El reconocimiento a las víctimas de la policía divide de nuevo al Parlamento
La sombra de la falta de consenso planea sobre el Día de la Memoria
Euskadi puede encaminarse a su segundo Día de la Memoria, la celebración el 10 de noviembre de una jornada institucional en recuerdo de las víctimas del terrorismo, marcado por la falta de consenso con el detonante, de nuevo, de las víctimas de excesos policiales en la lucha antiterrorista. El papel de estas últimas, sobre las que el Parlamento constituyó una ponencia específica en julio, dividió ayer a la Cámara en dos bloques: PP y UPyD, por un lado, que ya se negaron a participar en dicha ponencia, y el resto de formaciones, por otro. Todas estas (socialistas, PNV, Aralar, EA y EB) intentaron limitar la imagen de división rechazando entrar a debatir la propuesta que habían pactado populares y UPyD e instando a derivar la discusión a la ponencia.
PSE, nacionalistas y EB intentaron evitar la imagen de falta de acuerdo
El PP marca como "línea roja" la distinción entre unas y otras víctimas
El debate se planteó a partir de una proposición no de ley acordada por PP y UPyD sobre una iniciativa original de esta última formación. Su intención era que la Cámara recalcase su intención de "no desvirtuar ni modificar el propósito inicial del Día de la Memoria" y limitarlo al homenaje a las víctimas de ETA, el GAL, el Batallón Vasco Español y "cualquier otro grupo terrorista". Tanto Gorka Maneiro por UPyD como Mari Mar Blanco por el PP sostuvieron que mezclar a unos y otros afectados supone desnaturalizar el tributo a quienes lo fueron por el terrorismo y difuminará la memoria de las víctimas de ETA.
Blanco, hermana de Miguel Ángel, el concejal popular de Ermua asesinado en 1997, marcó "unas líneas rojas que no se pueden traspasar", las que distinguen a unas y otras víctimas. "Todo apunta a que el objetivo por el que se creó el Día de la Memoria va a ser modificado" para esa "equiparación", abundó. "Aquí les puedo asegurar que mi grupo nunca va a entrar", remachó.
Las demás formaciones acusaron a los dos proponentes, mirando en especial a la bancada popular, de haber buscado explícitamente la discordia, cuando "la política con las víctimas debe estar presidida por el consenso", como resaltó el socialista Jesús Loza. Su grupo, recalcó, no se iba a sumar a la "ceremonia de reproches mutuos que nada ayudan a la memoria de las víctimas". Tanto el PSE como EA y EB retiraron incluso sus enmiendas al texto original e instaron a sus oponentes a hacer lo propio. Los socialistas recordaban que en los años en que ha actuado ETA han existido "otras víctimas inocentes" e instaba a las instituciones a que "de forma progresiva y conforme vayan siendo reconocidas por el Gobierno" se incorporase su memoria a la celebración del 10 de noviembre. EA y EB planteaban directamente incluir a las "víctimas de la violencia de motivación política".
Pese a ese esfuerzo por no dar una imagen de división, que varios de los grupos presentes en la ponencia habían acordado de forma previa, la diferencia quedó plasmada en el tablero de votaciones de la Cámara: 14 votos a favor de la iniciativa (PP y UPyD); 58 en contra (todos los demás grupos. Faltaron tres parlamentarios).
Un representante socialista atribuía después en privado la actitud del PP a su intención de no dejar que UPyD quedase como abanderado mayor de una cuestión tan sensible para la base electoral y sociológica del PP en toda España. Tanto en las filas del PSE como del PP se reconocía que la sombra del disenso planea sobre el 10 de noviembre a poco más de un mes de su celebración.
El año pasado, el Parlamento no pudo aprobar una declaración institucional para el primer Día de la Memoria. EA y Aralar se desmarcaron al considerar, precisamente, que también debía mencionar a los otros afectados. La ponencia de víctimas policiales acaba de iniciar sus trabajos -el día 26 comienza la fase de comparecencias-. Parece improbable que de ese foro surja una declaración para este año. "A ver quién gestiona ese texto", apuntaba un parlamentario popular, visto lo ocurrido ayer.
A vueltas con la tributación
Los socialistas quieren que Euskadi recupere lo antes posible el impuesto sobre patrimonio para gravar las grandes fortunas y, tras sacar adelante hace dos semanas una propuesta en ese sentido en las Juntas de Gipuzkoa, apoyándose en Bildu y Aralar, llevará en breve la misma iniciativa a los otros dos territorios.
El debate de la reforma fiscal en Euskadi se está jugando a varias bandas entre el Gobierno -el que más desea sacarla adelante para mejorar sus ingresos- y las Diputaciones -las competentes en materia tributaria-, con cada jugador en manos de un partido. Ayer quedó de nuevo de manifiesto en el Parlamento en el debate de una proposición de ley de EB que pedía la recuperación de ese tributo, iniciativa que fue rechazada por la "manifiesta incompetencia", en palabras del socialista José Antonio Pastor, del Parlamento en esta materia. Las atribuciones de la Cámara se limitan a coordinación y armonización fiscal y EB planteaba en su propuesta, aun presentándola como una "ley de Armonización", un completo desarrollo normativo de un impuesto a las grandes fortunas -una base imponible de "entre 500.000 y 700.000 euros" o las personas con bienes o derechos que superen un millón-.
Socialistas, populares y nacionalistas, que sumaron sus votos para rechazar la propuesta, apoyada solo por Aralar y las tres formaciones del Grupo Mixto, incidieron en dicha falta de competencia y en que poco hay que armonizar cuando ese tributo no está hoy vigente en ninguno de los tres territorios. Sin embargo, el debate evidenció tanto el interés socialista por recobrar el tributo como las ciertas reticencias de populares y peneuvistas.
Pastor, quien adelantó esa intención de trasladar el debate a Bizkaia y Álava, territorios ambos en que al PSE no le vale con los votos de Bildu si no pacta con el PP o el PNV, recalcó que es preciso fijar "un impuesto de solidaridad de país a los que más tienen". Como planteó el lehendakari en el debate de política general, esta tasa sería finalista para crear empleo y puesta en marcha tras un debate en la Cámara entre Gobierno y Diputaciones.
El PP apoyará "cualquier medida encaminada a que los ricos paguen más", apuntó Antón Damborenea, pero reclamó que Euskadi sea "la última" en ponerlo en marcha. El peneuvista Ricardo Gatzagaetxebarria reconoció que el "fondo" del debate es "interesante", aunque defendió que se afronte en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), y en las Juntas.
Sobre la firma
