La indignación de los vecinos de Barcelona por el prolongado apagón ha llevado a los políticos catalanes a recuperar el discurso de la discriminación a Cataluña, a la vez que eluden toda responsabilidad por el fiasco, pese a que la Generalitat supervisa el sistema y puede sancionar. Los partidos en el Gobierno y las principales instituciones de la comunidad culpan a Endesa, que a su vez elude responsabilidades, de haber discriminado en sus inversiones a uno de los territorios que más contribuyen con su consumo al beneficio empresarial. Los nacionalistas insisten en acusar al Gobierno central de marginar a Cataluña en las inversiones estatales.

Mientras las caceroladas se extienden por la ciudad y los ciudadanos sufren incrédulos e indignados los problemas ocasionados por la falta de luz, la principal preocupación de las autoridades de la comunidad se centra en señalar a otros como potenciales responsables de uno más de los apagones que periódicamente sufre Cataluña. Las empresas implicadas, como Endesa o Red Eléctrica, tampoco asumen culpabilidad alguna en el corte de luz más largo ocurrido en los últimos años en España.

La Generalitat de Cataluña tiene plenas competencias para inspeccionar los servicios de distribución eléctrica en su territorio y de sancionar a las empresas responsables.