La metáfora del autobús
La izquierda abertzale ilegalizada está perpleja. Si nos ponemos en su piel, su desconcierto resulta explicable. Hace apenas tres o cuatro años, el pronunciamiento que realizó el pasado sábado simultáneamente en Alsasua y Venecia en pro de un "proceso pacífico y democrático" habría causado una conmoción general y puesto a los partidos en estado de ebullición. El recuerdo de la Declaración de Anoeta cinco años antes, en cuyo aniversario se ha pretendido dar este nuevo golpe de efecto, puede servir de referencia. La nueva escenificación, en cambio, y pese a los avances terminológicos que incorpora respecto a aquélla, ha sido acogido en nuestro país con una insólita indiferencia. No ya del Gobierno, el PSE o el PP; es que ni siquiera el PNV -con los matices que siempre se dan en esta materia entre Egibar y Urkullu- o partidos como EA o EB, dispuestos siempre a echar una mano, han concedido demasiada atención y credibilidad a la propuesta.
Batasuna quiere salir del atolladero con un método que ha quedado superado
No hace falta hacer grandes esfuerzos para imaginar la agitación que en otros momentos habría producido la confluencia de la declaración unida al equívoco silencio que mantiene ETA desde agosto. Esta vez, sin embargo, ha encontrado un muro de apatía e incredulidad. Son las consecuencias de actuar en contra del tiempo o, más precisamente, fuera de él y de la realidad. A Arnaldo Otegi y los suyos los siete puntos del documento pueden parecerles un importante gesto por parte de la izquierda abertzale. Así se lo ha parecido también al coro internacional de mediadores, expertos y eurodiputados amigos de los conflictos. Sin embargo, al resto de la sociedad vasca le ha dejado indiferente. Y no sólo porque no vaya acompañada del pronunciamiento que de verdad interesa, el de ETA anunciando el fin incondicional e irreversible de la lucha armada, sino porque emite además en una longitud de onda ya superada.
El documento pretende presentar una izquierda abertzale dinámica y con iniciativa, cuando sus últimos movimientos están dominados por las urgencias. La sentencia de junio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ratificada tres días antes de la aparición de Alsasua-Venecia, ha arrasado las esperanzas de Batasuna de poder recobrar la legalidad perdida mediante la desautorización de la Ley de Partidos. Se comprende así que Otegi calificara de "desastre" el fallo unánime de los magistrados de Estrasburgo que, lejos de considerarlas incompatibles con el Convenio de Derechos Humanos, ponderó las ilegalizaciones como una "necesidad social imperiosa". Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y se acercan las elecciones municipales y forales de 2011; y con ellas el riesgo cierto de que la desaparición de la presencia institucional de la izquierda abertzale que no condena a ETA, reducida ahora a los municipios y cargos de ANV, se convierta en absoluta. Los dirigentes de Batasuna saben que, por muy resistente que sea su militancia, un ciclo de casi diez años en el limbo institucional resulta demoledor para un proyecto político con pretensiones. Su problema consiste en que pretenden salir del atolladero con unos procedimientos desfasados.
La izquierda abertzale y ETA no quieren darse cuenta de que el modelo de solución del "conflicto" vigente hasta finales de los noventa quedó tocado con la ruptura de la tregua de Lizarra y definitivamente inservible con el atentado de la T-4 de Barajas en diciembre de 2006. El camino de un proceso de paz hecho de concesiones políticas mediante las cuales se termine de convencer a ETA de que ponga fin a su actividad está cerrado porque no lo van a transitar ni los gobiernos, ni los partidos, ni la sociedad vasca y española. Si se consigue la paz, será sin proceso, como punto de partida irreversible para poder abordar las otras cuestiones que arrastran tres décadas de violencia injustificada.
Sin embargo, el documento continúa aferrado al viejo paradigma de preparar el camino para el final de ETA por el procedimiento de darle la razón histórica en su decisión de combatir la democracia y la autonomía, y de reclamar para su apaciguamiento las aspiraciones políticas que no ha logrado imponer con las armas. Da la impresión de que la izquierda abertzale sigue pensando que se le puede dar marcha atrás al reloj de la historia y volver otra vez a 1977, para que el pueblo vasco vuelva a decidir otra vez de cero, según sus criterios políticos. No quiere darse cuenta de que el autobús de la democracia y del autogobierno que tomó la gran mayoría de la sociedad no va (no puede) volver a la estación de salida, y que su única opción es subirse a él y, una vez a bordo, tratar de convencer a sus ocupantes -ahora sí "pacífica y democráticamente"- de que la dirección que propone tomar es la más convenciente.
En el camino que debe recorrer Batasuna, las referencias a Suráfrica e Irlanda extravían más que orientan. Y la referencia a los "principios del senador Mitchell" aplicados en el Ulster, que en otros tiempos quizá hubiera suscitado expectativas como señal de la supuesta voluntad de ETA, suena exótica aquí y ahora. El silencio incrédulo con que ha acogido la propuesta una sociedad vasca que tiene a la violencia en el noveno lugar de sus preocupaciones personales (Sociómetro vasco de noviembre) quizá sea el mejor favor que se le puede hacer a la izquierda abertzale para que no siga gastando el tiempo y las oportunidades. La salida al "conflicto" no pasa por Belfast o Johannesburgo, sino porque convenza a ETA de que deje las armas o, en caso contrario, rompa con ella. Utilizando el título del su documento, ése es el "primer paso" para volver a las instituciones. Y lo tiene que dar en solitario, sin proceso de acompañamiento.
