Ajustes recesivos
El Gobierno está empeñado en transmitir firmeza en su compromiso con la rápida reducción del déficit público. Pero la contracción del gasto y la elevación de impuestos, lejos de contribuir a la recuperación del crecimiento económico y del empleo, transmitidos como principal objetivo por Rajoy, son decisiones que profundizarán y alargarán la recesión. Tampoco los mercados financieros, desde luego los de deuda pública, parecen haber recibido con entusiasmo las consecuencias depresivas de esas medidas. Entre otras razones, porque la ausencia de crecimiento es la primera causa de erosión de la solvencia, pública y privada, en particular del sistema bancario. Y del descenso de la recaudación de ingresos públicos. El resultado final será un renovado incumplimiento del objetivo de déficit público.
La única compensación del ajuste fiscal será el reconocimiento de unas autoridades alemanas empeñadas en que los Gobiernos y los ciudadanos de las economías periféricas sufran un severo escarmiento a sus excesos de endeudamiento y supuesta mala administración. Dudosa contrapartida en el caso español, cuyo principal problema no es precisamente el elevado endeudamiento público, sino el contraído por el sector privado en la larga década de expansión que concluye al final de 2007.
Destacar el resultado adverso de la contracción fiscal no significa que el nuevo Gobierno español tenga otras opciones de política económica. Políticas alternativas conducirían a la manifiesta indefensión ante eventuales desplomes en el precio de los bonos públicos y ampliaciones en la prima de riesgo. A cambio del ajuste que se inició el 9 de mayo de 2010 están los eventuales apoyos comunitarios, incluido el acceso a fondos de rescate como los tres países que los requirieron cuando se inició la crisis de la deuda soberana en la eurozona.
Al recorte de gastos e inversión y la más controvertida elevación durante dos años del IRPF, el Gobierno incorporará, según anunció en el último Consejo de Ministros, un plan de lucha contra el fraude fiscal y una racionalización de organismos y entes empresariales de naturaleza pública. Son decisiones razonables, en cierta medida ya enunciadas por el anterior Gobierno. Menos importancia tiene la imposición sobre los inmuebles o la recuperación de la desgravación sobre la adquisición de la vivienda habitual: la demanda de vivienda depende más de la renta de las familias y del crédito que de incentivos fiscales dudosos.
El otro frente en el que es preciso acentuar los propósitos de reordenación de las finanzas públicas es el de las comunidades autónomas. Ha de ser el presidente Rajoy el que, además de explicar en detalle el horizonte al que estas medidas conduce, convoque a los presidentes de las comunidades y transmita ese nuevo código de control que ahora se propone sobre sus presupuestos. Ello no ha de ser incompatible con el respeto a la descentralización del Gobierno que la Constitución prevé y, desde luego, al fortalecimiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera como instancia básica de coordinación. Es el momento de la pedagogía, y la ausencia de un vicepresidente económico obliga a que sea el presidente del Gobierno el que dé la cara. También el que haga valer ante sus más exigentes colegas de la UE que sin crecimiento económico no habrá saneamiento financiero en el conjunto de la eurozona.
