Un presunto espionaje político se une a la corrupción en el 'caso De Miguel'
Dos 'ertzainas' declaran como imputados por informes en poder de Telleria
La trama de presunta corrupción de cargos del PNV bajo investigación en Álava se tiñe ahora con indicios de espionaje. Aitor Telleria, miembro de la ejecutiva del PNV cuando fue detenido el pasado mes de marzo por el caso De Miguel, tenía en su despacho profesional informes, presuntamente realizados por dos ertzainas, sobre personalidades públicas, políticos de otros partidos o personas del medio empresarial.
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, tomó ayer declaración, en calidad de imputados, a dos agentes de la policía vasca, en el marco de una pieza separada que abrió a raíz de las investigaciones del caso De Miguel. En él están incursos cargos institucionales e internos del PNV que abandonaron sus responsabilidades tras ser detenidos en marzo y acusados de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.
Los documentos hallados aportan datos sobre varias personalidades
Según pudo saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de la investigación en curso, ambos agentes, junto al ex miembro de la ejecutiva alavesa del PNV, Aitor Telleria, y ex director de CEIA -un semillero de empresas ubicado en el parque tecnológico de Miñano, en Álava-estarían relacionados con un supuesto caso de espionaje que se añadiría a los de presunta corrupción que se contemplan en el caso De Miguel.
El Departamento vasco de Interior no quiso proporcionar ayer ninguna información sobre la identidad, situación laboral, categoría profesional o adscripción operativa de los agentes imputados. Las fuentes oficiales consultadas eludieron, incluso, confirmar la imputación y declaración ante el juez de los dos policías. Según pudo saber este periódico ambos permanecían en activo y en sus puestos, al menos hasta ayer, y los dos están destinados en la unidad de investigación.
La pieza separada abierta por el juez Ramos, y que se mantiene bajo secreto de sumario, encuentra su origen en varios documentos hallados durante los registros practicados por la Ertzaintza a raíz de la detención de Telleria, junto a otros miembros del PNV y sus esposas. En el despacho del entonces dirigente de este partido en Álava se localizaron, siempre según las mismas fuentes, informes sobre terceras personas, cuyo número e identidad no pudo confirmar ayer este diario. En todo caso, la documentación hallada detallaría datos sobre la vida privada y actividad de diversas personalidades públicas, entre ellas, según fuentes de toda solvencia, cargos políticos de otros partidos y también, según otras versiones, personas pertenecientes al medio empresarial.
A raíz del hallazgo, el juez ordenó investigar bajo secreto el origen de esos informes ilegales hasta llegar a identificar a sus presuntos autores, lo que habría dado como resultado la imputación de los dos ertzainas, que ayer conocieron en el juzgado los detalles de su situación procesal.
No es el primer caso de espionaje político que salta a la luz pública y salpica al PNV. Ya en los años 80, recién llegado al poder, se descubrió una trama montada para espiar a Carlos Garaikoetxea, cuando era lehendakari y miembro del partido. Hace diez días se destapó otro caso: el del anterior director general de Sprilur, Antton Zubiaurre, que dejó presuntamente intervenido el ordenador de su sucesor y habría tenido acceso a través de él durante más de un año a información sensible, incluidas las comunicaciones entre este y el consejero de Industria, Bernabé Unda.
Relación compleja
En medios judiciales próximos a la investigación del caso De Miguel resultó significativo que se acotara de entrada el flujo de información entre las dependencias de la Audiencia de Álava y la Ertzaintza. De hecho, el inicio de las pesquisas a partir de la denuncia aportada por Ainhoa Alberdi sobre la exigencia de supuestos pagos a modo de comisiones por parte de Alfredo de Miguel quedó encargado a un reducido número de ertzainas. Hay quien pensó que así se controlaba de una manera más segura el volumen de información que se iba acumulando a medida que avanzaban las pesquisas sobre un caso que sigue acumulando folios a su voluminoso sumario.
Ahora, con la imputación de dos ertzainas en esta nueva rama de la investigación que sigue el juez Ramos y el fiscal jefe Josu Izaguirre parece tomar cuerpo las reticencias que aconsejaban reducir al máximo la proliferación de agentes de la Policía vasca personados en la investigación. No obstante, la Ertzaintza es la responsable de la transcripción de las cintas aportadas por Alberdi en las que se contienen varios episodios significativos de su denuncia contra De Miguel.
