Grecia y el euro
Las discusiones sobre el rescate de Grecia y los vaivenes de los mercados a lo largo de las últimas semanas han puesto de relieve las dificultades de hacer funcionar una unión monetaria sin una política presupuestaria unificada y sin unas reglas claras de actuación en caso de crisis. Hasta ahora no se ha encontrado un equilibrio razonable entre los intereses de los Estados que forman parte de la Unión Monetaria y los intereses más amplios de la propia Unión.
Desde la introducción del euro, la economía griega ha conocido dos fases muy distintas por lo que a la deuda pública se refiere. En la primera, el endeudamiento del sector público griego, según las definiciones adoptadas en Maastricht, disminuyó desde un elevado 103,4% del PIB en el año 2000 hasta un 100,3% en 2005. A partir de entonces, la tendencia se invirtió hasta alcanzar el 142,8% del PIB en 2010. En Italia y Bélgica, la deuda pública también superaba en volumen al PIB, pero estos dos países han sido mucho más prudentes en su gestión.
No es posible administrar una unión monetaria sin un organismo que coordine las políticas fiscales
El déficit público griego se vio acompañado por un importante déficit exterior, que pasó de un 7,8% del PIB en el año 2000 a un 10,4% en 2010, tras haber pasado por un máximo del 14,7% en 2008. Ambos déficits son en buena medida el reflejo de falta de ahorro griego. Las estadísticas sobre este punto son escasas, pero, según la Comisión Europea, la tasa de ahorro de las familias griegas fue negativa en 2008 y en 2010.
Esta cuestión complica de manera probablemente insuperable en el corto plazo los problemas del ajuste económico en Grecia. Dado que el ahorro interno no puede hacer frente a las deudas en las que ha incurrido la economía griega, por el momento solo puede ser el ahorro externo el que se haga cargo del problema. Y es ahí donde comienza la discusión.
Los acreedores de Grecia han impuesto un duro plan de ajuste para intentar recuperar su dinero. Pero la senda del rigor es bastante estrecha: la idea básica consiste en imponer una fuerte contención de la demanda interna, impulsar una serie de reformas estructurales y esperar que la demanda externa termine por sacar a los griegos del atolladero. Para este año está prevista una caída de la demanda interna de ocho puntos del PIB, cifra enorme que da una idea del esfuerzo que se pide a los ciudadanos de ese país, y una aportación de la demanda externa de cinco puntos. A pesar de ello, el déficit por cuenta corriente será de más de un 8% del PIB, lo que quiere decir que Grecia tendrá que seguir importando ahorro externo en grandes cantidades. La tentación de los acreedores puede ser la de forzar aún más el ajuste, pero no sería lógico ni racional el hacerlo, ya que, además de ahondar la grave fractura social existente, la economía griega podría iniciar una espiral deflacionista que haría aún menos probable la recuperación de las sumas prestadas.
Dada la situación en la que se encuentra la economía griega, lo más probable es que una buena parte de las deudas contraídas no puedan pagarse en un horizonte temporal previsible. Desde esta perspectiva no se trataría de averiguar si Grecia puede o no hacer frente a sus compromisos (lo que no está en condiciones de hacer), sino quién, y cómo, se encargará de hacerlo: la respuesta es que serán los ciudadanos de los países del euro quienes terminarán pagando una buena parte de la factura con sus impuestos. Si esto es así, y tiene muchas probabilidades de serlo, el problema ante el que se encuentran los responsables comunitarios es el de cómo repartir los gastos y cómo llevar a cabo la operación con el mínimo destrozo posible.
Reconocer estos hechos, que los mercados han descontado hace tiempo, no es fácil para los responsables políticos, como prueban las discusiones que han tenido lugar a lo largo de las últimas semanas y que han enfrentado a los alemanes con el resto de los países afectados, especialmente Francia. La posición alemana, comprensible en teoría, era muy peligrosa en la práctica, ya que pretendía forzar el que los particulares (esencialmente, los bancos alemanes y franceses) asumieran forzosamente una parte de las pérdidas. De haberse hecho así, la deuda griega habría sido declarada en situación de impago (default), lo que habría implicado inmediatamente la materialización de las pérdidas en los balances de los bancos y la imposibilidad, por parte del Banco Central Europeo, de aceptar la deuda pública griega como garantía de sus préstamos, lo que, a su vez, habría provocado el colapso del sistema financiero griego, que se habría encontrado de la noche a la mañana sin liquidez. Esta es la razón por la que los responsables del BCE se han opuesto con firmeza a los planes iniciales de Alemania.
Al final, Alemania ha cambiado su posición y la propuesta conjunta con Francia ha sido la de plantear la renovación de la deuda griega de forma voluntaria, lo que no implica la calificación de impago para la deuda. No es una situación agradable, pero al menos se ha evitado el colapso del sistema financiero griego y la puesta en entredicho del euro en los mercados mundiales.
Sería ilusorio pensar que con ello el problema se ha solucionado, si bien pueden extraerse algunas lecciones útiles para el futuro. La primera consiste en la necesidad de encontrar un mecanismo que permita evitar la irresponsabilidad de los Gobiernos en sus políticas presupuestarias, lo que inevitablemente implica una cesión adicional de soberanía hacia los organismos comunes de decisión de Bruselas. Es la consecuencia lógica del gran paso adelante que significó la moneda única. Como han demostrado los últimos acontecimientos, no es posible administrar una zona monetaria sin un organismo que coordine seriamente las políticas presupuestarias de los países que la forman.
La otra lección es que, además del equilibrio presupuestario, hay que vigilar el equilibrio exterior, ya que los desequilibrios persistentes en las balanzas por cuenta corriente no hacen sino indicar graves problemas de competitividad que pueden provocar a la larga problemas como el que ahora vive Grecia.
En definitiva, la solución de los problemas de la Unión Monetaria requiere dar pasos firmes hacia una unión más estrecha entre los países que la forman. La alternativa no es otra que la destrucción, a mayor o menor plazo, de la propia Unión Monetaria.
José Luis Leal fue ministro de Economía y presidente de la Asociación Española de Banca Privada.
