueño de Habidite ve cómo Diputación anula varias obras adjudicadas como el Palacio de Deportes de Miribilla. Hacienda reclama a Fernández 43 millones de IVA procedente de la venta de terrenos de Puerta Bilbao y no acepta el aplazamiento. La batalla judicial se libra ahora en varios frentes.
