El autor de los 'papeles de Guantánamo' atribuye la decisión al Gobierno de Aznar

La autorización concedida a Estados Unidos el 11 de enero de 2002 para que pudieran hacer escala en España los aviones militares que trasladaban detenidos desde Afganistán a la base de Guantánamo fue fruto de "una decisión política" que se adoptó "en las instancias políticas" del Gobierno de José María Aznar. Así lo declaró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga presuntos delitos de secuestro y tortura en los vuelos de la CIA, Miguel Aguirre de Cárcer, director general de Política Exterior para América del Norte en aquella época y autor del informe "muy secreto" que daba cuenta de la petición de la Embajada de EE UU en Madrid. Durante algo más de una hora, el diplomático respondió, como testigo, a las preguntas del fiscal y los abogados de las acusaciones populares, así como del propio juez.

Lo primero que hizo fue ratificar la autenticidad de los documentos publicados por EL PAÍS los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre y asegurar, como hizo la semana pasada en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que la petición de EE UU fue contestada afirmativamente y que no le constaba que se hubiera producido ninguna escala al amparo de esta autorización.

¿Por qué pidió permiso el Pentágono para que sus aviones pudieran aterrizar en España en caso de emergencia si, en tal supuesto, cualquier aeronave puede hacerlo sin más que comunicarlo a las autoridades locales de aviación?, se le preguntó. "La explicación se encuentra en el artículo 25.2 del Convenio de Defensa entre España y EE UU", dijo Aguirre de Cárcer.

Dicho artículo exige una autorización especial para los aviones que transporten "pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España". De la invocación de este artículo se deduce que tanto el Pentágono como el Gobierno del PP eran conscientes de que los prisioneros destinados a Guantánamo eran "pasajeros controvertidos para España", a pesar de que se haya dicho que en esa época no se tenía conciencia del carácter ilegal de estos traslados.

De hecho, todo lo que rodeó este asunto fue especial. Según explicó el testigo, la solicitud no se presentó en el Comité Permanente Hispano-Americano, a través del cual se tramitan las peticiones de uso de las bases, sino que se llevó "a nivel diplomático". Y ello porque, en palabras de Aguirre de Cárcer, no era un tema "de carácter técnico militar" sino de "carácter político".

Pese a lo delicado de la demanda, o quizá por ello, EE UU no la presentó por escrito, sino que "la petición fue oral, lo que es habitual en ocasiones". Respecto a la respuesta, el diplomático no recuerda cómo se trasladó a la Embajada de EE UU o si lo hizo él mismo, pero tampoco "era imprescindible que hubiera documentación", aclara.

Por tanto, el único rastro que quedó fue el informe que redactó el propio Aguirre de Cárcer, del que "entregó en mano una copia al secretario de Estado de Asuntos Exteriores [Miquel Nadal] para que lo despachara con el ministro" y remitió otra al secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, colaborador de Trillo.

El diplomático no sabe quién tomó la decisión. Sí sabe que, por su trascendencia, "compete al ministro" y que, al día siguiente, habló con Nadal y éste le comentó "que se iba a contestar afirmativamente" a EE UU.

Aunque trató el asunto con Nadal, Jiménez-Ugarte y Ramón Gil Casares, director del Gabinete de Internacional y Seguridad de Aznar, "porque el tema involucraba a dos ministerios, Defensa y Asuntos Exteriores", Aguirre de Cárcer subraya que se limitaron a "recomendar que se contestara afirmativamente", ya que la decisión "no le competía a ninguno de ellos", sino a los responsables políticos.

Lo que sí hizo el diplomático fue calificar su informe de "muy secreto". Según sostiene, no pretendía con ello ocultar la colaboración española, sino preservar el secreto del traslado de los presos a Guantánamo. Se equivoca. El traslado era público. Lo anunciaba EL PAÍS en su primera página del 10 de enero de 2002.