Banda ancha y déficit público
La política española de telecomunicaciones, al igual que la de otros países de la Unión Europea (UE), se enfrenta a un reto formidable: a lo largo de la próxima década será necesario movilizar un volumen de recursos financieros, públicos y privados, históricamente muy elevado, para dotar a nuestro país de unas infraestructuras de banda ancha de nueva generación (fijas y móviles) que sustituyan a las actuales.
Un retraso significativo de España en el despliegue de las nuevas redes corre el riesgo de situarnos en una posición de desventaja competitiva con respecto a otros países y de limitar seriamente el crecimiento de la productividad y del empleo de nuestra economía a medio y largo plazo.
Un retraso en el despliegue de las nuevas redes situaría a España en una posición de desventaja competitiva
España necesita definir una estrategia de banda ancha; ninguna mano invisible orientará las actuaciones
El problema se complica porque el elevado volumen de inversiones que requiere el despliegue de las nuevas infraestructuras deberá realizarse en un contexto financiero muy adverso y con un crecimiento económico relativamente reducido, al menos a corto y medio plazo, lo cual limitará la capacidad de financiación privada; y en un marco, también, de fuertes restricciones en los presupuestos de las Administraciones Públicas que reducirá las posibilidades de apoyar los despliegues mediante fondos públicos.
Así pues, el desafío inversor de la próxima década, con escasos precedentes históricos, no sólo atañe a la política de telecomunicaciones: es, y será en los próximos años, un reto clave de la política económica; de España y del resto de los países europeos.
La Estrategia Digital para Europa aprobada durante la Presidencia española de la Unión Europea (UE), ha establecido unos objetivos duales para la extensión de la banda ancha durante la próxima década, que están en línea con los fijados por el Gobierno español:
- Para 2013, todos los ciudadanos de la UE deberán poder acceder a una conexión de banda ancha "básica" a un precio asequible; la CE viene entendiendo por "banda ancha básica" cualquier conexión (mediante red fija o móvil) que permita velocidades de 1 o 2 megabits por segundo. El proyecto de Ley de Economía Sostenible concreta el objetivo español para la banda básica en conexiones de 1 megabits por segundo.
- Para 2020, todos los ciudadanos podrán acceder a conexiones de banda ancha rápida de al menos 30 megabits por segundo, y al menos un 50% de los hogares deberán estar conectados a un acceso de al menos 100 megabits por segundo.
La Comisión Europea (CE) ha proporcionado algunas estimaciones sobre el orden de magnitud de las inversiones necesarias para cumplir estos objetivos. Lograr una cobertura de 1 megabit por segundo para todos los ciudadanos de la UE podría requerir hasta 11.000 millones de euros en inversiones a lo largo de cinco años. Esta cifra, representa, grosso modo, el 25% del total de las inversiones realizadas por los operadores de telecomunicaciones en 2008; un coste considerable, aunque relativamente reducido si se compara con el asociado al despliegue de las nuevas redes de alta velocidad que sería en torno a 25 veces superior: dependiendo de las tecnologías que se utilicen, lograr una cobertura para todos los hogares europeos a 30 megabits por segundo podría costar entre 38.000 y 58.000 millones de euros, y conseguir que el 50% de los hogares en Europa tengan conexiones de, al menos, 100 megabits, entre 181.000 y 268.000 millones de euros.
El reto parece, como mínimo, muy ambicioso. Para que resultara factible, sería necesario, en primer lugar, concienciar a nuestra clase política y al conjunto de la sociedad española de la necesidad de modificar las prioridades en materia de infraestructuras. Tras el enorme esfuerzo inversor de las dos últimas décadas en carreteras y autopistas y en trenes de alta velocidad a lo largo y ancho del territorio, la dotación de infraestructuras de transporte de nuestro país ha mejorado extraordinariamente. En la próxima década, debería ponerse un mayor énfasis en dotar a España de unas redes de banda ancha de gran capacidad, que puedan actuar como auténticas arterias de una economía basada, cada vez más, en el conocimiento.
Y, en segundo lugar, haría falta que los agentes más directamente implicados en ese reto inversor dispusieran de algún tipo de visión sobre cómo alcanzarlo: con qué tecnologías, en qué plazos y en qué zonas del país, con qué fuentes de financiación, con qué regulación sobre las redes desplegadas; y que aclare suficientemente el papel de los distintos actores: el Ministerio de Industria y el Gobierno, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), las administraciones autonómicas y locales y, por supuesto, los operadores del sector.
El Ministerio de Industria, responsable de la política de telecomunicaciones, debería elaborar una estrategia nacional de banda ancha que atendiera a todas esas cuestiones, en línea con la que ya han elaborado algunos países europeos. Para ello, se podría apoyar en la CMT, que dispone de más recursos para un ejercicio de esa naturaleza (humanos y financieros), y que tiene entre sus funciones la de asesorar al Gobierno. Debería ser una estrategia técnicamente bien diseñada y que contara con un amplio consenso para que resultara creíble. De este modo, la propia existencia de la estrategia, impulsaría las decisiones de inversión de los operadores (ahora bloqueadas por la incertidumbre) y reduciría los costes del capital, ya que los analistas y los mercados financieros tenderían a valorar más favorablemente los proyectos.
El despliegue de las redes móviles de nueva generación podrá hacerse, como en el pasado, en competencia entre varios operadores de red en amplias zonas del territorio. Al menos, los cuatro que operan actualmente en España ya han mostrado su interés en hacerlo y están a la espera de las decisiones del Ministerio de Industria sobre la asignación del espectro radioeléctrico necesario.
Pero para las redes fijas de fibra óptica, que son las que podrán ofrecer velocidades de 100 megabits y muy superiores, las perspectivas son menos halagüeñas. La cobertura de estas redes podría alcanzar, como máximo, a dos tercios de los hogares y empresas del país, los ubicados en zonas de densidad de población suficientemente elevada para que los despliegues resulten rentables económicamente.
Para cubrir al 35%-40% restante de la población (de zonas rurales o áreas urbanas con costes elevados de despliegue) será necesario subvencionar los despliegues con fondos públicos. De otro modo, esas zonas quedarían sin cobertura.
De hecho, ya hay varias administraciones territoriales que han planteado proyectos a la CE para subvencionar con dinero público la construcción de redes de nueva generación en zonas donde la iniciativa privada no tiene intención de hacerlo en los próximos años. La reciente luz verde de la CE al proyecto Xarxa Oberta de la Generalitat de Cataluña así como la emisión de una opinión de la CMT, en general favorable, a un proyecto de ayudas públicas de la Xunta de Galicia para construir una red de nueva generación (remitido ya a la CE para su autorización) previsiblemente acelerarán más este tipo de iniciativas.
A su vez, un sinfín de ayuntamientos y otras administraciones territoriales han lanzado, o están contemplando, proyectos de despliegue de redes Wifi para proporcionar acceso a internet y otros de muy diversa índole, en buena parte con una racionalidad económica muy dudosa.
Por tanto, es preciso -y urgente- un esfuerzo que racionalice y aporte coherencia a la auténtica avalancha de actuaciones de las diferentes administraciones públicas en materia de banda ancha; hace falta una estrategia nacional que evite ineficiencias y duplicidades que presionan al alza sobre el déficit público; que potencie el papel del mercado y de los operadores privados todo lo que sea posible; pero que, a su vez, incorpore la intervención pública donde sea necesario; que se proponga -y consiga- recabar fondos públicos suficientes para apoyar la extensión de las redes de banda ancha en las zonas menos densas; pero que establezca mecanismos para extremar el rigor en la asignación de los recursos públicos por parte de las distintas administraciones del Estado.
En conclusión: ninguna mano invisible orientará las actuaciones de la multitud de agentes implicados en el reto inversor de la próxima década. España necesita una estrategia nacional de banda ancha que haga posible transformar ese reto monumental en una oportunidad bien aprovechada; para el sector de las telecomunicaciones y, lo que es más importante, para el conjunto de la economía española.
Inmaculada López es consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
