El fisco echa humo

El edificio central de la Hacienda de Guipúzcoa fue asaltado e incendiado en la madrugada del 13 de junio de 2005. En esos momentos estaba en curso una auditoría interna sobre abultadas irregularidades en expedientes tramitados por José María Bravo, jefe de la oficina tributaria de Irún y hermano del ex director del fisco guipuzcoano Víctor Bravo. No se ha podido demostrar una relación causa-efecto entre lo uno y lo otro. Pero la realidad es que la sede del fisco ardió -en circunstancias muy extrañas- cuando se investigaba una trama corrupta que pudo ocasionar un quebranto a la Hacienda foral superior a los ocho millones de euros.

Desde aquel suceso intencionado, en los círculos políticos queda la sospecha de que el incendio de la sede del fisco -el fuego tenía varios focos, las alarmas y cámaras de seguridad fueron desactivadas, y varios despachos aparecieron revueltos- se maquinó con la finalidad de hacer desparecer pruebas evidentes del anómalo funcionamiento de la Hacienda guipuzcoana, controlada durante cinco lustros por el PNV. Alguien pudo temer que en el futuro podían salir a flote otros escándalos económicos: el del peneuvista Jon Jauregi que tuvo que renunciar a ser candidato a diputado general porque se descubrió que ocultó al fisco parte de su patrimonio o el caso que implica al director de la Hacienda entre 1991 y 2003 y ex senador del PNV, Víctor Bravo, por las ayudas ilegales concedidas a la empresa catalana Glass Costa Este Salou. En todos, el PNV resulta salpicado de un modo u otro.

No se demostró si había conexión entre el fuego y una auditoría interna

El fuego provocado no consiguió evitar que la auditoría sobre la Hacienda de Irún llegara a término. Los resultados se conocieron apenas tres meses después del incendio, en agosto de 2005, y se pusieron en conocimiento de la Fiscalía un año después. Para entonces, el equipo dirigido por Joxe Joan González de Txabarri ya había relevado a Víctor Bravo al frente de la Hacienda, aunque el PNV premió a éste con un escaño en el Senado.

La actuación de la justicia, que ha necesitado tres años para culminar la instrucción del caso Irún, ha confirmado y ampliado el alcance de las corruptelas denunciadas por el fiscal. José María Bravo deberá defenderse de nueve delitos -alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, y dos más por estafa-. Durante ocho años (1995-2003), mientras su hermano Víctor era director de Hacienda, aquél se dedicaba a negociar con contribuyentes que tenían deudas, con quienes acordó rebajas o aplazamientos a cambio de pagos en metálico. El fraude se pudo cometer de forma impune porque Víctor Bravo se encargó de neutralizar los sistemas de prevención y control internos, como pudo acreditar en 2009 la comisión de investigación de las Juntas Generales sobre este caso.

Parte de los fondos recaudados a los morosos nunca llegaron a Hacienda, sino que supuestamente fueron al bolsillo de José María Bravo -se apropió de 2,1 millones, según el juez- o se ingresaron en cuentas de empresas interpuestas. Una de estas sociedades es Ekialde 4021, SL, cuya propiedad compartían Víctor Bravo y el depuesto jefe de la oficina técnica del diputado general de Guipúzcoa, Rufino Eizaguirre. Tiene su domicilio fiscal en la avenida de Tolosa, número 11, de San Sebastián, un vivero de firmas del sector inmobiliario, entre las que figura Glass Costa Este Salou.

Víctor Bravo y Eizaguirre, precisamente, están acusados por el fiscal de participar en un presunto fraude cometido por Glass, donde ambos son socios y cuyo principal accionista es Fernando González Enfedaque. El ex director de Hacienda ocultó a sus superiores que tenía una participación del 7,1% en la mencionada empresa cuando ésta se beneficio de cuantiosas ayudas tributarias (al menos 2,1 millones) que no le correspondían porque falseó tener su sede fiscal en la capital guipuzcoana.

Los partidos del Parlamento provincial han concluido, sin excepción, que Víctor Bravo controlaba a su antojo el funcionamiento de la Hacienda foral, que asumía funciones de inspección contrarias a la transparencia profesional y política. La investigación de las Juntas ha certificado que en la sede incendiada de Errotaburu había un "armario del director" donde se guardaban hasta 146 expedientes que Bravo manejaba sin la supervisión de nadie.