Polémica en torno a la política económica
Con motivo de la huelga general se ha generado una polémica sobre el cambio de rumbo de la política económica aplicada por el Gobierno, incluyendo la reforma laboral y los recortes de salarios y de algunas prestaciones sociales. La discusión se centra en si la política de austeridad y estabilidad, diseñada por la Comisión Europea y liderada por Alemania, es la adecuada para reiniciar el camino de la recuperación económica y la creación de empleo o por el contrario en vez de recortes del gasto se debería aplicar una política expansiva en el gasto con ayudas públicas, al más puro estilo keynesiano, que permitiese crecer más rápidamente a la economía para crear empleo.
Dejando a un lado si se trata de políticas más conservadoras o más progresistas, deberíamos fijarnos en los problemas específicos de España que nos han llevado a la situación actual. Además de la crisis financiera internacional, de la que no es posible librarse en esta economía global, en España se han dado dos condiciones específicas en las que voy a centrar el análisis: el elevado endeudamiento del país y los excesos especulativos del sector inmobiliario.
España solo alcanzará a medio plazo un crecimiento sostenido y creará empleo si prosiguen las reformas
La primera y en mi opinión más grave, es el elevado grado de endeudamiento público y privado. Todo el país ha vivido durante la fase expansiva por encima de sus posibilidades reales de renta y riqueza. Desde el sector público, el desarrollo de la España de las comunidades autónomas ha llevado a un nivel de gasto de la Administración que en muchos casos se convierte en despilfarro y que resulta insostenible en el medio y largo plazo. Aunque la deuda del Estado se haya mantenido en niveles aceptables en la fase expansiva gracias a la elevada recaudación de impuestos, en la etapa de crisis no para de elevarse. En cuanto a las comunidades autónomas, no dejan de aumentar continuamente su nivel de endeudamiento, y algunas corporaciones locales además de endeudarse no pagan a sus proveedores.
Pero el sector privado viene a añadir más problemas. Las empresas, grandes y medianas, han llevado políticas expansivas sin medir bien su capacidad de endeudamiento y el verdadero valor de sus activos y cuando estos han caído se han encontrado con deudas que no podían cubrir. Por su parte, las familias, contagiadas del clima de bonanza y de gasto generalizado, también se endeudaron por encima de sus posibilidades. Las entidades financieras (bancos y cajas) tenían barra libre de crédito sin atenerse a los requisitos de prudencia tradicionales, y las familias se endeudaban no solo para la compra de una vivienda sino del coche, las vacaciones, celebraciones, etcétera.
El resultado ha sido un nivel de endeudamiento exterior que, medido en términos de déficit por cuenta corriente en balanza de pagos, ascendía al comenzar la crisis internacional (2007) al 10% del PIB. Los mercados financieros dudan y, aunque todavía conceden alguna credibilidad a nuestro país, cada vez rebajan más la calificación del Reino de España (reciente pérdida del AAA) elevando el coste de la financiación.
En segundo lugar, tenemos la gran burbuja inmobiliaria. El alto grado de especulación que han sufrido los precios de los inmuebles durante la fase expansiva se debe a que no se creía que los precios pudieran bajar, y aunque se hablaba de la burbuja y se alertaba del peligro, fueron pocos los que acertaron con sus decisiones (como algunos bancos) vendiendo sus inmuebles a precios elevados y pasándose a políticas de alquiler. Empresas y particulares se endeudaron comprando edificios, viviendas o solares pensando que el continuo aumento de los precios les permitiría seguir obteniendo ganancias fáciles. Las familias que se hipotecaron con valores superiores incluso al valor de la vivienda que compraban se han visto atrapadas, situación que se agrava cuando alguno de los miembros familiares queda sin trabajo. En este momento crucial de la crisis sigue habiendo un stock de viviendas nuevas sin vender que se estima en torno a 600.000 y que retrasará necesariamente la recuperación del sector de la construcción, que como se sabe es el sector en el que se ha destruido más empleo (552.000 en seis trimestres).
Considerando estos dos problemas es difícil mantener que lo más adecuado serían políticas fiscales y de gasto expansivas, con el consiguiente aumento de la deuda y las crecientes dificultades y coste de financiación de la misma. En Estados Unidos lo están haciendo en cierta medida porque su moneda, el dólar, es aceptada mundialmente, porque no tiene cobertura social y por el contrario tiene una flexibilidad en sus mercados de la que no gozamos en la Unión Europea.
Desde las diferentes instituciones internacionales y españolas, algunas sin ser dudosas de conservadurismo, así como grupos de profesores y analistas, se recomendó además de otras reformas, acometer una reforma laboral que flexibilizase el mercado español. España ha sido el país que, proporcionalmente a su tamaño, más empleo ha destruido durante la crisis. Tiene un mercado dual con más del 35% de contratos temporales que apenas están cubiertos por el desempleo y sin embargo se lucha y defiende al colectivo que sí tiene un trabajo indefinido. Es una pena que la reforma aprobada no haya incidido más en las condiciones de contratación y de negociación colectiva. Sin embargo se le da más importancia al llamado abaratamiento del despido, que al parecer está todavía en mano de las decisiones de los jueces. Solo si se continúa por la vía de las reformas, podrá España alcanzar, en el medio plazo, un crecimiento sostenido con creación de empleo.
Carmen Alcaide es analista y ex presidenta del INE.
