El caso Bono, que el PP ha utilizado durante dos años para acusar al Gobierno de la detención ilegal de dos militantes populares envueltos en un intento de agresión al ex ministro de Defensa durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha sido resuelto por el Tribunal Supremo con la absolución total de los policías implicados, que habían sido condenados a importantes penas de cárcel por la Audiencia Provincial de Madrid. El Gobierno exigió ayer al PP que "pida perdón a los agentes calumniados".

Los ataques más virulentos dirigidos por el PP al Gobierno durante esta legislatura se centraron en el caso Bono: Son "dos detenciones políticas que suponen el peor episodio en la historia de la democracia", llegó a decir Mariano Rajoy. Los populares exigieron la dimisión del entonces ministro de Interior, José Antonio Alonso, y del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que dejó el cargo cuando se conoció la primera condena a los agentes. Cincuenta diputados populares llegaron a aparecer en un pleno del Parlamento de la Comunidad de Madrid con esposas de plástico en sus muñecas. En el Congreso, el PP protestó contra el Gobierno al grito de "¡Libertad, libertad!".

La Sala Penal del Tribunal Supremo no ha encontrado ahora ni un solo indicio de los delitos que el Partido Popular ha estado denunciando durante dos años para cargar contra el Gobierno y ha absuelto a los policías que habían sido condenados en primera instancia por detención ilegal, coacciones y falsificación de documento público. También queda anulada la indemnización de 12.000 euros que debían recibir los militantes del PP detenidos, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió al PP que pida disculpas a los tres policías declarados inocentes "porque durante estos últimos meses han manchado gravemente su trayectoria profesional".