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La juez rechaza reabrir el 'caso Enaitz' a pesar de las nuevas pruebas

Reprocha al fiscal que cambiara de criterio por la carga "mediática" del asunto

Alrededor de las 12 del mediodía de ayer, Rosa Trinidad recibía la llamada que llevaba esperando desde hace días. Pero la respuesta no fue de su agrado. "La juez ha denegado la reapertura", le anunció la procuradora que lleva el caso de su hijo. Así se enteró la madre del joven Enaitz Iriondo de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Haro (La Rioja) rechazaba reabrir el proceso penal contra Tomás Delgado, el hombre que atropelló y mató a su hijo de 17 años en Castañares de Rioja el 26 de agosto de 2004, y que posteriormente les demandó exigiendo 20.000 euros por los daños ocasionados a su Audi A8.

El sobreseimiento "produce efectos de cosa juzgada", señala el auto
"He hecho lo que he podido", afirma el fiscal de La Rioja, que recurrirá

El fiscal superior de La Rioja, Juan Calparsoro, pidió el pasado 29 de abril la reapertura tras meses de diligencias, por considerar que existían "nuevos elementos probatorios" para juzgar a Delgado por un delito de homicidio por imprudencia grave. Sin embargo, la juez Marta Iciar Fernández-Hierro dictaminó en su auto que el caso fue archivado en 2004 mediante sobreseimiento libre, "que produce efectos de cosa juzgada, y que impide la reapertura del proceso" aun cuando aparezcan nuevos elementos de prueba.

Debido a ello, la magistrada afirma que "carece de sentido" entrar a valorar el resto de las diligencias llevadas a cabo por Calparsoro, que apuntan a que el atestado de la Guardia Civil con el que se desestimó la vía penal en 2004 contra Delgado era erróneo. La magistrada, que dirige en su auto duros reproches para la Fiscalía, no comparte los argumentos presentados por Calparsoro, que intentó demostrar que el sobreseimiento de 2004 era provisional debido a varios fallos de procedimiento.

En este sentido, destaca "el sorprendente y diametral cambio de criterio experimentado por el Ministerio Público", que en 2006, en el recurso presentado por la familia de la víctima, también dio por cerrada la vía penal contra Delgado, al considerar ya juzgado el caso. "Y no ha sido hasta el año 2008, cuando este asunto ha despertado un inusitado interés en los medios de comunicación, cuando el ministerio fiscal se ha molestado en instruir unas completísimas diligencias informativas (algo totalmente inusual en la práctica diaria en los tribunales)". Añade la juez que "atenta contra la más mínima y esencial seguridad jurídica" consagrada en la Constitución intentar revisar, después de cuatro años, un auto de sobreseimiento libre, y concluye: "Resulta inquietante pensar que pueda haber sido la trascendencia mediática del asunto la que haya motivado este cambio de criterio jurídico" en la fiscalía.

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"He hecho lo que he podido y respeto la decisión de la juez, aunque mi intención es recurrir", declaró ayer por teléfono Calparsoro. El fiscal también recordó que en su escrito de 2006 apoyó la decisión del tribunal de Haro de desestimar el recurso de los Iriondo "porque los datos que había entonces daban a entender que el hecho no constituía ningún delito". Y también recordó que en el mismo escrito expuso "que un sobreseimiento tan prematuro no debería impedir una reapertura en caso de aparición de nuevos elementos probatorios".

En las diligencias informativas presentadas la pasada semana, Calparsoro argumentaba precisamente eso: que Delgado circulaba a casi 160 km/h, según el nuevo atestado realizado por la Unidad Central de Reconstrucción de Accidentes, cuando el primer informe que indicaba que iba a 113 por hora en un tramo limitado a 90. También indicaba que el conductor pudo ver al ciclista con tiempo suficiente para realizar una maniobra de frenada, que la colisión fue por alcance y que la tasa de alcohol de Delgado (0,23-0,27 mg, cuando el límite legal es 0,25) era mayor de la indicada en el atestado inicial). Sus diligencias también apuntaron a un posible consumo de drogas por parte de Delgado. La fiscalía tiene un plazo de cinco días para recurrir ante la Audiencia Provincial de Logroño.

El abogado de la familia Iriondo, Francisco Llorente, confirmó a este periódico que sus clientes también recurrirán el fallo judicial y aclaró que Tomás Delgado tendrá que pagar en torno a 7.000 euros de costas por su demanda contra los Iriondo, que retiró en febrero tras el escándalo levantado.

Por parte de Delgado, habló su abogado, Santiago Gimeno, para manifestar que el auto de la juez pone las cosas en su sitio: "La ley es la ley, y no se puede usar un embudo ancho para unos y estrecho para otros. Esto ha sido muy gordo", indicó refiriéndoseal intento de reabrir el caso.

El lugar donde murió Enaitz, en la carretera LR-111, en Castañares de Rioja. Su cuerpo voló a más de 100 metros del punto  donde fue embestido por Delgado.
El lugar donde murió Enaitz, en la carretera LR-111, en Castañares de Rioja. Su cuerpo voló a más de 100 metros del punto donde fue embestido por Delgado.PRADIP J. PHANSE

"Iremos hasta el final", dice la familia

Rabia, impotencia, dolor. Muchos eran ayer los sentimientos de Rosa Trinidad, madre de Enaitz, tras conocer la negativa de la juez de reabrir la vía penal contra Delgado. "Mi marido está hecho polvo. Mi hija no ha parado de llorar, esto es un horror". Ellos no querían que ella se enterase, pero la repercusión mediática del drama familiar de los Iriondo hace imposible mantener secretos.

"Es tan injusto que la ley permita esto... No piensan en todo lo que hemos sufrido. Y ahora que empezábamos a ver un poco de luz, nos la quitan. No hay derecho. Nos merecemos este juicio", aseguró la madre de Enaitz, como si en ese proceso hubiese algo de terapéutico que compensara la pérdida de su hijo. "El fiscal solicitó la reapertura en cuanto le hemos hecho ver que las cosas estaban mal hechas desde el principio".

Rosa reconoce que no recurrieron el primer fallo de la justicia en 2004 a favor de Delgado. "Estábamos destrozados, sólo teníamos tres días y nadie nos explicó lo del sobreseimiento. Nuestro abogado de entonces nos decía que las cosas eran así, que un muerto en la carretera no vale nada, que nos resignáramos a un arreglo por la vía civil", explicó Trinidad por teléfono. Ahora les quedan dos cartuchos por gastar: uno, el recurso ante la Audiencia Provincial, que al igual que la juez ya les dijo de no en otra ocasión, y el recurso que presentaron ante el Tribunal Constitucional, que sigue sin respuesta. "El fiscal ha hecho una gran labor de investigación, reconoce que las cosas no se hicieron bien en su día y lo intentó enmendar". La voz de Rosa era ayer más frágil que en días anteriores. "Seguiremos luchando, recurriremos el fallo. Nos hemos puesto la meta de que este individuo sea juzgado y no pararemos hasta el final".

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