Baltasar Garzón se convirtió ayer en el primer magistrado que atribuye al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes militares, que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República, la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas. El magistrado ha abierto la vía para investigar los "crímenes contra la humanidad" que perpetraron los militares rebeldes franquistas y los distintos Gobiernos del dictador entre 1936 y 1952.

El auto ordena abrir 19 fosas ya identificadas donde reposan los restos de víctimas del franquismo, entre ellos los del poeta Federico García Lorca. El juez explica que su iniciativa, "por encima del éxito o el fracaso, es una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha". "El Estado", escribe Garzón, "no puede borrar sus propios crímenes".

La fiscalía de la Audiencia Nacional, que pidió en su día el archivo de la causa por entender que los delitos están prescritos, ha anunciado ya que presentará recurso contra el auto. Si prospera, la iniciativa del juez habrá fracasado.

Editorial en la página 30