El gran comercio acoge con cautela la obligación de atender en euskera
Las empresas y establecimientos tienen de dos a cuatro años para adaptarse
Las reacciones al decreto del Gobierno vasco sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, que obliga a los grandes comercios y grandes empresas a atender a sus clientes tanto en euskera como en castellano, no se han hecho esperar.
El incumplimiento de las obligaciones previstas conllevará sanciones
Los establecimientos y firmas afectadas acogieron ayer el texto con cautela. Necesitan un tiempo para analizarlo con detalle y concretar cómo se van a organizar para cumplirlo en su totalidad y en los plazos marcados: de dos a cuatro años. En cambio, los principales partidos de la oposición, el PSE y el PP, se opusieron frontalmente al decreto. Calificaron el documento de "imposición" y no descartaron la posibilidad de llevarlo a los tribunales, al entender que vulnera la libertad individual de comerciantes y empresarios.
El decreto, que excluye al pequeño comercio y a las microempresas, desarrolla la ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de 2003. Es decir, materializa el derecho que tienen a "recibir en euskera y castellano la información sobre bienes y servicios", así como el derecho a "usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas y establecimientos, debiendo estos estar en condiciones de poder atenderles" en los dos idiomas, recoge la citada ley. El incumplimiento de las obligaciones establecidas constituirá una infracción de consumo y será sancionable.
El Corte Inglés de Bilbao es uno de los grandes comercios afectados por el nuevo decreto. "Hay que acatarlo", así que "ahora habrá que mirarlo con detenimiento para ver cómo nos adaptamos y lo cumplimos en los plazos dados, como las demás leyes", comentó un portavoz de la empresa. Admitió que el establecimiento no es bilingüe, pero destacó que tampoco parte de cero, pues parte de su megafonía y de su información escrita se emite ya en euskera. Del mismo modo, una parte de su personal habla vasco, pero tendrán que "analizar si es suficiente o no".
Al director de la FNAC de San Sebastián, Iñigo Zumeaga, le parece "razonable" el decreto. A la espera de estudiarlo con detalle, no cree que le vaya a suponer mayores cambios. El 60% de los empleados es bilingüe. La cartelería fija y la documentación está ya en euskera y castellano. "Quizá tengamos que hacer un esfuerzo en campañas puntuales", indicó.
La patronal vizcaína del comercio, Cecobi, insistió en que la incorporación del euskera a los comercios debe realizarse bajo las premisas de "la progresividad y la colaboración" entre éstos y la administración pública.
Tanto Renfe como Teléfonica apuntaron que necesitan "tiempo" para analizar el decreto. Ahora bien, la compañía ferroviaria reconoció que los mayores esfuerzos los tendrán que hacer en el personal que atiende al público. Por su parte, la firma telefónica destacó "el esfuerzo" que han realizado en los últimos años, de manera que, por ejemplo, ya ofrecen en euskera la facturación y la atención al cliente, a lo que se suman 50 modelos de terminales de telefonía móvil con el menú en lengua vasca.
Aplicación del decreto
- Empresas y establecimientos afectados: Independientemente de su tamaño, aquellas empresas que presten servicios universales o de interés general: telefonía, ferroviarias, transporte aéreo regular, transporte público regular de pasajeros por carretera y suministradoras de energía eléctrica y gas natural.
- Los establecimientos que pertenezcan a empresas que empleen a más de 250 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual superior a 50 millones de euros.
- Los establecimientos de más de 400 metros cuadrados ubicados en las tres capitales o en aquellos municipios con más de un 33% de población bilingüe.
- Los establecimientos que tengan en plantilla a más de 15 trabajadores que presten atención al público.
- Entidades financieras y de crédito, constructoras y empresas que vendan o arrienden viviendas.
- Obligaciones lingüísticas: Comunicaciones escritas: señalización, rótulos y carteles, impresos y catálogos, contratos y condiciones generales, facturas y presupuestos.
- información oral y de atención al público: los establecimientos, además de emitir los mensajes por megafonía en euskera y castellano, deberán disponer de empleados que puedan atender a los clientes en ambos idiomas.
Baztarrika: "Es un decreto progresivo"
El Consejo de Gobierno aprobó el martes el decreto sobre los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, que supone un paso cualitativo del Ejecutivo para impulsar el uso del euskera, ya que salta a la esfera privada. Entrará en vigor en unas tres semanas, una vez publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Ayer, el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, se encargó de desgranar en San Sebastián los detalles del texto con la ayuda del viceconsejero de Comercio, Consumo y Seguridad Industrial, Rodrigo García. Y lo hizo sabiendo que iba a generar críticas.
Por eso, se adelantó y se dirigió a quienes puedan considerar que el decreto es "demasiado". "No teman, no es nuestra intención ni nuestro deseo marginar el castellano. Lo que realmente queremos es que el euskera, junto con el castellano, tenga su espacio, pues ambas lenguas son nuestras, son de aquí y son oficiales", recalcó. Y añadió: "No queremos presionar lingüísticamente a nadie. El objeto del decreto es garantizar a los consumidores el derecho lingüístico que les asiste" y "lo queremos hacer poco a poco, de manera progresiva, flexible y con apoyos institucionales".
También tuvo palabras para quienes puedan creer que el decreto es "insuficiente". A ellos le comunicó su convencimiento de que la política lingüística "debe ser ponderada, realista, flexible y pragmática", pues "los voluntarismos terminan siendo papel mojado".
Ayudas económicas
"No se trata de imponer ni de sancionar", aseguró a su vez García, quien insistió en que se ha diseñado una adecuación "progresiva", con plazos de dos a cuatro años en función de las medidas a adoptar. Una adecuación que "atiende a la realidad sociolingüística" y se centra en las empresas y establecimientos con "más potencial económico" para hacer frente a las obligaciones dispuestas y con un mayor número de relaciones de consumo.
Y se detuvo en los comercios. El decreto afectará a unos 2.000 grandes establecimientos, que representan el 6,5% del total de comercios del País Vasco. Ahora bien, suponen un 35% de la cuota de mercado y un 45% de la superficie total de venta.
En cuanto a las sanciones económicas previstas, establecidas en la ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, García y Baztarrika aseguraron que no se van a "obsesionar" con ellas, si no que impulsarán el cumplimiento del decreto "a través de otro tipo de vías", como las ayudas económicas.
El Gobierno publicará en las próximas semanas una convocatoria de ayudas por importe de 600.000 euros. Esta convocatoria tendrá carácter anual y semantendrá al menos durante los cuatro años previstos para la adaptación al decreto.
