Necesario, pero insuficiente
Con la reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento se corrige un único artículo, el 135. Dicho artículo, en su punto 2, dice textualmente: "El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros". En el apartado 5, dicho artículo establece que una Ley Orgánica desarrollará la distribución de los límites, la metodología del cálculo del déficit estructural y la responsabilidad en la que se incurre en caso de incumplimiento. Por lo tanto, aun considerando que esta reforma era totalmente necesaria, todavía queda lo más importante por concretar.
Para aceptar esta reforma, lo primero en lo que hay que estar de acuerdo es en los efectos perniciosos de un déficit público elevado frente a la bondad del mismo que preconizan algunos. La ciudadanía debe saber que unas finanzas saneadas exigen no gastar más de lo que se ingresa (todo lo opuesto a lo realizado durante los años anteriores a la crisis), y esta regla es válida para Estados, Gobiernos regionales, empresas y familias. Si no se cumple esta regla se incurre en déficit y se incrementa la deuda con su correspondiente pago de intereses, que vuelve a dificultar el cumplimiento de la regla. Puede darse el caso en que se tenga un patrimonio que permita el endeudamiento y responda en caso de insuficiencia de los ingresos en el futuro, lo que llevaría a una reducción de la riqueza. Solo cuando se tienen expectativas de rentas superiores a los gastos, que permitan no solo pagar los intereses sino reducir la amortización de la deuda, parece razonable incurrir en un endeudamiento, sabiendo que se retrasan pagos al futuro.
Aun considerando que la reforma constitucional era necesaria, queda lo más importante por concretar
En el caso de las Administraciones públicas, se ha incurrido en un déficit elevado. En 2010 se situó en 98.227 millones de euros (9,2% del PIB) y se alcanzó una deuda de 638.767 millones de euros (60,1% del PIB), con un pago de intereses de 20.374 millones de euros en 2010. Esto significa, si no se corrige, que por gastar más de lo recaudado se está trasladando a las generaciones futuras la carga asumida actualmente. Por lo tanto, no sirve el argumento de que las Administraciones incurren en déficit para sostener y/o mejorar el Estado de bienestar actual, ya que se está hipotecando el Estado de bienestar del futuro. Pero además, el pago de intereses cada vez más elevados (gracias a la desconfianza de los mercados) dificulta la reducción del gasto y por tanto la reducción del déficit.
Otra cosa es discutir sobre las posibles actuaciones en los dos componentes del déficit provocado por exceso del gasto y/o insuficiencia de los ingresos. Una política de izquierdas debería admitir la reducción de gastos (especialmente superfluos), pero ayudada por un incremento de ingresos que en ausencia de crecimiento económico solo puede conseguirse con el aumento de los impuestos. Pero toda política fiscal debe administrarse con cuidado, procurando no dañar las actividades productivas del país, generadoras de futuros ingresos y posible creación de empleo.
En la parte de gastos, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se deberían analizar con cuidado y sin finalidades partidistas todos los gastos, y antes de reducir aquellos socialmente más necesarios (sanidad y educación) anular los que son excesivos y a veces superfluos, como transferencias y subvenciones que no favorezcan la actividad productiva. En cuanto a los gastos sociales, sería necesario establecer políticas de ahorro basándose en la austeridad que exige el momento actual.
Por el lado de los ingresos, no estaría de más una revisión a fondo del sistema fiscal actual, que siguiendo los ejemplos de otros países como Alemania y Francia buscase un tratamiento más justo de las rentas y la riqueza. Las últimas minirreformas han favorecido más a los que más tienen y han dejado recaer el peso fiscal en las clases medias, especialmente en las rentas de trabajo. Sería conveniente una revisión del IRPF a partir de niveles adecuados y el establecimiento de impuestos especiales para los grandes patrimonios, hasta ahora muy favorecidos con las SICAV y los SIF.
Es importante que la ciudadanía esté bien informada del contenido de la reforma, ya que lo más importante es lo que está por desarrollar a través de la Ley Orgánica antes del 30 de junio de 2012 y que por lo tanto deberá ser impulsada por el partido que gobierne tras las próximas elecciones.
Carmen Alcaide es analista y expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).
