La Ley de la Memoria Histórica, con la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende reparar tanto a las víctimas del franquismo como a las de la Guerra Civil, superó ayer en los despachos del Congreso uno de sus principales escollos, al llegar a un acuerdo PSOE e IU para declarar "ilegítimos" los tribunales y las condenas dictadas en aquella etapa por motivos ideológicos o políticos. El pacto da un vuelco total al proyecto, aunque la formación de Gaspar Llamazares pretendía anular los juicios políticos del franquismo. El Gobierno confía en que se sumen a esta propuesta las demás fuerzas, aunque el PP la rechaza de plano.

En la víspera del 44º aniversario del fusilamiento del comunista Julián Grimau, los socialistas dieron ayer un giro completo a la actitud que venían manteniendo hasta ahora en torno a los tribunales y juicios del franquismo. No aceptan, como habían anticipado, la nulidad de aquellas sentencias que pretendía Izquierda Unida, pero sí que por ley se declaren "ilegítimas". También aceptan eliminar del proyecto que se discute en el Congreso el denostado tribunal de cinco notables que iba a elegir la Cámara con el respaldo de los tres quintos de los diputados, lo que otorgaba al PP poder de bloqueo.

Los populares han reaccionado con absoluto rechazo a esta iniciativa. Su portavoz, Eduardo Zaplana, no dudó en afirmar que con esta ley "se pretende enterrar definitivamente la transición y derribar el pilar fundamental de la concordia y la reconciliación de los españoles". Desde el PSOE, Diego López Garrido hizo un llamamiento a los populares para que se sumen al consenso, ya que la única finalidad de este proyecto, dijo, es "la reparación definitiva de los daños causados a las personas y a los bienes durante la Guerra Civil y una dictadura que llevó a un régimen en las antípodas de la Constitución del 78".