Ningún pensionista con menos de 700 euros

Cerca de 21.000 personas se beneficiarán de la ley que equipara las pensiones al Salario Mínimo - Los complementos se aplicarán a finales de este mes o en julio

Vitoria - 11 jun 2008 - 00:00CEST

El giro social que ha emprendido el Gobierno vasco para que toda su gestión no quede marcada casi exclusivamente por la consulta soberanista impulsada por el lehendakari dio ayer su primer gran paso. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de Complemento de Pensiones, que permitirá equiparar las más bajas con el Salario Mínimo

Interprofesional (SMI), cuya cuantía es de 600 euros mensuales y cuenta con 14 pagas a lo largo del año. En el caso de Euskadi, ningún pensionista cobrará menos de 700 euros al mes, aunque sólo serán 12 pagas, igualando así al importe total del SMI a lo largo de un año.

Azkarraga niega que se haya retrasado en aplicar el pacto social con el PSE

Se trata de la medida estrella dentro del paquete de iniciativas de calado social que el Ejecutivo ha activado en la recta final del actual periodo de sesiones y, tal vez, de la legislatura. Pero, pase lo que pase en el último pleno de junio en el Parlamento donde se dará luz verde a la consulta soberanista o se echará atrás, el proyecto de ley aprobado ayer será una realidad tangible en forma de dinero en el bolsillo de los pensionistas a finales de este mes o, como muy tarde, en julio, aseguró el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga.

En estos momentos, las pensiones no contributivas (las más bajas dado que su perceptor apenas ha podido cotizar a la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral) están entre los 260 y los 300 euros mensuales. Por eso, estas personas complementan esos ingresos con la renta básica. Pero como mucho, en total llegan al 88% del SMI. Una vez que la Cámara aprueba el proyecto, alcanzarán el 100%.

La iniciativa se tramitará con carácter de urgencia en el Parlamento y ya cuenta con el apoyo del PSE, con lo que probablemente se convierta en ley este mismo mes y entre en vigor inmediatamente, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). "En ese momento", puntualizó Azkarraga, "los pensionistas empezarán a percibir el complemento".

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Cerca de 21.000 personas se van a beneficiar de esta ayuda asistencial, que al Gobierno le va a suponer un desembolso anual de 24,7 millones de euros. El dinero no procederá de ninguna partida extraordinaria, ya que se encuentra reservado desde el año pasado, cuando Azkarraga cerró con los socialistas lo que se conoce como "pacto social". Entre otras disposiciones, ese acuerdo recoge este complemento de pensiones. Los socialistas esperaban que se hubiera puesto en marcha ya el pasado 1 de enero.

El consejero no dejó pasar la ocasión para criticar al Estado porque "es el que se encarga de fijar las pensiones y, hoy por hoy, una gran parte de ellas sigue teniendo unas cuantías indignas". Según Azkarraga, la situación de las personas que perciben las pensiones más bajas (invalidez, viudedad, no contributivas) "necesitaba una respuesta urgente", ya que "se sitúan por debajo del umbral de la pobreza". Sin embargo, ha pasado más de un año desde que se firmó el pacto social, lo que ha molestado al PSE, que ha inquirido varias veces en la Cámara al departamento para conocer la situación exacta en la que se encuentra la tramitación de la iniciativa. Azkarraga se defendió ayer de las críticas por la tardanza. "El compromiso con el Partido Socialista era que en el plazo de un año a partir de la firma del acuerdo se aprobaría el proyecto de ley en el Gobierno. Se hubiera podido hacer antes de no mediar las elecciones en ayuntamientos y diputaciones, que han tenido paralizado el texto casi cuatro meses", zanjó.

El consejero Azkarraga y Miren Azkarate, tras el Consejo de Gobierno de ayer.EFE

Ayuda para el alquiler

La prestación social de vivienda, el nuevo subsidio acordado por el PSE y el Gobierno en el marco del pacto social (marzo de 2007) para sufragar los gastos de alquiler de las familias más desfavorecidas no se aplicará este año casi con toda seguridad. Joseba Azkarraga anunció que este mismo mes se aprobará el proyecto de ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social, que en la práctica es una reforma de la Ley de Exclusión Social y que recoge el nuevo complemento. Pero, al no tramitarse con carácter de urgencia, lo previsible es que que el debate en el Parlamento comience en la recta final del año.

En un principio, la idea era que los complementos de pensiones y la ayuda de alquiler formaran parte del mismo proyecto de ley y que el conjunto entrara en vigor este mismo año, en el próximo mes de julio. Pero al final el Gobierno ha optado por desgajarlos. "Lo urgente era aprobar el tema de las pensiones", resaltó ayer el consejero Azkarraga.

La prestación complementaria de vivienda viene a corregir una disfunción que se viene produciendo desde hace años. Alrededor del 80% de los perceptores de las Ayudas de Emergencia Social (AES) destina este dinero a pagar el alquiler del piso, un fin para el que no está previsto. Las AES son retribuciones otorgadas por la Administración para costear gastos de mobiliario, ropa, reparación de vivienda, compra de un electrodoméstico básico u otro tipo de emergencia. El nuevo subsidio de vivienda irá destinado exclusivamente a pagar el arrendamiento, con lo que las Ayudas de Emergencia Social recobrarán de nuevo su finalidad original.

Complemento de pensiones

- ¿Quién tienen derecho a cobrar el complemento? Los pensionistas que no superen con sus ingresos el SMI y no dispongan de un patrimonio superior a cuatro veces la renta básica que les pudiera corresponder anualmente, descontada la vivienda habitual. En estos momentos, la renta básica asciende como máximo al 88% del SMI, que es de 600 euros mensuales por 14 pagas. En total, se beneficiarán 21.000 personas, con un coste para el Gobierno de 24,7 millones anuales.

- Primer colectivo de beneficiarios. La medida beneficiará a 7.527 pensionistas que en la actualidad completan su pensión con la renta básica hasta llegar al 88% del SMI. Para pasar al 100% se aumentará la cuantía de la ayuda en 84 euros mensuales de media. El desembolso para el Gobierno será de 7,5 millones de euros al año.

- Segundo colectivo. Alrededor de 3.000 pensionistas superan el 88% del SMI, pero no llegan al 100%. Completarán sus ingresos con 50 euros mensuales. El gasto público anual ascenderá a 1,8 millones.

- Tercer colectivo. Otras 10.255 personas accederán al nuevo complemento al modificarse el concepto de unidad de convivencia. Ahora, cobraban una pensión baja y no recibían nada hasta el 88% del SMI porque vivían con más familiares y se computaban todos los ingresos. La ley permitirá a estas personas que no se sume la pensión recibida con las rentas del resto de la familia. El coste será de 15,4 millones al año.