Argumentos para un debate nuclear y energético
Transcurrido casi mes y medio del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima, parece llegado el momento de que se aborde en España el debate sosegado que, temiendo una reacción política a la alemana, pedían los pronucleares mientras salían en tromba a congratularse de lo bien que había resistido la contención de los reactores japoneses, dando lugar a una caricatura de El Roto, con un edificio saltando por los aires y con el texto: "Afortunadamente, el lobby pronuclear no presenta grietas".
La divergencia entre esa actitud defensora por principio de lo nuclear y la realidad de la tragedia (adicional al desastre causado por la naturaleza) en que se ha visto sumida la sociedad japonesa por lo sucedido en Fukushima ha producido en todo el mundo un efecto muy negativo sobre la aceptación nuclear y un deterioro de la credibilidad de sus responsables técnicos y empresariales. Como, por otro lado, parece que habrá que seguir contando de inmediato con la producción nuclear para el abastecimiento eléctrico, debería extraerse la consecuencia de que, aparte de reforzar su seguridad, es necesario replantear las relaciones energía-sociedad sobre bases más fidedignas y transparentes, definir más objetivamente los riesgos y beneficios de los distintos tipos de energía y proceder con mayor equidad a su reparto.
Es necesaria más equidad en el reparto de riesgos y beneficios de los distintos tipos de energía
Tras Fukushima, no es de esperar un relanzamiento nuclear en España, al menos en un quinquenio
Con respecto a la nuclear, no se puede seguir presentando como otro tipo de energía más, cuando tiene unas peculiaridades de riesgos intrínsecos o provocados, posibles derivaciones armamentistas y disposición de residuos que dan lugar a planteamientos diferenciados no solo en su oposición social, sino en el establecimiento de regulaciones que dilatan y encarecen sensiblemente su construcción, sometiéndolas a unos elevados riesgos financieros.
Estos aspectos no se pueden obviar cuando se hacen planteamientos de relanzamiento nuclear en las nubes o, como acaba de decir el presidente de la mayor eléctrica española: "Somos absolutos convencidos de las bondades de la nuclear, pero siempre en un marco de absoluta seguridad". Demasiados absolutos en un mundo con Fukushima e Irán en el que casi todas las centrales tienen que albergar los residuos en piscinas o contenedores anexos, al no haber sido capaces de resolver la mayor parte de los países un problema tecnológicamente tan sencillo como disponer de almacenamientos temporales o definitivos.
El freno a la viabilidad práctica de la energía nuclear que implican dichos problemas no tendría mayor importancia si, por otro lado, no estuviera pendiente de resolución a nivel mundial el problema del cambio climático, para el que pudiera ser conveniente disponer de nucleares hasta que estén disponibles masivamente las energías renovables. Aunque sobre estas últimas también conviene no levantar falsas expectativas temporales y ofrecer información solvente sobre su gestionabilidad y costes.
Parece, por ello, conveniente proceder al mencionado replanteamiento de las relaciones nucleares-sociedad, a partir de algunas clarificaciones básicas. En primer lugar, es preciso distinguir claramente entre los costes de construir un nuevo reactor y los de operar otro instalado hace años. Construir nuevos reactores no ha sido seriamente considerado por casi ninguna empresa privada occidental desde hace más de 20 años, al poder producir electricidad con centrales de gas, con menor riesgo financiero y coste más reducido. Tras Fukushima, no es de esperar que, al menos en un quinquenio, pueda considerarse ningún relanzamiento nuclear en España.
Muy diferente es la economía de las centrales nucleares en funcionamiento, especialmente en el caso de las españolas, que comenzaron a operar hace más de 20 años y que han llegado a esta etapa dorada a través de un proceso continuado de apoyo público sufragado por los consumidores. Este se tuvo que iniciar en los años ochenta para evitar la quiebra de las empresas privadas promotoras, al aflorar con su puesta en marcha los excesivos intereses intercalarios que habían acumulado durante los 10 años de construcción.
El parón nuclear, tildado de ideológico, fue producto de una mera imposición de buenas prácticas contables y financieras, arropada con la recuperación de las inversiones en los reactores parados a través de un complemento a la tarifa. La situación de algunas de las empresas estaba tan deteriorada que, para que salieran adelante, hubo, además, que forzar intercambios de activos para que las eléctricas públicas asumieran, con el correspondiente soporte tarifario, parte de la carga nuclear.
La chispa desencadenante de la bonanza económica actual de las nucleares vino 10 años después con la liberalización eléctrica de 1997, al reconocerse a toda la producción eléctrica (con hidráulicas, nuclear, carbón o gas) un precio marcado por el coste de la central más cara que funcionara en cada momento. Además, se acordaron unos complementos adicionales de hasta 8.663 millones de euros, denominados Costes de Transición a la Competencia (CTC) para garantizarles un precio mínimo que asegurara la recuperación de las inversiones efectuadas antes de la liberalización en todas las centrales. La realidad es que, por ese concepto, las eléctricas acabaron ingresando más de 10.000 millones. Además, al cancelar anticipadamente en 2006 los CTC, evitaron tener que devolver esa suma, al percibir luego hasta 2010, fecha inicialmente contemplada, unos precios de mercado mucho más elevados.
De estos hechos se deducen dos consecuencias muy importantes que conviene les sean explicadas muy claramente a los ciudadanos. La primera es que tanto si se aumenta la vida de las nucleares como si se cierra alguna de ellas, las eléctricas tendrán mayores o menores beneficios, pero los consumidores domésticos o industriales, según la regulación vigente, seguirán pagando grosso modo el mismo precio, puesto que este seguirá siendo marcado por el coste de otra central más cara de gas.
Parece, por ello, cuando menos sorprendente que el presidente de la CEOE proclame, en beneficio de solo cuatro de sus empresas y en perjuicio de todas las demás consumidoras, que "la energía nuclear es fiable, buena, bonita y barata, y da seguridad al sistema con un precio asequible, que es lo que necesita la industria española para competir".
La segunda consideración es que la venta de la energía nuclear-eléctrica a un precio que triplica su coste es una de las causas que impiden reducir el déficit tarifario, ya que la recaudación, al destinarse en primer lugar a pagar la energía generada a ese precio, hace que las eléctricas se tengan que endeudar (con el aval del Estado) para abonar el resto de costes. El déficit no se crea, pues, porque no se cubran los costes reales, sino porque hay un exceso de percepciones reconocidas en la regulación, lo que ha dado lugar a que las tarifas hayan aumentado desde 2004 en más de un 50%, además de haberse generado un déficit adicional de 18.000 millones de euros que los consumidores tendrán que pagar aplazadamente en los próximos 15 años.
Además, dicho déficit puede llegar hasta los 40.000 millones de euros en 2020, salvo que sigan aumentándose los precios a unos hogares e industrias que ya están pagando un 16% y un 21% más, respectivamente, que la media de la UE. Por ello la competitividad de la economía española debe preservarse evitando nuevas subidas, para lo que es necesario reducir diversos costes y beneficios regulatorios reconocidos, entre los que se encuentran los percibidos por la producción nuclear, que superan los 2.000 millones anuales.
Para concluir, hay que referirse de nuevo a la necesidad expresada inicialmente de una mayor equidad en el reparto de riesgos y beneficios de los distintos tipos de energía, porque esto es lo que podría dar en los próximos años un papel relevante a la energía nuclear.
Las centrales nucleares en funcionamiento, aunque nos hacen soportar a todos unos riesgos de baja probabilidad, pero de alta incidencia, tienen que seguir funcionando a corto y medio plazo, junto con otras de gas y carbón (que también presentan riesgos significativos en su cadena de aprovisionamiento) porque solo con renovables no puede hoy asegurarse el suministro eléctrico.
Por ello hay que hacer un esfuerzo tecnológico para desarrollar energías renovables más eficientes en las que España tiene ventajas comparativas, que sirvan de base a un desarrollo industrial creador de empleo y permitan conseguir en 20 años un suministro eléctrico sin apenas CO2. Es precisamente este marco el que podría justificar un mantenimiento de las centrales nucleares si, en vez de producir un beneficio regulatorio injustificado a cuatro empresas eléctricas, sus menores costes operativos contribuyeran a la financiación de un despliegue bien planteado de las renovables.
Martín Gallego Málaga es ex secretario general de la Energía.
