¿Lo tiene claro el Gobierno?
El acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones está resultando difícil a tenor de las noticias que han ido llegando después del parón de las fiestas navideñas. Y no es de extrañar. En la discusión sobre cómo calcular las pensiones y cuál debe ser la edad de jubilación juegan un papel importante variables puramente cuantitativas, como la ratio de dependencia (número de mayores de 65 años en relación a los que están en edad de trabajar, de 16 a 65 años), la productividad de los que están trabajando, la tasa de ocupación de la población activa o la sostenibilidad del sistema de pensiones. Influyen también variables algo más cualitativas, equidad, el tipo de contrato social entre jóvenes y pensionistas, o la cohesión social. De ahí que encontremos posiciones encontradas y discusiones acaloradas acerca de si debe o no aumentarse la edad de jubilación, o acerca de cuánto se debe aumentar el número de años cotizados para alcanzar la pensión máxima.
El Gobierno ha apostado por la opción más fácil de poner en práctica
Las reformas estructurales requieren tiempo y políticas imaginativas
En este tema tan complejo es fácil encontrar una yuxtaposición de cuestiones opinables con otras que no lo son, cuestiones en las que los números se imponen y no queda más remedio que tenerlos en cuenta a la hora de emitir opiniones. Lo que preocupa a los que prestan dinero para la financiación de nuestra deuda privada y pública, y parece que también al Gobierno, es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es por esto por lo que el presidente Zapatero parece desear mantener constante a lo largo del tiempo la relación entre el gasto en pensiones y la renta que la economía española genera. Como en otras áreas de la economía, se pretendería alcanzar un cierto "estado estacionario", donde la proporción gasto en pensiones/renta (PIB) generada en el país se mantenga a largo plazo (unos 25 años). No es fácil decidir cuál debiera ser el nivel en el que fijar esta ratio, y, ciertamente, puede haber posiciones divergentes en esta cuestión. En cualquier caso, no creo que esta sea la cuestión crucial que separe las posiciones de los sindicatos y del Gobierno. No parece que ninguna de las partes pretenda que la proporción del gasto en pensiones en relación con el PIB aumente. Si este es el caso, ¿qué se puede hacer para evitar que el incremento insuficiente en el PIB -el cambio en el denominador- y los importantes cambios demográficos que hacen aumentar el numerador impidan que este deseo de las partes se cumpla? Y es en esta cuestión donde las respuestas parecen tan meridianas que no queda más remedio que dar, casi por completo, la razón al Gobierno cuando aduce que la reforma del sistema de pensiones -el logro de la sostenibilidad del sistema- pasa por un aumento en el número de años cotizados. El Gobierno lo ha venido planteando hasta hace apenas unos días como un retraso en la edad de jubilación y últimamente, y en ciertas circunstancias, como una ampliación del número de años necesarios para poder cobrar la pensión completa que en la actualidad, como es sabido, es de 35 años. Ambas son decisiones incómodas, pero eficaces, para lograr el objetivo de la sostenibilidad. En cuanto se pongan en marcha, habrá un menor número de pensionistas en cualquier período de tiempo futuro. Las formas alternativas, ciertamente más atractivas, de conseguir este objetivo pasan por la consecución de aumentos en la tasa de empleo de la población activa o disminuciones en la relación entre la pensión media y la productividad media de la economía. Propósitos difíciles de lograr e imposibles de improvisar en el corto plazo sin tocar el importe de las pensiones. Las negociaciones se están llevando a cabo en un escenario en que las predicciones señalan que la ratio de dependencia va a aumentar como consecuencia de los cambios demográficos. Quizá no todas las partes negociadoras compartan la misma creencia en las predicciones. Pero aún así, probablemente sí compartirán la opinión de que las reformas estructurales, imprescindibles para conseguir la sostenibilidad del sistema sin recurrir a aumentos en la edad de jubilación, requieren tiempo, mucho esfuerzo y políticas imaginativas.
Es indudable que hubiera sido mucho más deseable para los ciudadanos y mucho más fácil de defender para el Gobierno si la reforma del sistema de pensiones hubiera podido basarse, de forma fiable, en medidas orientadas a aumentar empleo y productividad. Pero parece que se ha apostado por la opción más fácil de poner en práctica aunque más difícil de vender socialmente. Y esto es así porque es la opción que garantiza de forma más creíble e inmediata la sostenibilidad del sistema. Para aumentar la edad de jubilación o el número de años de cotización necesarios sólo hace falta una decisión gubernamental y la aprobación del Parlamento. Por el contrario, el aumento en la productividad media de la economía y en el empleo no se consigue por decreto. Se precisa tiempo y mucho esfuerzo. Es una lástima para casi todos y todas, pero es así. Se precisa una decisión, vinculante, creíble y convincente. Tanto nuestros socios europeos como la comunidad internacional son capaces de distinguir entre lo que dicen los números y lo que dice el corazón. Lástima que, en este caso, no vayan los dos acompasados y en la misma dirección.
