El presidente de Anesvad declara que sólo utilizó 300.000 euros para tapar un desfalco
Alega que el dinero no era de la ONG, sino de los fondos de una leprosería que administraba
El presidente de Anesvad, José Luis Gamarra, encarcelado desde hace casi dos meses por un presunto delito de apropiación de fondos, ha admitido ante el juez que investiga el caso que usó 300.000 euros para tapar el desfalco cometido por dos directivos de la ONG en 2005. Sin embargo, según fuentes jurídicas, Gamarra alega que el dinero utilizado no era propiamente de Anesvad, sino de la Leprosería Culión de Filipinas, una fundación gestionada por jesuitas, a la que prestó el CIF de la asociación para que pudiera tener actividad bancaria.
Gamarra, que ocupaba el cargo de cónsul de Filipinas en Bilbao, permanece en prisión desde el 11 de marzo tras su detención, tres días antes, por la presunta apropiación de fondos de Anesvad. Nacida en Bilbao en 1968, de la mano de su presidente la ONG se ha situado como la undécima en España por fondos gestionados, con 160.000 socios y 35 millones de presupuesto en 2005.
Según las diligencias que tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, Óscar Pérez Corrales, las investigaciones comenzaron en marzo de 2006, cuando un ex empleado, M.G. R., denunció a la Ertzaintza las presuntas anomalías. La Fiscalía del Tribunal Superior vasco abrió en julio una investigación y, al conocer su existencia, el ex director general de la ONG, José Miguel Sustacha, y el ex director financiero, Francisco Martínez, se autoinculpan en el juzgado de haberse apropiado de 980.000 euros (440.000 cada uno) en agosto de 2005.
En sus declaraciones ante el juez, el presidente de Anesvad ha admitido que conoció la apropiación por el denunciante y que no lo llevó a la justicia porque llegó a un acuerdo privado con ambos por el cual, tenían que devolver el dinero sustraído, abandonar la entidad y mantener una absoluta discreción para no dañar la imagen de la ONG. Martínez restituyó el importe del que se apropió, pero Sustacha sólo reintegró 180.000 euros, aduciendo que el resto del dinero lo había destinado a la compra de un piso para un hijo.
Para tapar el caso, Gamarra "prestó" a Sustacha los casi 300.000 euros pendientes, que, según declaró, procedían de la cuenta bancaria de la Leprosería Culión y no de Anesvad. El hecho de que esa cuenta opere con el CIF de la ONG se debe, según el presidente, a que la fundación que mantiene la leprosería carece del código de identificación fiscal necesario, por lo que inicialmente le asignó el del Consulado de Filipinas y, posteriormente, el de Anesvad.
Indemnización para callar
También ha manifestado Gamarra, según las mismas fuentes, que tras el desfalco de los dos directivos ordenó realizar una auditoría en la que descubrió que el denunciante, M.G.R., que llevaba tres años en la ONG, se había apropiado de 23.000 euros inflando gastos y dietas. El presidente sostiene que, al plantearle su marcha, éste le exigió una indemnización de 200.000 euros, con la amenaza de acudir a la prensa, y que, al negarse a sus pretensiones, denunció el caso a la Ertzaintza, inicialmente de forma anónima.
El juez, que, ya ha tomado declaración a M.G.R., mantiene la prisión para Gamarra. Entre otras diligencias, el juez solicitó al Banco de España un informe sobre dos sociedades financieras, constituidas en 2005 con un capital total de 3,3 millones, cuyo domicilio social coincide con el del consulado de Filipinas y en las que Gamarra figura como administrador único. La contabilización de una millonaria herencia recibida por Anesvad es también otro de los aspectos sometidos al escrutinio judicial.
La marcha del caso puede sufrir un parón, ya que el juez Óscar Pérez va a dejar Bilbao para hacerse cargo del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde sustituirá a Miguel Ángel Torres, el instructor de la operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Además, el despacho que llevaba la defensa de Gamarra ha dejado el caso debido a su complejidad.
Mientras tanto, Anesvad, que cuenta con 60 empleados en su sede central de Bilbao y tres en la oficina de Madrid, mantiene un mutismo absoluto sobre su actividad tras el encarcelamiento de su presidente. Un portavoz señaló que "no hay nada de lo que informar" y volvió a reiterar que la entidad está dirigida ahora por una junta rectora, la identidad de cuyos integrantes no se ha hecho pública.
Los trabajadores, que en su última comparecencia pública, el pasado 14 de marzo, pidieron la dimisión de Gamarra, no se han personado en las diligencias ni como acusación particular ni como afectados, pese a haber afirmado que el daño causado a la organización es "irreparable".
