Economía sostenible
El proyecto de Ley de Economía Sostenible recientemente aprobado por el Consejo de Ministros contiene elementos que podrían configurar las bases de un crecimiento futuro sólido, pero también constituye un tremendo reto, al requerir un enorme desarrollo normativo en un breve periodo de tiempo. Es, además, un texto del que intencionadamente se han omitido aspectos esenciales que se pretenden desarrollar con normas adicionales específicas durante este año y que hay que ver, por tanto, en un contexto legislativo más amplio.
El presidente del Gobierno anunció en noviembre la propuesta de una Ley de Economía Sostenible sobre la que creó grandes expectativas, al hacer referencia a las muchas áreas en las que iba a implicar reformas de alto calado. Que se mencionase por primera vez, en una jornada organizada por The Economist, simultáneamente con el anuncio de que la recuperación en España ya había comenzado, inmediatamente desacreditado por las estadísticas laborales, no favoreció la credibilidad de la propuesta. Tampoco resultaba sencillo comprender cómo sus tres ejes de actuación (mejora del entorno económico, competitividad y sostenibilidad medioambiental) podían confluir hacia un crecimiento equilibrado y sostenible, ni tampoco qué se entendía por esto último. Además, en ausencia de una clara declaración de intenciones, las medidas anunciadas no parecían capaces de conducir a una rápida generación de empleo ni a una reactivación de la actividad productiva, y resultaban claramente insuficientes como reformas institucionales capaces de lograr un crecimiento sostenido.
La propuesta alrededor de la ley representa una tarea formidable y, sin duda, necesaria
Tenemos, en muchos ámbitos, un exceso de legislación y un gran defecto de cumplimiento
El anteproyecto de ley, dado a conocer tras el Consejo de Ministros del 27 de noviembre, se enfoca a una profunda reforma de nuestro modelo productivo, con un último fin: lograr un crecimiento equilibrado de la economía que permita crear empleo de forma estable y seguir configurando un modelo social más equitativo, definiendo así la concepción del Gobierno de una economía sostenible. Las 200 páginas del anteproyecto, todavía accesible en la web del Ministerio de Economía, describen una ley ómnibus, que requiere el desarrollo de un amplio conjunto de normas, puesto que pretende actuar en ámbitos económicos y sociales muy diversos. La comparecencia posterior del presidente en el Parlamento, recogida en el diario de sesiones de 2 de diciembre, aclaró notablemente la descripción de objetivos.
Con la importante salvedad de su retraso, el texto está escrito con claridad y delimita sus objetivos con precisión. También está sujeto a serias limitaciones. Quizá la más importante sea no venir acompañado de una evaluación detallada, completa y realista de la situación actual de la economía española, que permitiera justificar la inclusión de unas medidas y la exclusión de otras. Es verdaderamente lamentable que en la actual situación los partidos políticos se presten a negociar el intercambio de medidas parciales para tratar las consecuencias de la crisis económica y financiera sin contar previamente con tal dictamen. Una política económica rigurosa requiere necesariamente la consistencia de las distintas medidas, cada una de las cuales debe diseñarse con un claro objetivo en mente. Sin una clara definición de los problemas a resolver, difícilmente puede establecerse un diseño coherente.
La segunda limitación se refiere a su contenido. La protección del entorno natural y la recuperación de áreas que han sido dolorosamente dañadas con actuaciones ilegales en el pasado han quedado fuera de tan amplia declaración de actuaciones, dada la previsible importancia que el turismo de calidad ha de jugar en nuestro desarrollo futuro. Tampoco se plantea la reforma de la financiación de los partidos políticos, explicitando claramente sus límites legales, que frecuentemente aparece alrededor de casos de corrupción y que tanta frustración social genera. Ni la agilización en la aplicación de las resoluciones judiciales, o la ruptura del control partidista de los nombramientos para altos tribunales, que pudieran restaurar la confianza del sector privado en la Administración de justicia. También hay carencias llamativas en algunas áreas incluidas en la ley: no cabe plantear una reforma definitiva de la formación profesional al margen del resto del sistema educativo, y el anteproyecto menciona la integración de las enseñanzas universitarias y de formación profesional. Pero las universidades españolas acaban de modificar por completo la estructura de sus titulaciones en un proceso excesivamente descentralizado, que no ha prestado atención alguna a la posible coordinación con la formación profesional.
Otros temas importantes no se recogen en la amplia tabla de contenidos del proyecto de ley, aunque el presidente dio a ambos gran importancia en su presentación de la ley en el Parlamento el pasado diciembre. En la actual coyuntura es urgente acelerar los aspectos de reforma del mercado de trabajo, así como la reestructuración de nuestro sistema financiero. En el primer caso, no tanto porque las reformas permitan por sí solas generar empleo, sino por mejorar las expectativas de trabajadores potenciales y empresarios en cuanto a la contratación y potenciar definitivamente ganancias de productividad y competitividad futuras. La reestructuración financiera intentaría aliviar las dificultades de financiación de las empresas, especialmente las de tamaño mediano y pequeño, que no encuentran recursos en los mercados de crédito ni pueden recurrir a los mercados de valores. Respecto del mercado de trabajo, el presidente se emplazó en el Parlamento a evaluar para el primer trimestre de 2010: el sistema de negociación colectiva, el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste, la política de bonificaciones, la mejora de la intermediación laboral, la reducción de la dualidad y la temporalidad, el control de los procesos de incapacidad y la reducción de la brecha laboral por género, pero todo ello parece haber quedado supeditado a otros trámites más urgentes. También anunció medidas a tomar por el Consejo de Ministros a lo largo de 2010: modernización de la justicia, reforma de la Administración pública, revisión de nuestro sistema financiero, refuerzo de la lucha contra el fraude y la economía sumergida, impulsar la innovación y la competitividad de nuestras empresas, incluyendo la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, planes de modernización sectorial, incluyendo un plan de competitividad industrial, impulsar el desarrollo de un modelo de energía sostenible que dote de mayor certidumbre al sector, así como un programa de inversiones en infraestructuras para el transporte sostenible.
La propuesta de actuaciones alrededor de la Ley de Economía Sostenible representa, por tanto, una tarea formidable y, sin duda, necesaria. Requiere también una decidida voluntad política que permita un desarrollo completo de la ley. En los últimos años hemos oído promesas acerca de casi todas las áreas de reforma que en ella se recogen. Es inevitable recordar cómo en febrero de 2005 el Gobierno aprobó 100 medidas para mejorar la productividad de la economía, otra ley ómnibus, susceptible de generar las mayores expectativas, pero que ha quedado olvidada. Parece que pretendemos salir de los problemas aprobando nuevas normas sin preocuparnos excesivamente por su desarrollo y cumplimiento. De este modo, la estrategia se derrota a sí misma. De hecho, el actual proyecto de ley no hace referencia alguna a actuaciones previas ni a sus resultados. Tenemos, en muchos ámbitos, un exceso de legislación y un gran defecto de cumplimiento, específicamente en aspectos medioambientales. Mejorar drásticamente la calidad institucional es decisivo. Tan importante como acertar con las medidas adecuadas sería romper con estos vicios del pasado.
Alfonso Novales es catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid.
