Un grito a favor de los autores
Los artistas plásticos exigen a las instituciones públicas que respeten sus derechos morales y económicos
El director del museo Chillida Leku, Luis Chillida, ganó en su día un torneo de tenis premiado con una escultura. Hasta ahí, nada extraño. La sorpresa llegó al ver que esa pieza era una reproducción de El Peine del Viento, una de las obras emblemáticas de su padre, Eduardo Chillida. Al artista donostiarra le dolió tanto lo "mal hecha" que estaba la escultura como que se hubiera moldeado sin consultarle.
Luis Chillida relató ayer esta anécdota en San Sebastián durante la rueda de prensa organizada por Visual Entidad de Gestión de Autores Plásticos (VEGAP), una de las asociaciones que gestiona los derechos de propiedad intelectual en España, para denunciar precisamente la falta de respeto a los derechos de autor, tanto morales como económicos.
El director de VEGAP, Javier Gutiérrez Vicén, criticó a los museos Guggenheim de Bilbao y Artium de Vitoria, de titularidad pública, porque, según opinó, su política museística se asemeja a la de "las empresas dedicadas a la necesidad de obtener beneficios al cierre del ejercicio". Eso, añadió, les lleva a "presionar a los artistas para que cedan sus derechos de autor", lo que impide que "perciban las remueraciones equitativas que les corresponden de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual". "Especulan de una manera vergonzosa con los derechos de naturaleza humana. Es decir, se enriquecen las arcas de unas instituciones que, por su naturaleza, no deben enriquecerse, porque están al servicio de toda la ciudadanía", apostilló.
Gutierrez Vicén extendió sus acusaciones de "especulación" a las obras que lucen en espacios públicos. Así, explicó que en España, en contra de lo que ocurre en el resto de Europa, es posible reproducir una obra de arte instalada en la calle o hacer negocio con ella sin contar con el permiso de los autores, con lo que ello supone de perjuicio para los artistas.
Puso como ejemplo los anuncios publicitarios. Y citó también el caso concreto de Martín Chirino. El escultor donó una obra a Las Palmas, que ahora es utilizada "sistemáticamente" por un partido político -no especificó cuál- para sus carteles propagandísticos. Ante esta situación, VEGAP, que representa a más de 1.700 creadores, exige una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual española, pues "limita inadecuadamente" los derechos de autor.
Andrés Nagel y Agustín Ibarrola son dos de los escultores vascos que cuentan con obras en espacios públicos. Ambos reclamaron a las instituciones que cumplan con su obligación de "respetar los derechos morales" de los autores a los que encargan trabajos o de quienes reciben piezas donadas. ¿Cómo? Reparando los daños que sufren esas obras. Pero también evitando que sean cambiadas de lugar o que ese espacio se transforme.
Las características del lugar "influyen a la hora de pensar la escultura: cómo la haces, qué proporciones tiene, qué materiales utilizas...", comentó Nagel. "El que transporta la escultura la está manipulando", subrayó, preocupado porque Amorebieta "amenaza" con quitar una obra suya del sitio que ocupa. El trabajo artístico de Agustín Ibarrola situado en entornos naturales ha sido atacado más de una vez. Esto, apuntó, "da una imagen nefasta, incívica y muy poco culta de la sociedad vasca".
El puente de Calatrava
El penúltimo capítulo del debate sobre la vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual es el del puente Zubi Zuri de Bilbao, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, quien pide tres millones de euros de indemnización al Ayuntamiento si no se derriba la conexión con su pasarela diseñada por Arata Isozaki y realizada sin su permiso.
Fernando Villalonga, representante legal de Calatrava, subrayó ayer que cuando una institución, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, encarga a un arquitecto de renombre un trabajo, sabe que está encargando "una obra de arte" y "no una construcción cualquiera". "Se está encargando una obra singular y la Ley de Propiedad Intelectual la protege", defendió. Así lo ha reconocido un auto judicial, que, en contra del criterio del consistorio, sostiene que el caso ha de dirimirse en un juzgado de lo Mercantil.
"La ley hay que aplicarla", dijo el abogado, al tiempo que se lamentó de que para ello haya que acudir a los tribunales y, "encima, ser insultado", en referencia a los calificativos de "pesetero" que ha recibido el arquitecto valenciano. El letrado criticó además al Ayuntamiento bilbaíno por tratar de presentar este conflicto "en términos no reales". "No es una lucha entre arquitectos", aseguró.
