El aceite de girasol sigue a la venta pese a la alerta sanitaria

El Gobierno dice que el aceite de girasol contaminado no entraña peligro para la salud, pero pide a los consumidores que no lo tomen; lanza la alerta sanitaria, pero no prohíbe la venta en los comercios, es más, afirman con soltura que la retirada de las botellas en los grandes almacenes se ha efectuado de forma voluntaria por parte de las empresas. Si no hay peligro, ¿por qué hay una alerta que pone en guardia a los consumidores y puede afectar gravemente al sector del girasol? Y, si se recomienda que no se consuma, ¿por qué se deja la retirada de las botellas a la voluntad de las empresas?

El ministro de Sanidad, Bernat Soria, compareció ayer ante los medios de comunicación para explicar la actitud adoptada por el Gobierno español ante la detección de aceite de girasol contaminado procedente de Ucrania. España es el país europeo que ha tomado la medida más drástica, contagiando la alarma a otros países que no habían considerado necesario prevenir a sus ciudadanos, como Holanda o Francia. Sin embargo, Soria no aclaró las principales incógnitas.

En una rueda de prensa escueta, en la que únicamente respondió a seis preguntas, el ministro sólo fue claro en su mensaje de tranquilidad al consumidor: "Ya sabemos que la concentración de hidrocarburos alifáticos [detectados en el aceite sospechoso] es tan baja que no hay riesgo de toxicidad aguda". También anunció que en breve se levantará la alerta declarada y que las cadenas de distribución están sacando de nuevo a la venta aquellos aceites seguros, como los producidos en España. Si el consumidor encuentra una botella de aceite en los comercios "es que tienen garantías", indicó.

Efectivamente, ayer se podía comprar aceite de girasol en cualquier tienda, pero no porque se hubiera hecho una selección, sino porque los comerciantes no modificaron los productos de sus estanterías. No había orden oficial para ello. Tampoco en los establecimientos de hostelería habían recibido información.

Una alerta sanitaria sólo puede lanzarse cuando hay un riesgo inminente y extraordinario para la salud. No parece ser el caso. ¿Se han tenido en cuenta, entonces, las repercusiones económicas que puede sufrir el sector agrícola, industrial y del comercio? Soria justificó la actuación excepcional del Gobierno, adoptada el viernes, como una "medida cautelar" dirigida a garantizar "la protección del ciudadano". No ocultó el peso del pasado: "Hay una sensibilidad especial porque en España hemos tenido crisis alimentarias ligadas al aceite". También hay un precedente con la paralización del aceite de orujo, que la administración autonómica aún está pagando por lanzarse una alarma que los tribunales han calificado como injustificada.

El ministro no facilitó la lista de las marcas limpias de contaminantes, pero dijo que el sector de la distribución las "conoce". "El procedimiento que estamos siguiendo consiste en inmovilizar, retirar y, ahora, incorporar a la distribución las marcas de las que estamos seguros". ¿Qué concentración de hidrocarburos alifáticos contiene el aceite sospechoso? ¿Cómo y cuánto ha entrado en España? Nada de esto se aclaró ayer.