La portavoz de Gipuzkoa cobró la ayuda social cuando estaba en nómina de la UPV

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa y diputada de Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, de Bildu, no dijo toda la verdad sobre el escándalo suscitado tras publicar el Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado viernes que la institución foral le reclama el pago de 5.664 euros que percibió "indebidamente" de la renta básica. En su comparecencia pública del pasado martes para explicar con "transparencia" este caso, la diputada ocultó que recibió durante ocho meses esa prestación social al mismo tiempo que cobraba un sueldo como profesora de la UPV y, además, mantenía abierto su despacho de abogada.

Larraitz Ugarte permaneció en nómina de la universidad pública vasca entre octubre de 2008 y el pasado mes de junio, cuando cesó para tomar posesión como diputada foral. Durante todo este periodo, trabajó como profesora de la UPV en la Facultad de Derecho del campus donostiarra con contratos a tiempo parcial, labor que compatibilizaba con su actividad profesional al frente del bufete que abrió en Mondragón años antes.

La diputada dio clases en la UPV entre octubre de 2008 y junio de 2011

El expediente de Ugarte como beneficiaria de la renta básica precisa que recibió la cuantía íntegra de esta prestación -mensualidades de casi 800 euros- durante los años 2007 y 2008 completos. Dejó de cobrar la ayuda en los primeros meses de 2009, pero volvió a recibirla entre junio y noviembre de ese año. La cantidad que recibió en este último plazo fue inferior: 328 euros mensuales.

Durante al menos ocho meses -entre octubre y diciembre de 2008 y de junio a noviembre de 2009- se produce así una "supuesta incompatibilidad" para el cobro de la Renta de Garantía de Ingresos, aseguran las fuentes consultadas por este diario.

¿Resulta posible que manteniendo una actividad como letrada y trabajando al mismo tiempo en la UPV quede margen dentro de la normativa para cobrar la renta básica? "Sus ingresos laborales tenían que ser necesariamente muy bajos para acogerse a esta prestación social", responden esas mismas fuentes.

Para acceder a la cuantía íntegra de la renta básica, añaden, sus ingresos provenientes de la UPV tenían que ser inferiores a 300 euros mensuales para que la Administración foral le pudiera conceder la cuantía máxima de la ayuda. "Es un poco extraño y, en principio, incompatible", en vista de que cobró las prestaciones a la vez que desarrollaba dos actividades profesionales, concluyen dichos medios.

La Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, de 2008, estipula en su artículo 19 que todos los beneficiarios de esta prestación están "obligados" a comunicar a la Administración "los hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación", como por ejemplo la obtención de ingresos económicos que no figuraban en el momento de su concesión.

La diputada adujo que pidió la ayuda social porque tenía que sacar a su familia adelante mientras ponía en marcha un negocio. Sin embargo, Ugarte la percibió cuando contaba con unos ingresos estables, los que procedían de la UPV, donde estuvo trabajando casi dos años. La portavoz foral nunca mencionó este hecho en su comparecencia "por la transparencia" ante los medios informativos del pasado martes. Ese día se limitó a asegurar, sin mostrar ninguna documentación, que no ha cometido "fraude" alguno en la percepción de las ayudas. Atribuyó el dinero que cobró en exceso, y que ahora la institución de la que es portavoz le reclama por vía ejecutiva, a que la Diputación actualiza con carácter retroactivo el importe de la prestación social.

El Departamento de Política Social le notificó inicialmente que debía devolver un excedente por 12.539 euros. Ugarte presentó un recurso de alzada gracias al cual la cantidad que tiene que reintegrar a la institución foral se limita a 5.664 euros. La portavoz ha garantizado que va a abonar este montante, aunque la Diputación no ha comunicado oficialmente si ha cumplido con esta obligación.

Una funcionaria de Gipuzkoa con muchos años de experiencia en la tramitación de la Renta de Garantías de Ingresos, la antigua renta básica, aseguró ayer a este diario que "nunca" le ha tocado hacerse cargo de un caso similar al de Ugarte: profesora en la universidad pública, con un despacho de abogados a su cargo y perceptora de dichas ayudas sociales.