La investigación de las compras de suelo llega al Parlamento

La comisión especial que investigará en el Parlamento las presuntas irregularidades de gobierno anteriores desveladas por los casos De Miguel y Tellería, inició ayer su trámite avalada con la firma y la presencia de los representantes del PSE-EE, el PP, EA, EB y UPyD, las cinco fuerzas que han respaldado su constitución.

Como incorporaciones de última hora a sus cometidos, la comisión abrirá su tarea a investigar compras y recalificaciones de suelo realizadas tanto en Álava como en Vizcaya. Se investigará, dice el texto, "el objeto de las operaciones, finalizadas o no, de recalificaciones de grandes cantidades de suelo en diferentes localidades de Álava y Vizcaya". La referencia expresa deja la puerta abierta a la revisión por los parlamentarios de operaciones como las desarrolladas en la localidad alavesa de Zambrana o las vizcaínas de Abanto y Santurtzi.

El PSE sigue buscando que otro grupo presida la comisión

En la primera, sobre la que existe una denuncia anónima, y el juez Roberto Ramos podría abrir una tercera causa, se produjo una compra masiva de terrenos por una empresa captada por personas del círculo de confianza de Alfredo de Miguel, cuando el pueblo, gobernado por el PNV, se barajaba como localización de una central térmica. De Miguel se volcó luego en defensa de la recalificación desde su puesto en la Diputación, y pese a la oposición de EA que dirigía Medio Ambiente del Gobierno. Él mismo echó el freno tras perder el PNV el poder, pero con un defecto de forma que permitió a la empresa recurrir. Es el núcleo de lo que podría convertirse en el caso Zambrana . En la segunda, el episodio fue la adquisición por Sprilur, sociedad del Gobierno presidida por el hoy imputado Antton Zubiaurre, de unos terrenos rústicos, poco practicables para actividad industrial alguna, y por unas cinco veces su valor. El vendedor fue J. C. A. B., primo del dirigente del PNV Andoni Ortuzar.

De la foto que ofreció el registro de la iniciativa ayer resulta especialmente significativo que dos miembros de los dos últimos Gobiernos tripartitos de Juan José Ibarretxe, EA y EB, hayan prestado su firma, y apenas un año después, a una investigación en cuya justificación se apuntan graves presuntas irregularidades sobre cargos de su socio, el PNV. Más aún cuando es más que previsible que al menos tres consejeros de esos gobiernos de los que EA y EB formaron parte, Miren Azkarate (Cultura) Ana Aguirre (Industria) y Javier Balza (Interior) vayan a ser llamados a declarar ante la comisión. La primera por contratos adjudicados, la segunda por la ampliación de los terrenos del parque de Miñano y el último por la implicación de dos agentes de la policía vasca en el supuesto espionaje a políticos y empresarios.

En la investigación sobre Zambrana, EA y sus responsables en el anterior Gobierno pueden resultar decisivos, porque fueron los únicos que se opusieron en la COPU a la recalificación de los terrenos en cuestión. El parlamentario de esa formación, Juan José Agirrezabala, alto cargo él mismo del Gobierno anterior, dijo que el código ético de su partido obliga a apoyar cualquier comisión de investigación.

El respaldo obtenido garantiza a la iniciativa 41 votos sobre 75. Fuera de ese respaldo ha quedado el PNV, tal y como su ejecutiva decidió el lunes, y como principal afectado como responsable de los departamentos del anterior Gobierno donde presuntamente se habrían dado las irregularidades. Tampoco Aralar prestó su firma. Ambos han visto intenciones "electoralistas" en la iniciativa y han preferido mantenerse al margen. La ejecutiva del PNV decidió también que su Grupo Parlamentario enmiende a la totalidad el escrito registrado ayer. Su portavoz, Joseba Egibar, consideró que el primer borrador que se presentó a su partido contenía "una sentencia", y, pese a reconocer que la redacción final respeta la presunción de inocencia, dijo que las declaraciones de dirigentes de otros partidos la hace "saltar por los aires. El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, deploró la falta de unanimidad en el respaldo, máxime después de haber introducido los proponentes "cautelas" para evitar "juicios a priori", dijo. No ha habido "ningún ánimo electoralista" ni de "revanchismo", sino la intención de fomentar en la política "los bolsillos de cristal". El PSE espera que EA, EB o UPyD presidan la comisión. El popular Leopoldo Barreda llamó al PNV a contribuir a aclarar lo sucedido en el convencimiento de que "la confusión entre partido e instituciones" está en el origen. Gorka Maneiro (UPyD) destacó la importancia de mostrar a la ciudadanía que "nadie está por encima de la ley".