El valor ético del sistema fiscal
En estos últimos tiempos y, por primera vez desde 1978, año de la implantación de un verdadero sistema fiscal en el Estado, la gran reforma fiscal de Francisco Fernández Ordóñez, se está generalizando un debate tributario-fiscal en España y en Euskadi. Las aportaciones provienen de todos los ámbitos: la patronal, los sindicatos, partidos políticos, el propio lehendakari, Patxi López, y, por supuesto, la Universidad.
Salvo las más o menos honrosas excepciones que fácilmente se pueden imaginar, todas las demás tienen como denominador común la consideración del sistema tributario de Euskadi, (en realidad un sistema por cada herrrialde, con independencia de la armonización), como poco eficiente para dotar a las administraciones de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines y prestar a los ciudadanos los servicios que estos demandan.
El modelo tributario fiscal es una cuestión de naturaleza política La reforma en Gipuzkoa avanza hacia valores de menor desigualdad
Es generalizada también, la consideración del sistema como injusto y poco progresivo. Esta valoración, que prácticamente transcribo no proviene de sindicatos ni de partidos de izquierda, sino del grupo de sabios que reunió el lehendakari, que se manifestó en estos términos la primavera pasada y que no puede ser calificado como un grupo radical o antisistema. La actual crisis no hace sino acentuar estas notas.
Desde luego, el modelo tributario fiscal es una cuestión de naturaleza política y, en su virtud, su configuración e incluso sus funciones y fines dependerán de posicionamientos políticos y de concepciones de la sociedad. Pero, a mi juicio, la cuestión fiscal trasciende de este ámbito y entra de lleno en el de la ética, donde el campo de maniobra, con ser variado y admitir posiciones diversas, es mucho menor.
Un par de razones, a propósito, de esta naturaleza ética del sistema financiero fiscal. Si consideramos el salario como el resultado de sumar nominal más el diferido, (cotizaciones y previsiones para el futuro) más el indirecto, (diferencia entre el precio de mercado de un bien menos el precio de dicho bien ofrecido por un servicio público), un sistema fiscal que no sea suficiente y que, por lo tanto, obligue a recortes de naturaleza social, perjudica gravemente a aquellos cuyo porcentaje indirecto en la composición del salario es mayor, es decir a las rentas más bajas. Otra razón. El sistema financiero fiscal, por mandato constitucional, tiene como fin último la distribución de la riqueza y por tanto el principio de quien más gana o tiene, más contribuye; este principio no es un valor político, sino ético que se ha dado a sí misma la sociedad.
Sentado lo anterior podemos acudir a un ejemplo, hoy en los medios, me refiero al proyecto guipuzcoano de reforma financiero fiscal. Con relación a la primera de las razones, la relativa a los gastos sociales, el proyecto de norma foral de presupuestos destina el 48% de los gastos al Departamento de Política Social. A pesar de la crisis y del necesario ajuste, no se han recortado prestaciones, sino que en algún caso, como las plazas de residencia de tercera edad se verán ampliadas.
En cuanto a la distribución de la presión fiscal por niveles de renta, la reforma fiscal que implica una subida de impuestos de por importe de más de 54 millones de euros en términos netos de recaudación. La subida media por contribuyente es de 135 euros, pero para el 70% de ellos la reforma supone o bien una reducción o una subida máxima de cuarenta euros. Dentro del 38% restante la subida va desde los ciento veintisiete euros, para la mitad, aproximadamente, hasta más de seis mil para menos de un 1% de los contribuyentes.
El cálculo de índice Gini, un medidor de la desigualdad nos dice que con esta reforma se avanza, aunque tímidamente hacia valores de menor desigualdad.
Desde luego existen posturas que consideran a los impuestos como un mal en sí mismos y subirlos hacer más grande el mal. Consideran que los montantes de subida suponen una rebaja en la demanda agregada, pero el dato tomado así llanamente es ficticio y las conclusiones a las que lleva interesadas. La incidencia tan pequeña porcentualmente en la renta disponible hace que el efecto descrito sea prácticamente irrelevante.
Lo anterior, una justificación ética de la reforma unido a que tendrá un efecto positivo en el desarrollo económico por la rentabilidad que ofrece el gasto social, hace que cuestiones de naturaleza formal, (salvo demostración en caso contrario) como la armonización pasen desde mi punto de vista a un segundo plano.
Si de verdad es tan importante la armonización, sus defensores, tradicionales y nuevos, apostarían por el debate con luz y taquígrafos en el Parlamento vasco y no por una logia oscura en la que no se conocen los intereses en juego como es la OCT. En este último caso, prefiero la ética a la estética de la uniformidad territorial.
