El paro como prioridad
La perspectiva temporal a la hora de analizar datos económicos siempre ayuda y puede servir para analizar los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre -diferentes a los proporcionados por el paro registrado de abril-. La realidad, de acuerdo con la EPA, ha superado las peores previsiones tanto en tasa de paro total -al alza-, en variación de la población activa -disminución-, y en aumento de la cifra de paro de larga duración y del paro juvenil. Para el conjunto de la economía española las cifras son tremendas y no digamos para las comunidades autónomas que están por encima de la media del Estado, que no es el caso de Euskadi.
Conviene conocer las razones por las que, aun estando sujetos a una misma regulación del mercado de trabajo, la evolución de las variables relevantes ha sido, sin embargo, desigual entre comunidades autónomas. Podría pensarse que las modificaciones regulatorias ya aprobadas no han sido tan cruciales como algunos analistas hacían presagiar o que las diferencias en las estructuras productivas de las comunidades autónomas son más importantes de lo que se ha querido creer.
La pregunta acerca de sí se ha quedado corta la reforma laboral es acertada
Si los mercados de trabajo hubieran estado mejor regulados la recuperación hubiera sido más rápida
Si se quiere aflorar que la tasa de paro no empeore, deben diseñarse políticas activas de empleo efectivas
La pregunta acerca de sí se ha quedado corta la reforma o si no es la reforma laboral lo único que importa a la hora de conseguir mejoras en el nivel de empleo es acertada. Es probable que la reforma, siendo como es imprescindible, lo sea no tanto a corto, sino a medio plazo, habiendo otras medidas más urgentes a adoptar para alcanzar el punto de inflexión en la evolución del empleo y de la tasa de paro. Lo acontecido con las tasas de paro en Euskadi -y en España- confirma que esta es una posible conclusión a añadir al análisis de los datos de la EPA.
Cuando desde mediados de la década de los ochenta las tasas de paro llegaron en Euskadi a los dos dígitos y nos dimos cuenta de que era preciso llevar a cabo una reconversión industrial en profundidad, lo que se hizo fue centrarse en la competitividad de las empresas, en los niveles de salarios y la tasa de beneficios, en la productividad, en las mejoras tecnológicas necesarias, en la adecuación de la oferta de mano de obra a la demanda, en las medidas para impulsar la actividad, en la provisión de financiación adecuada, etcétera.
Durante meses se trabajó en la concreción de políticas públicas que partían de la hipótesis de que la competitividad de un país depende de la competitividad de sus empresas y de que lo mejor que podía hacer el sector público era posibilitar, a través del sector educativo y de la inversión en infraestructuras, que el logro de la competitividad no fuera una quimera. Se hizo mucho hincapié en la adecuación de la formación profesional, la mejora de los servicios de intermediación laboral, el comportamiento sindical, y la eliminación de cualquier obsolescencia tecnológica a través de la inversión y de la innovación. Es difícil olvidar que las cifras de parados de larga duración, de desempleo femenino y de desempleo juvenil fueron muy deprimentes y que la evolución del empleo tardó mucho tiempo en llegar a ser satisfactoria. Pero se logró. Si los mercados de trabajo hubieran estado mejor regulados la recuperación de las cifras de empleo hubiera sido, sin duda, más rápida.
De la crisis que ahora atravesamos, de naturaleza muy diferente, podemos extraer conclusiones bastante análogas. Igual que entonces, sin competitividad no habrá actividad y sin actividad no habrá empleo. Igual que entonces, sin innovación no habrá progreso ni empleo e, igual que entonces, si no se sigue manteniendo una actitud alerta ante las necesidades del sistema educativo y formativo los problemas persistirán.
La diferencia importante entre los ochenta y el presente -aunque se aprecia alguna similitud entre lo que ahora ocurre y lo que ocurrió en los años 91-92-93- tiene que ver con el endeudamiento privado y público y con la necesidad de reformar el sector financiero. Pero sigue siendo necesario insistir en líneas de actuación con validez contrastadas. Desde 2007, no hemos logrado que la actividad económica deje de estar ahogada, las carteras de pedidos menguadas y las ganas de emprender nuevas actividades coartadas. Y esto es, sin duda, lo que ahora tiene prioridad máxima.
Hay otras actuaciones también relevantes. Por ejemplo, la búsqueda del empleo sumergido y la lucha contra la economía informal donde se observa una correlación entre la fase del ciclo y los cambios en la misma -en la fase depresiva la economía sumergida aumenta y viceversa-. En cualquier caso, recuérdese que, si se quiere aflorar el empleo sumergido y que la tasa de paro no empeore, deben diseñarse, simultáneamente, políticas activas de empleo efectivas.
Observen, finalmente, que la receta amarga de la devaluación interna ha comenzado su andadura. Con una tasa de inflación creciente y una reforma de la negociación colectiva parece que centrada en la productividad, la devaluación interna deja de ser una hipótesis. Ya que no está en nuestras manos devaluar el euro, nos encaminamos a confiar en la contención en los salarios reales para el despegue de la actividad y del empleo. Y ya saben lo que esto significa: los que dependemos de un salario no podremos vivir tan bien pero, afortunadamente, habrá más asalariados que podrán vivir.
