Las descargas se regularán por decreto

El Gobierno tendrá que mojarse si quiere controlar las descargas de archivos por Internet. Los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, han emplazado al Ejecutivo a que sea él quien proponga una regulación de las descargas tras el bloqueo de las negociaciones que mantenían con la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, para una autorregulación de la materia.

El consenso entre ambas partes ha sido imposible. Los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) rechazan dos de las demandas de la Coalición: no quieren ni oír hablar de la desconexión para ninguno de sus abonados, incluyendo los que realizan descargas de forma intensiva, informan fuentes de las compañías.

Redtel ha hecho llegar un documento al Gobierno en el que expone sus divergencias con la Coalición y exponen sus peticiones. En ese informe, los operadores piden al Gobierno que la nueva regulación debe respetar "escrupulosamente" los datos personales de usuarios y consumidores, eliminar cualquier propuesta de suspensión de la conexión a Internet, ponderar las posibles sanciones económicas e implicar a las asociaciones de consumidores y usuarios en toda propuesta de normativa.

Sin embargo, la demanda más firme de las compañías telefónicas es que, sea cuál sea la regulación que se saque adelante, se les garantice seguridad jurídica, de forma, que ni los clientes que reciban los avisos (o en su caso, la desconexión) o los dueños de las páginas web que sean bloqueadas puedan ejercer reclamaciones jurídicas o administrativas contra las operadoras.

Por eso, quieren dejar en manos de la llamada Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales -órgano independientevinculado orgánicamente al Ministerio de Industria- toda la supervisión del proceso, no sólo la tramitación de las denuncias, sino incluso el envío de las cartas de aviso. Los operadores sólo se comprometen a realizar campañas masivas contra la piratería mediante el envío de formularios con campañas educativas.

El bloqueo de las negociaciones se produce en un momento en que ambas partes habían acercado posiciones en algunos puntos. El mayor acuerdo se había producido en la propuesta de la Coalición -integrada por las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos como SGAE- de centrar la persecución no en los usuarios comunes, sino en los que ellos llaman "concentradores", responsables de las páginas web que alojan o enlazan los archivos protegidos por derechos de propiedad intelectual, que permiten las descargas mediante programas p2p (eMule, BitTorrent, Aries...). Según sus estimaciones, alrededor de 70 website son responsables de un total del 80% del tráfico de los archivos protegidos (películas, videojuegos y música).

Para estos concentradores, la Coalición preveía un primer y único aviso para que cesen en su actividad "ilícita" tras el cual, se procedería a la interrupción definitiva del alojamiento de las web albergadas en servidores españoles, o al bloqueo de las páginas radicadas en el extranjero.

El disenso ha llegado por la segunda parte de la propuesta de la Coalición, referente a la persecución de los usuarios comunes. Para ellos, se establece el sistema de tres avisos y, posterior desconexión, el modelo implantado en Francia. Aunque la industria cultural ha rebajado sus pretensiones y se ha comprometido a que sólo se emitirían 60.000 notificaciones al año -el número estimado de usuarios que realizan descargas masivas- ofreciendo además que las desconexiones sean sólo aplicadas en los casos más graves y de forma temporal, los operadores consideran que la medida es desproporcionada.

La pelota está ahora en el tejado del Gobierno, que dispone ya de las propuestas de ambas partes. Las descargas de archivos, incluyendo los sujetos a derechos de autor, son legales en España siempre que no haya ánimo de lucro. Para que dejen de serlo, habrá que realizar un cambio legislativo. Fuentes de la negociación barajan que bastaría una modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) y de la ley de procedimiento administrativo, con el fin de habilitar a la Comisión de Control y el sistema de avisos, puesto que actualmente sólo tienen potestad los jueces para el control y cierre de web.

Precisamente mañana el Parlamento Europeo votará la propuesta de la nueva legislación comunitaria que deja en manos de los Estados el control de Internet. Las presiones de Francia, que tramita la llamada ley Sarkozy (tres avisos y desconexión), han forzado a retirar del texto final la referencia a que sólo se podrá cortar el acceso a Internet si hay una decisión judicial previa.El Parlamento Europeo vota mañana la nueva normativa de la UE