La investigación de Garzón irrumpe en la dirección financiera del PP

La trama corrupta de Francisco Correa ha llegado a la sede del Partido Popular. Ayer se conoció que el juez Baltasar Garzón considera que existen indicios racionales de criminalidad en la conducta del tesorero del PP, Luis Bárcenas, que tiene la condición de senador por Cantabria, lo que determinaría que la competencia para investigar los hechos correspondería a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La identidad de Bárcenas y de otro aforado fue incorporada a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) que el martes a las 15.30 horas fue entregado al juez para su valoración. Fuentes de la investigación consideran que se trata del núcleo de la trama corrupta.

Un informe policial recoge las nuevas pruebas que existen contra los aforados

La inhibición del juez se producirá previsiblemente tras las elecciones

El dictamen policial está basado en los documentos en papel y en los archivos guardados en los ordenadores y las unidades de memoria que habían sido intervenidas en los registros de los domicilios de varios de los imputados y en el piso de seguridad que la trama corrupta disponía en la calle del General Martínez Campos, de Madrid.

A la vista de las nuevas pruebas, de las que Garzón pudo tener conocimiento verbal el viernes anterior, antes de que tuviera que ser internado en una clínica de Madrid por una subida de tensión, el magistrado realizó una nueva consulta. En una providencia dirigida al fiscal anticorrupción, Garzón explicaba que "los nuevos datos podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas", ya que han aparecido nuevos posibles aforados.

El fiscal había informado con anterioridad al juez de que, a la vista del contenido de la causa, debería remitirla al Tribunal Superior de Justicia de Madrid -existen indicios contra Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Benjamín Martín Vasco, parlamentario madrileño y ex presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje, y Alfonso Bosch, diputado de la Asamblea de Madrid y gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla del Monte-. Y también que una parte, perfectamente escindible, que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a otro aforado de esa comunidad, en idéntica medida, debería remitirse al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Sin embargo, la aparición de nuevos aforados, entre ellos Bárcenas, cuyo eventual enjuiciamiento correspondería al Supremo, determinó que Garzón preguntase al fiscal si procede elevar exposición razonada al Tribunal Supremo sobre los casos de su competencia, o si, a la vista de que los hechos se refieren a varias comunidades autónomas, correspondería al Supremo la investigación y enjuiciamiento de todo el caso.

El juez ha dado un plazo al fiscal que concluye hoy, pero no se descarta que el fiscal se tome más tiempo y que el presumible auto de inhibición a la Sala Segunda del Supremo -o a tres tribunales distintos- no se conozca hasta después de las elecciones del próximo domingo.

Fuentes de la investigación recuerdan que en una de las grabaciones realizadas al principal implicado en la trama de corrupción, Francisco Correa, en diciembre de 2007, se escucha a éste decir en relación con el entonces gerente y hoy tesorero del PP: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa".

Correa no aportó ninguna prueba de tal acusación y el propio Bárcenas tachó en su momento esa afirmación de "absolutamente falsa y calumniosa". Sin embargo, el juez ha estimado que existen indicios de su participación delictiva y le ha incluido entre los aforados.

El informe de la investigación policial en el que se ha basado Garzón para implicar a parlamentarios nacionales del PP también incluye alusiones a Gerardo Galeote, europarlamentario popular. El padre de Galeote está muy vinculado con los gobiernos municipales del PP en Boadilla del Monte, donde fue concejal ocho años, asesor del ex alcalde (imputado por Garzón) y consejero de la empresa de suelo y vivienda del municipio. La red corrupta de Correa hizo negocios en Boadilla del Monte y, según las declaraciones grabadas al jefe de la trama, pagaron comisiones al entonces alcalde de la localidad a cambio de adjudicaciones.

El informe policial también incluyó el nombre de Esteban González Pons, diputado y responsable de comunicación del PP, que resultaba salpicado por un asunto muy menor, y por el que el juez de la Audiencia Nacional no consideró oportuno imputarle, ni incluirlo en la lista de aforados.