La Inspección destapa el colapso en los juzgados que ejecutan las sentencias

Los inspectores del Consejo General del Poder Judicial han realizado un informe en el que certifican el caos que reina en gran parte de los juzgados penales españoles. La situación es "preocupante" por la sobrecarga de trabajo que soportan. A finales de 2007, tenían 269.405 ejecuciones de sentencias en trámite en toda España. No quiere esto decir que esas sentencias estén paradas, pero sí que están vivas, que el reo aún no ha purgado su pena y que, por tanto, requieren una atención especial de los jueces. Entre otras cosas, para evitar casos como el de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta condenado que debía estar preso y que seguía libre por la descoordinación en uno de estos juzgados.

El informe, que se centra en los juzgados especializados en ejecutorias (los que sólo se dedican a hacer efectivas las sentencias y que existen en las principales ciudades), reproduce en gran parte otro sobre el mismo tema elaborado en 2005, cuando el Consejo adoptó medidas de apoyo (más jueces y funcionarios) para muchos de ellos. Tales medidas, aunque han frenado el atasco y en algunos casos lo han mitigado, se han revelado insuficientes.

La denuncia del juez de Madrid Eduardo López-Palop -del Juzgado de lo Penal 2 de Madrid, especializado en ejecutorias- sobre la gigantesca carga de trabajo de su juzgado (7.000 expedientes sin ejecutar, la mayoría de violencia machista) llevó al propio presidente del Consejo, Francisco Hernando, a ordenar la elaboración de este nuevo informe. El documento confirma la gravedad de la situación. Considera que un juzgado penal especializado (que sólo ejecuta sentencias) no debe tramitar más de 2.655 expedientes, pero el juzgado de ejecutorias de Baleares tenía a finales de 2007 algo más de 8.000 sentencias en trámite; los de Madrid, 6.864; los de Valencia, 5.309, y los de Cataluña, 5.624. Sólo los del País Vasco están por debajo de la media, 3.100.

El informe se ha hecho sobre los juzgados penales en general, aquéllos que se encargan de juzgar los delitos que llevan aparejadas penas iguales o inferiores a cinco años. En la mayoría de las comunidades, el mismo juez de lo penal que celebra el juicio y redacta la sentencia se ocupa luego de ejecutarla. Sin embargo, en Madrid, Palma, Valencia o Barcelona, hay juzgados de ámbito provincial que se ocupan exclusivamente de ejecutar las sentencias que les remiten el resto de juzgados de lo penal. Por ejemplo, en Madrid hay 23 juzgados de lo penal y cinco especializados en ejecutorias cuya única misión es ejecutar las sentencias de los primeros. La situación de los juzgados de lo penal no especializados (los que juzgan y ejecutan sus propias sentencias, como el del caso Mari Luz) también soportan una gran sobrecarga. El informe señala que la sobrecarga actual "está muy lejana de lo que se consideran los parámetros normales". Por ello, los inspectores del gobierno de los jueces proponen de nuevo (ya lo hicieron en 2005) toda una batería de medidas y refuerzos.

Mañana, jueves, se reúne la Comisión Permanente del Poder Judicial, que analizará este informe y, previsiblemente, ratificará las propuestas de los inspectores (más jueces de apoyo, más secretarios, programas informáticos adecuados...). Una vez ratificadas, elevará tales propuestas al Ministerio de Justicia y a las Comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia para que libren dinero y las pongan en marcha.

El estudio matiza que, de los 269.405 asuntos pendientes de ejecutar en España a fines de 2007, el 70,25% (189.280 ejecutorias) corresponden a los Juzgados de lo Penal y el resto (80.125 ejecutorias) a los especializados. Los juzgados de lo penal no son los únicos que ejecutan sentencias. En los casos que conllevan penas superiores a cinco años de cárcel son las secciones penales de las Audiencias Provinciales las encargadas de ejecutar sus sentencias. Los juzgados de Instrucción y los de Violencia sobre la Mujer también ejecutan las resoluciones de los juicios de faltas que celebran. Entre todos tenían 403.000 ejecuciones en trámite en 2007.