La prostitución en la calle, vigilada

Tras más de dos años de bloqueo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bilbao presentó hace unos días un proyecto de ordenanza, la primera de este estilo en Euskadi, que se pronuncia sobre la prostitución callejera al prohibir, bajo amenaza de multa, la negociación de servicios sexuales retribuidos y la práctica de estos actos en la vía pública. Precisamente, esta norma, que podrían entrar en vigor en septiembre, se ha incluido en la nueva regulación general del espacio público, que aúna diversos aspectos normativos hasta ahora dispersos en varios textos, para que el colectivo aludido no se sintiera "discriminado", según el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maíz. El Consistorio dejó claro que la ordenanza, inspirada en la aprobada en Barcelona en 2005, no veta la presencia de las prostitutas en la calle ni la prestación de servicios sexuales en pisos o locales de alterne, ya que la regulación de la prostitución no compete a las autoridades municipales, sino que recae en el Gobierno central.

Hay coincidencia general en que se trata de un problema "difícil de abordar"

Para Askabide, "era hora de sancionar conductas y no colectivos"

Así las cosas, este paso al frente responde a las constantes quejas de los vecinos de los barrios bilbaínos de Miribilla y Bilbao La Vieja, que protestaban por la "insalubridad, inseguridad ciudadana e intranquilidad" que estas prácticas les provocan desde hace años. No obstante, las intenciones municipales no convencen a los colectivos relacionados con este sector y los afectados, ya que dudan de su efectividad y critican que se sancione a las prostitutas.

De un lado, el servicio bilbaíno de atención a este colectivo, Askabide entiende que era necesario, tal y como el Ayuntamiento ha hecho, "sancionar conductas y no a colectivos", pero abogan por "mejorar la calidad de vida" de las meretrices y no creen que la mejor forma de hacerlo sea "multarlas". Además, la asociación considera que esta ordenanza no "funcionará". "Sólo trasladará el problema, como ya ocurrió en Barcelona", señalan fuentes de la plataforma social. Consciente de que se trata de un problema "difícil de abordar", Askabide considera que es el Estado el que debería poner de su parte para resolver el problema. "Es preciso coger el toro por los cuernos y abrir un debate serio con todas las partes implicadas", apunta la entidad. "Hay un discurso contradictorio: todos estamos de acuerdo en que son víctimas, pero luego les ponen multas", zanja una portavoz de la asociación.

Por su parte, la Asociación Nacional de Locales de Alterne (Anela), que representa a establecimientos vascos, considera positiva la prohibición de la prostitución callejera porque la vía pública "no es lugar" para ejercerla. La falta de seguridad e higiene motiva que esta entidad abogue por centrar esta actividad en clubes o pisos. Sin embargo, Anela considera que es una norma de cara a la galería que apenas tendrá efecto. "El problema seguirá estando en la calle. La prostitución ha existido y seguirá existiendo. Esta norma no va a cumplirse porque, entre otras cosas, ¿cómo va a demostrar el Ayuntamiento que ha existido una negociación entre prostituta y cliente?", se preguntan fuentes de la asociación.

Ese es un punto interesante, ya que demostrar que ha existido una negociación entre clientes y prostitutas no se antoja sencillo. La ordenanza contempla la habilitación de inspectores que vigilen el cumplimiento de la ordenanza, que, en el caso de la prostitución, serán policías municipales de paisano. Fuentes municipales señalan que los agentes tienen métodos para discernir este punto y resaltan que los clientes y meretrices ya son conocidos por la policía, lo que facilitará la labor de vigilancia. En cualquier caso, las mismas fuentes apuntan que su presencia persigue "disuadir" a los clientes, en la línea de los controles de alcoholemia que se hacían hasta ahora en esas zonas.

La ordenanza no ha convencido del todo a los partidos de la oposición. De un lado la candidata del PP a la alcaldía de Bilbao, Cristina Ruiz, defiende que la ordenanza no responde a "lo prometido" por el equipo de gobierno. "Se suponía que iba a ser sobre prostitución y nos hemos encontrado con un párrafo en un artículo de una ordenanza de 134 artículos sobre el uso del espacio público". Su "ambigüedad" y la "falta de garantías" a los vecinos han motivado que los populares hayan presentado cinco alegaciones al texto por considerar que, tal y como está escrita, "no atajará" el problema. Entre otras, Ruiz destaca la necesidad de incluir la palabra "prostitución".

De esta forma, la portavoz popular aboga sustituir el título del artículo 16, donde dice: "Concepto de prácticas sexuales incívicas y ofrecimiento y demanda de servicios sexuales y prohibición" por "Concepto de prácticas sexuales incívicas, prostitución y prohibición".

Por su parte, el PSE-EE se felicita de que el Ejecutivo local articulara la regulación de la prostitución callejera a través de una norma que regulara el espacio público, que es competencia exclusiva del Ayuntamiento, lo que evitaba las posibles complicaciones legales derivadas de crear una norma específica. "Al vecino le da igual que se multe o no, lo que quiere es que desaparezca la prostitución, por eso es preciso tomar medidas eficientes de vigilancia policial y el apoyo social a estas mujeres", señala el portavoz socialista, Txema Oleaga.