Justicia intenta poner orden en el islam español y alejarlo de Rabat

Las instituciones españolas se quejan con frecuencia de sus interlocutores musulmanes. Hay parcelas reservadas en cementerios para enterrarlos que no se aprovechan, clases de religión islámica que no se imparten o alimentos halal (elaborados en función de normas islámicas) que no se certifican como tales porque carecen de representantes legítimos ante las Administraciones.

El Ministerio de Justicia quiere ahora poner orden en el embrollado mapa del islam español. A finales de abril José María Contreras, director general de Asuntos Religiosos, entregó a los musulmanes un proyecto para refundar la Comisión Islámica de España (CIE), según fuentes de Justicia.

Este órgano bicéfalo de representación de los musulmanes fue creado en 1992 y cuenta con dos pilares: la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), que Justicia considera independiente, y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), de la que sospecha que es promarroquí.

"Nos conviene la rama malekita porque es tolerante", dice Mohamed Alí

Dos asociaciones dan voz al 67% de los creyentes; el resto va por libre

La inmigración ha aumentado hasta 1,4 millones la cifra de musulmanes

La nueva comisión "no podrá defender intereses políticos ni particulares"

En los últimos 18 años el islam ha cambiado mucho en España. Hay ya 1,4 millones de musulmanes gracias a la inmigración. De las 791 comunidades islámicas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia, un tercio (254), algunas de ellas muy dinámicas, no pertenecen a ninguna federación. Carecen, por tanto, de representación legal ante las administraciones.

"El islam de 2010 nada tiene que ver con el de hace 20 años", recalca Contreras. De ahí la necesidad, según él, de su propuesta de nuevos estatutos a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Ambas federaciones, Ucide y FEERI, empezaron hace tres años a debatir sobre la reforma de la Comisión Islámica, pero han sido incapaces de pactarla. Sí se han puesto de acuerdo, sin embargo, en no reunir desde 2007 al órgano habilitado a admitir a nuevos miembros en la Comisión.

A lo largo de sus 13 artículos, el documento de Justicia organiza minuciosamente el funcionamiento de una nueva Comisión Islámica de España (CIE) y de otras autonómicas. En ellas tendrán cabida todos aquellos musulmanes que hoy en día no están integrados en el actual órgano de representación.

La nueva CIE, reza el quinto artículo del borrador, "no podrá ser utilizada para fines partidistas ni de enfrentamiento religioso, defender intereses políticos o particulares ni para divulgar principios religiosos propios de algunos de sus miembros en detrimento de las creencias de los demás o del interés común".

Esta disposición ha sido interpretada como un intento de recortar la influencia de los promarroquíes de la FEERI. Justicia ya llegó a pedir al presidente de esta federación, el ceutí Mohamed Alí, que dimitiera después de que en diciembre de 2007 afirmase que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Tres años después arremetió con dureza contra la independentista saharaui Aminetu Haidar.

Pero esta federación dista mucho de ser homogénea. Sus ramas de Murcia y de parte de la Comunidad Valenciana, controladas por Justicia y Caridad, luchan por desbancar a Mohamed Alí de la dirección. Pese a ser ilegal, porque no reconoce al rey Mohamed VI como Comendador de los Creyentes, Justicia y Caridad es el principal movimiento islamista de Marruecos.

La iniciativa de Justicia no ha gustado nada a los dos pilares del islam español. Al que más ha indignado es a Mohamed Alí. "Ese documento es una imposición", afirma. "Es una injerencia del Estado en el islam que no se permitiría con otras religiones". "¿Se imaginan al Gobierno diciéndole a la Conferencia Episcopal Española cómo se tiene que organizar?", se pregunta otro dirigente de la FEERI.

A Mohamed Alí le molesta especialmente el artículo 5 del proyecto de Contreras. "El Gobierno pone esa cláusula para cerrar la puerta a la penetración del malekismo", el rito musulmán que impera en Marruecos, asegura.

"Mohamed VI es el jefe espiritual de los musulmanes marroquíes y aquí temen que sus directrices se propaguen entre los más de 700.000 inmigrantes originarios de Marruecos", insiste Mohamed Alí. "Pero de las cuatro escuelas musulmanas que existen, el malekismo es la más tolerante y moderada y por eso nos conviene".

La federación que preside Mohamed Alí ha elaborado una contrapropuesta de estatutos en la que la prohibición de utilizar a la Comisión Islámica para fines partidistas desaparece. Estipula simplemente que esta tendrá un "carácter estrictamente religioso". La otra gran federación reconocida, la Ucide, también considera innecesario ese apartado, explica su presidente Riad Tatary.

Lo que más le irrita a este español de origen sirio, director de la mezquita de Estrecho, en Madrid, "no es la injerencia de Justicia, sino las prisas con las que quieren imponer" su documento.

El 58% de las comunidades musulmanas inscritas en el registro pertenecen a la Ucide y el 9% a la FEERI, aunque el presidente de esta última sostiene que las adheridas a su federación cuentan con más afiliados. Tanto Mohamed Alí como Riad Tatary dudan de que ese 33% de comunidades que llaman a la puerta de la Comisión Islámica sean todas representativas.

"Tienen que tener arraigo", precisa Riad Tatary. "Gran parte de las asociaciones registradas son fantasmagóricas", añade Mohamed Alí. "Me pregunto si con este proyecto de estatutos Justicia no intenta apoyar a algunos o controlarnos más", concluye sin querer precisar más.

El director general de Asuntos Religiosos rechaza la crítica de injerencia. "No se trata de una reforma teológica del islam, sino meramente organizativa, porque la actual situación no es sostenible".

"El Estado es parte del acuerdo de cooperación con los musulmanes de 1992", recuerda Contreras. "Nos corresponde velar porque se apliquen a todos, incluidas a esas comunidades que están aún fuera", prosigue. "Hay musulmanes privados de algunos derechos por estar fuera de la Comisión Islámica" se lamenta.

Para acabar de convencerles de que acepten reformarse, Contreras está "cerrando el grifo" de las subvenciones -hasta 623.500 euros anuales- que la Comisión Islámica obtiene de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende de Justicia.

"Esa línea de financiación no se reparte ahora al 100%", reconoce Contreras. "Los musulmanes que están fuera nos reclaman poder acceder a esos fondos, y hemos preferido ser cautos en la distribución", asegura.