Presupuesto sin estímulos
Desde 1997 el análisis de los Presupuestos Generales del Estado como instrumento de política económica es un empeño condenado a la esterilidad. Durante un tiempo la inanidad presupuestaria se debió sobre todo al oscurecimiento informativo e incluso estadístico aplicado "sin complejos" por los gobiernos del PP; los propios gobiernos de Aznar fueron introduciendo además dosis masivas de confusión en las partidas presupuestarias, privilegiando las medidas de acompañamiento que se cocían en los sótanos políticos y ajustando gastos, ingresos y prebendas mediante "contabilidad creativa". Los gobiernos socialistas no se han propuesto revertir la situación y, por pura inercia, han contribuido a degradar el Presupuesto como instrumento significativo de actuación. El proyecto de cuentas públicas para 2010 es un buen ejemplo de políticas públicas desenfocadas.
La subida de impuestos propuesta para el año próximo no favorece la recuperación de la economía. Cuestión de principios. El aumento del IVA no favorecerá el consumo y la subida de la tributación sobre las rentas de capital encarecerá los costes de financiación de la economía. Se puede discutir si los efectos serán grandes, pequeños o inapreciables, pero existen. No obstante, la objeción principal al Presupuesto no está en la subida de la presión fiscal, aunque haya que tomar nota mental de cuán difícil debe ser la situación financiera del Estado para decidir subidas tributarias en plena recesión; hay que buscarlas en el desequilibrio extremo entre las políticas de gasto y las de inversión. Mientras que, con buen criterio, Economía ha cuidado la cobertura de los gastos sociales, hasta el punto de que casi el 52% del dinero aplicado en 2010 se irá a protección social, la inversión pública desciende el 4% y la inversión en I+D+i, el gran sonajero que venía agitando el Gobierno para convencer al país del cambio de patrón de crecimiento económico, baja más del 3%.
Da la impresión de que el equipo económico es incapaz de jugar con más de dos variables. Si se aumenta el gasto social -revelan las cuentas para 2010-, una decisión que es obligada por los costes de la crisis, tiene que decrecer la inversión. El dilema es falso y tendrá consecuencias desagradables. El Gobierno estaba obligado a jugar con al menos tres variables: aumento del gasto social, aumento de la inversión y contención del déficit público. La dificultad de la recesión radica en hacer frente al mismo tiempo al coste creciente de los estabilizadores automáticos, sostener la inversión porque así lo exige el acuerdo de Pittsburgh de prolongar los estímulos económicos en tanto no se recupere el empleo y transmitir a los mercados la idea de que España evitará un aumento insostenible del déficit. Moncloa y la vicepresidenta Salgado han entregado un Presupuesto en el que el gasto social gana, los incentivos económicos pierden y, para colmo, se ajusta con un porcentaje de déficit poco creíble (el 5,4% del PIB).
Para despejar las tres variables el Gobierno hubiera tenido que ejecutar un plan de reforma estructural del gasto del Estado, un propósito de cierta complejidad administrativa y enormes dificultades políticas. Llevarlo a cabo requiere como mínimo dos condiciones: algo parecido a un gran estadista al frente de la política económica y una mayoría cómoda en el Congreso. Ya se ve que ese plan no podrá realizarse en 2010 ni en años sucesivos.
